Un centenar de organizaciones no gubernamentales fustigó al Banco Mundial por no haber adoptado las pautas recomendadadas por una autoridad internacional en represas que aconsejó limitar la construcción de este tipo de obras.
La Comisión Mundial de Represas (CMR), un organismo independiente, recomendó en noviembre dar prioridad a la optimización de las fuentes actuales de agua y energía en lugar de construir grandes represas, definidas como aquellas con una altura superior a los 15 metros.
Así mismo, la CMR aconsejó que toda decisión sobre la construcción de una nueva obra se negociara con las comunidades que resultaran afectadas por la misma.
Cuando la CMR divulgó su informe en noviembre, el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, lo calificó de notable y agregó que demostraba que se podían hallar cosas en común «entre las personas de buena fe procedentes de puntos de partida muy diversos».
Pero ahora el Banco Mundial cambió de parecer, ya que anunció que sólo utilizará las recomendaciones de la CMR como puntos de referencia, en lugar de adoptarlas como reglas.
«Creemos que la posición del Banco Mundial… está mal aconsejada, es decepcionante y en partes inadecuada» según la carta enviada a Wolfensohn esta semana por una red de 87 organizaciones y movimientos de 30 países.
«Si el Banco basa su posición en la postura de los gobiernos que construyen represas entonces debería abstenerse de presentarse como 'intermediario sincero' y dejar en claro que representa a un grupo de interés», señala la carta iniciada por la ONG suiza Declaración de Berna y la Red de Asia Meridional sobre Represas, Ríos y Población.
Las ONG acusan al Banco Mundial de haber cambiado de parecer tras consultar a varios gobiernos que apoyan la construcción de grandes represas después de las recomendaciones de la CMR.
Paradójicamente, la CMR fue creada por el propio Banco Mundial y la Unión Mundial por la Conservación. El informe de noviembre fue elaborado por 12 personalidades destacadas que representan distintas opiniones sobre las represas, incluso las de los activistas contrarios a ellas.
La CMR fue presidida por el ministro sudafricano Kader Asmal con el objetivo de analizar la eficacia de las grandes represas y desarrollar normas internacionales para su diseño y desactivación.
Tras dos años de estudio, la CMR concluyó que las grandes represas no proporcionaron tanta electricidad, agua o control contra las inundaciones como sostenían sus propulsores.
En su lugar produjeron el desplazamiento de poblaciones, la degradación ambiental y en la mayoría de los casos beneficiaron a los más ricos a costas de las comunidades rurales pobres.
La CMR recomendó que no se construyeran represas sin el acuerdo de los afectados, que se realizaran revisiones periódicas de seguridad y que se ordenara el cese de aquellas obras que no pasaran las pruebas requeridas.
Así mismo, la Comisión recomendó el pago de indemnizaciones a las personas perjudicadas por la construcción de represas.
El organismo calcula que este tipo de obras desplazaron de sus viviendas a entre 40 y 80 millones de personas. Sólo en India y China, hasta 58 millones de personas podrían haber sido afectadas entre 1950 y 1990.
El especialista John Briscoe, del Banco Mundial, precisó la posición de la institución multilateral sobre las recomendaciones de la CMR.
«No vamos a cumplirlas. La mayoría de nuestros prestatarios dicen que no se pueden aplicar y el presidente de la misma comisión, Asmal, señaló que las pautas no son obligatorias».
«Las utilizaremos como referencia pero no como un conjunto de condiciones a cumplir», dijo Briscoe, señalando que el Banco es una institución regida por sus accionistas y prestatarios, en total unos 182 gobiernos.
Algunos de los mayores clientes del Banco, como China e India, declararon categóricamente que no respetarán las conclusiones de la CMR. China es uno de los primeros prestatarios del Banco y recibió 62 por ciento de sus préstamos en 1999.
El Banco Mundial es una de las mayores fuentes de financiación para la construcción de las grandes represas, aunque dicha financiación disminuyó en los últimos años ante la fuerte presión pública.
El Banco proporcionó unos 75.000 millones de dólares para construir 540 represas en 92 países, incluso algunos de los proyectos más polémicos del mundo.
A fines de los años 70 el Banco Mundial hizo caso omiso de la matanza de 400 indígenas por el gobierno militar guatemalteco. Los muertos vivían en la aldea de Río Negro y se negaban a abandonar sus casas para permitir la construcción de la represa de Chixoy, con financiación del banco.
El silencio del Banco ante la matanza sólo se rompió en 1996 cuando organizaciones de derechos humanos revelaron las atrocidades. Una investigación interna de la institución finalmente absolvió a la misma de toda responsabilidad, aunque la comunidad afectada aún pretende una indemnización. (FIN/IPS/tra-en/gm/da/aq/dv/01
