El gobierno de Togo rechazó el informe de una comisión investigadora internacional según la cual las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en 1998 a manos de fuerzas oficiales deben tenerse en cuenta.
Los autores del informe encargado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Unidad Africana (OUA) no lograron demostrar la veracidad de las denuncias efectuadas en mayo pasado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, según el gobierno togolés.
Por el contrario, existen «pruebas para reivindicar la inocencia del país», agregaron portavoces. El informe, además, «se aparta» del mandato que le fue encomendado a la comisión investigadora internacional, sostuvieron.
El ministro de Asuntos Exteriores togolés, Koffi Panou, dijo esta semana a diplomáticos en Lomé que el informe estaba «lleno de denuncias infundadas de torturas y arrestos arbitrarios» en esa pequeña nación de Africa occidental.
Panou se preguntó porque la comisión no sancionó a Amnistía por publicar informes «falsos» sobre Togo».
Según Amnistía, centenares de opositores sufrieron ejecución extrajudicial a manos de militares, policías y miembros de las milicias de Togo, durante las elecciones de 1998 y después.
También se habrían cometido torturas a detenidos, así como violación y rapto de mujeres. El informe de la comisión, distribuido la semana pasada en Ginebra, menciona violaciones de mujeres campesinas delante de sus maridos cometidas por milicias armadas por el actual primer ministro de Togo, Agbeyomé Kodjo.
La policía y las autoridades locales estuvieron informadas de los hechos pero no actuaron, lo cual obligó a los campesinos a denunciarla ante la Liga Togolesa de Derechos Humanos, dijo la comisión presidida por Mahamat Hassan Abakar, de Chad, e integrada por Paulo Sergio Pinheiro, de Brasil, e Issaka Souna, de Níger.
Pero el canciller Panou afirmó esta semana que, «pese a las falaces denuncias de Amnistía para salpicar de barro a Togo, no hay pruebas concretas ni evidencias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que miembros de la comisión encontraron enterradas a lo largo de la costa de Togo y Benin».
Panou lamentó que la comisión formulara «ridículas y malévolas acusaciones» acerca de la desaparicion de ocho personas en Togo. «Es sorprendente que ningún familiar de las ocho personas haya denunciado su desaparición», dijo.
Sin embargo, el ministro aseguró a los diplomáticos que el gobierno abrirá una investigación judicial para establecer la verdad sobre las denuncias sobre desapariciones, y calificó los cargos de abusos formulados contra el primer ministro Kodjo de «absurdos y maliciosos».
Panou afirmo que sería «el colmo de la maldad» por parte de los testigos formular esas denuncias de crímenes contra el jefe de gobierno sin darle la oportunidad de defenderse ante la comisión.
Agregó que las víctimas no fueron identificadas, ni tampoco se reveló la fecha y el lugar de las supuestas violaciones.
«En todos los casos, la cantidad de víctimas de ejecuciones exrajudiciales y los cadáveres flotantes encontrados por pescadores en el mar y frente a la costa de Benin fueron tan divergentes que no se pudo confirmar ni establecer el número exacto de esos cuerpos sin vida», expresó la comisión.
La comisión dijo haber realizado su misión con severas limitaciones logísticas y técnicas.
Los investigadores citaron la falta de un equipo médico competente para exhumar y realizar las autopsias con el fin de establecer las causas de sus decesos. La comisión pidió una fuerza de tareas especial para poder terminar su trabajo.
Tambien afirmaron haber carecido de medios técnicos para identificar el tipo de aviones militares o equipos usados por las fuerzas armadas togolesas para arrojar al mar los cadáveres de los supuestos ejecutadas.
«La comisión basó la mayoría de sus conclusiones en rumores y especulaciones de fuentes opositoras, en lugar de cumplir su tarea de manera más profesional, involucrando a científicos y médicos para exhumar y establecer las causas de la muerte de los cuerpos hallados y enterrados por pescadores de Benin», dijo Panou.
Al principio, las autoridades togolesas expresaron reservas por la inclusión de Akabar debido a sus conexiones previas con Amnistía en Ruanda. Pero luego las retiraron.
El gobierno de Togo entabló una querella por difamación contra Pierre Sane, secretario general de Amnistía que también fue anulada para facilitar la investigación.
La comisión recomendó el nombramiento de un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para supervisar la situación humanitaria en Togo.
Panou dijo compartir la opinión del secretario general de la OUA, Salim Ahmed Salim, que en una carta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, previno que «algunos aspectos del informe contienen fallas serias» reveladoras de que «la investigación no se condujo con rigor». (FIN/IPS/trad- eng/ge/mn/ego/hd/01
