Gran parte de los habitantes de Fiji están atónitos e indignados tras la decisión del presidente Ratu Josefa Iloilo de reinstalar a un gobierno impuesto por los militares, al cual el Poder Judicial había declarado ilegítimo.
El viernes, Iloilo tomó juramento como primer ministro interino a Laisenia Qarase, quien había encabezado el gobierno designado por las Fuerzas Armadas tras un golpe de Estado en mayo.
Hace dos semanas, un tribunal de apelaciones había dictaminado que el gobierno de Qarase era ilegal, dado que no contaba con «el consentimiento de la mayoría del pueblo», y que estaba vigente la Constitución aprobada en 1997, derogada por el golpe de Estado del año pasado.
Esa Constitución estableció la participación en la vida social y política del país de todas las etnias que integran su población, y en su marco fue elegido el gobierno encabezado por primer ministro Mahendra Chaudry, la primera persona de origen étnico indio que llegó a ese cargo.
El golpe de Estado que depuso a Chaudry fue dado por indígenas fijianos, quienes invocaron la representación de su grupo étnico.
Algo más de la mitad de los 700.000 habitantes del país son de ascendencia indígena, y casi 45 por ciento descienden de trabajadores traídos de India durante el dominio colonial de Gran Bretaña, para que trabajaran en plantaciones de caña de azúcar.
La semana pasada, tras la decisión del tribunal de apelaciones, Iloilo procedió a destituir de manera formal a Chaudry, quien no había renunciado a su cargo, nombró a un nuevo primer ministro que renunció al cargo 24 horas después, y luego tomó juramento a Qarase como «nuevo» primer ministro interino.
El presidente arguyó que esas acciones fueron legítimas enm el marco de las potestades que le confiere la Constitución de 1997, pero los críticos señalaron que Iloilo había burlado la decisión del tribunal de apelaciones, con evidente desprecio a la legalidad y a la necesidad de democratizar el país.
Fuentes legales dijeron a IPS que las últimas acciones del presidente fueron «más escandalosas que todo lo que hizo antes» y equivalen a un nuevo golpe de Estado.
La organización no gubernamental Foro Constitucional de los Ciudadanos (CCF, por su sigla en inglés) planea presentar una demanda ante la Corte Suprema contra la destitución de Chaudry, la «designación ilegal» de Qarase y el nombramiento del gabinete ministerial realizado por éste tras reasumir el cargo.
El CCF pidió al Grupo de Acción Ministerial de la Mancomunidad Británica, a los representantes diplomáticos en Fiji de otras naciones y a ministros de Relaciones Exteriores extranjeros que definieran al gobierno de Qarase como ilegal e inaceptable para la Mancomunidad y para el resto de la comunidad internacional.
«Los acontecimientos de la semana pasada mostraron que un pequeño grupo de personas no desean abandonar el poder, y tratan de manipular las decisiones judiciales, dijo a IPS Jone Dakuvula, del CCF.
«Sin embargo, los tribunales aún funcionan y son la mejor vía para afrontar la situación», añadió.
La semana pasada se produjo «una cínica toma del poder, sin la menor sombra de justificación», afirmó Richard Naidu, un abogado de Suva.
Las acciones de Iloilo «serán sometidas a la consideración del Poder Judicial, que con seguridad las declarará ilegítimas. Esta vez, quienes están el poder tendrán que escuchar a los tribunales», aseguró.
«Tuvimos la oportunidad de enmendar errores anteriores, pero apenas un tribunal serio le dijo al gobierno qué debía hacer, fue desafiado por las autoridades», agregó.
El economista Wadan Narsey, académico de la Universidad del Pacífico Sur, opinó en una entrevista que quienes detentan el poder están confundidos y son «aspirantes a políticos».
«Todos somos aspirantes a políticos», replicó Qarase el viernes durante una conferencia de prensa, tras reasumir el cargo de primer ministro y anunciar que planea presentarse como candidato en las elecciones previstas para agosto.
Chaudhry afirmó que Iloilo había sido «mal aconsejado», que sus acciones fueron «ilegales», y que «un cúmulo de torpezas» por parte de las autoridades «confundía a la población».
«En este momento, es vital que el presidente muestre a la nación la importancia de gobernar en el marco de la legalidad», señaló.
La primera reacción internacional ante los últimos acontecimientos fueron declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Phil Goff, quien comentó que Fiji había «perdido la oportunidad de reencauzar la situación» al reinstalñar a Qarase como jefe de gobierno.
Iloilo replicó al fallo del tribunal de apelaciones sobre la falta de respaldo popular del gobierno interino de Qarase, con el argumento de que el primer ministro contaba con el apoyo del Gran Consejo de Jefes, integrado por líderes tradicionales de aldea, que según el presidente representa a la mayoría de la población.
Dakuvula comentó que era «muy subjetiva» la apreciación de Iloilo acerca del Gran Consejo, una institución sin poderes formales a la cual muchos atribuyen la función de custodiar los valores comunitarios tradicionales.
Peni Moore, de la organización no gubernamental Acción de las Mujeres por el Cambio, opinó a su vez que la gran mayoría de la población ya no respeta al Gran Consejo como lo hacía en el pasado.
En la actualidad, el gobierno es inestable, depende de malos consejeros y se apoya en propaganda que intenta aumentar la división étnica, dijo Susana Evening, de la Liga de Mujeres Católicas.
Esa división sólo puede ser superada mediante el reconocimiento de los errores cometidos y el perdón, aseguró.
«La comunidad autóctona debe pedir disculpas a la comunidad de origen indio por lo que le ha hecho. No puede haber paz si eso no sucede», sostuvo.
«En la medida en que se permita el crecimiento de actitudes de simple decencia, las personas de origen indígena reconocerán que los hechos ocurridos durante los últimos 10 meses los han deshonrado y han destruido la confianza entre las comunidades étnicas», aseveró.
El país debería concentrar sus esfuerzos en resolver el problema de la pobreza, que agudiza la división étnica y la intolerancia. «Quienes detentan el poder nos mantienen divididos, y se apoyan para ello en nuestro pasado colonial», apuntó Moore.
La esperanza es que los jóvenes se den cuenta de que «luchar no es la solución», agregó.
Evening indicó que algunos grupos religiosos tratan de cerrar la brecha étnica mediante actividades de asesoramiento en las escuelas y talleres sobre derechos humanos que se dictan en los tres principales idiomas del país, inglés, fijiano e indostaní.
«El multirracialismo, el respeto por los derechos humanos y la tolerancia deben ser promovidos en las escuelas y a través de los medios de comunicación en áreas urbanas y rurales», enfatizó.
«El planeamiento y la implementación de un proceso de reconciliación también deben incluir a los grupos religiosos, y el gobierno no adopta en la actualidad medidas con ese objetivo. Todos hemos sido heridos de algún modo, las heridas son profundas y es necesario perdonar», alegó.
«Lo ideal habría sido reinstalar al gobierno elegido por la población, pero en su defecto lo más aconsejable habría sido intentar un gobierno de unidad nacional», concluyó. (FIN/IPS/tra- eng/ds/js/ip/01
