El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que América Latina cooperó plenamente con la guerra de Washington contra las drogas en 2000, y otorgó a los países latinoamericanos (salvo Haití) la certificación anual necesaria para evitar posibles sanciones económicas.
No obstante, el informe señaló que el cultivo de coca creció 11 por ciento en Colombia en 2000, y que la lucha contra las drogas en Afganistán, Birmania, Camboya y Haití no cumplió con lo esperado por Washington.
Pero el gobierno de George W. Bush no sancionará económicamente a Camboya o Haití porque eso dañaría los intereses estadounidenses en esos países.
Afganistán y Birmania, que producen 93 por ciento del opio del mundo, seguirán en la lista de países «descertificados», lo cual significa que no podrán recibir más ayuda de Estados Unidos que la humanitaria y antidrogas.
También implica que los representantes de Washington en el Banco Mundial y otros organismos multilaterales votarán en contra de otorgar préstamos a los dos países.
El informe oficial elogió especialmente a Bolivia y Perú porque los dos países, otrora los principales productores de coca en el mundo, redujeron 70 por ciento el área de cultivo dedicada a la coca en los últimos cinco años.
Nigeria y Paraguay también recibieron la certificación para 2000, a diferencia de 1999. Ambos, según el informe, tomaron importantes medidas contra el narcotráfico y dieron otras señales de su compromiso en la lucha contra las drogas.
El informe también otorgó buenas calificaciones a México y Pakistán por reducir la producción de opio. Así mismo, señaló que el movimiento fundamentalista islámico Talibán, que gobierna la mayor parte de Afganistán, habría reducido su producción, aunque precisó que la acumulada en años anteriores basta para satisfacer la demanda actual.
El informe de certificación de Estados Unidos -una especie de «boletín de calificaciones» sobre la lucha contra las drogas de países extranjeros- recibe cada vez más críticas, y el gobierno de Bush no ha decidido si continuará aplicándolo o no.
Iniciado por el Congreso de Estados Unidos en 1986, el proceso de certificación amenaza con sanciones a aquellos países que no cooperen con la guerra contra las drogas de Washington.
Los gobiernos de América Latina, sobre todo, manifestaron su irritación ante el proceso, indicando que es unilateral, subjetivo e hipócrita, dado que Estados Unidos es, por lejos, la principal fuente de la demanda mundial de drogas ilícitas.
«Permite al gobierno de Estados Unidos atribuir la culpa al exterior sin dedicarse a reducir la demanda de las drogas ilícitas en casa», según Gina Amatangelo, analista de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Los críticos también sostienen que Washington tiende a «descertificar» sólo a aquellos países con los que tiene malas relaciones, mientras certifica a otros que tampoco cumplen con lo esperado por Estados Unidos pero cuya importancia estratégica desaconseja toda sanción estadounidense.
El presidente mexicano Vicente Fox dijo que el proceso es una «farsa que debe denunciarse y cancelarse».
Esas críticas reciben un respaldo creciente en este país ya que, aunque se gastan miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas, no hay evidencias de que los consumidores de Estados Unidos tengan más dificultades para conseguir drogas.
Por el contrario, el precio de la cocaína y la heroína en las calles de Estados Unidos se mantuvo estable en los últimos 15 años.
En consecuencia, se espera que el Congreso discuta este año si continuará con la certificación o no. Una iniciativa legislativa propone suspender el proceso durante dos años, mientras se desarrolla una medida multilateral más eficaz.
El proyecto tiene el apoyo de cuatro importantes senadores: los demócratas Chris Dodd y Ernest Hollings, y los republicanos John McCain y Chuck Hagel.
El gobierno de Bush no adoptó posición al respecto, pero el presidente, de visita en México el mes pasado, sugirió su apoyo al deseo de Fox de que se acabe el proceso. En ese sentido, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld indicó que respalda las gestiones para reducir la demanda en Estados Unidos.
La financiación para los programas de prevención de la droga aumentó sólo 33 por ciento entre 1994 y 2001, mientras los presupuestos para los programas de control internacionales aumentaron 175 por ciento en el mismo período, según la Casa Blanca.
La batalla, sin embargo, promete ser ardua. El republicano Ben Gilman, ex presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, sostuvo este jueves que abandonar el proceso de certificación equivaldría a un «desarme unilateral».
«Antes de 1986, los gobiernos extranjeros nos prometían su cooperación. Pero lo único que recibimos fueron palabras hasta que llegó el proceso de certificación. Sólo entonces supieron los países productores y de tránsito (de la droga) que estabamos preparados para retener la ayuda», señaló. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
