El juicio a los cinco acusados por el asesinato del obispo católico Juan José Gerardi comenzará este jueves en Guatemala en un ambiente marcado por la tensión, protestas de abogados y amenazas contra magistrados y testigos.
En la primera etapa del juicio, 114 testigos serán interrogados en torno de la muerte de Gerardi, asesinado a golpes el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar un informe que atribuía al ejército la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en 30 años de guerra civil.
Los acusados de la muerte son tres militares de alto rango, Byron Disrael Lima, su hijo Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva, así como el sacerdote Mario Orantes y la empleada doméstica Margarita López.
El asesinato de Gerardi ocurrió dos días después de haber presentado un informe como coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA).
La defensa de los militares rechazó el nombramiento de dos de los fiscales, Leopoldo Zeissig y Mario Leal, a quienes tilda de prejuzgar a sus clientes.
Los abogados de los uniformados presentaron varios recursos para postergar las audiencias. Hace un mes tuvieron éxito, pues el comienzo del juicio estaba previsto para el 15 de febrero.
No obstante, en esta ocasión las autoridades de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron con firmeza la decisión de iniciar el juicio este jueves, en el piso 15 de la Torre de los Tribunales, en pleno centro de la capital guatemalteca.
«En este juicio el país se está jugando la credibilidad de su justicia», declaró a IPS Nery Rodenas, actual director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), cargo ocupado por Gerardi hasta su asesinato.
Este proceso pondrá a prueba la capacidad de la justicia guatemalteca para derribar el muro de la impunidad y de la obligación que tienen los poderosos de rendir cuentas por sus actos, dijo Rodenas.
«Creemos que hay suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad de los tres militares. En la ODHA no consideramos responsables del crimen ni al sacerdote ni a la empleada doméstica», añadió Rodenas.
La jueza Jazmín Barrios, una de las encargadas del proceso, afirmó el martes en conferencia de prensa haber sido objeto de amenazas e intimidaciones.
Barrios informó que dos hombres con la cabeza rapada y de contextura atlética intentaron a finales de la semana pasada ingresar a su vivienda luego de saltar la reja del jardín. Los desconocidos huyeron al escuchar la sirena de un vehículo policial que pasaba casualmente cerca del lugar.
«Muchas veces, por quedarnos en silencio, permitimos que estas cosas sucedan. Ustedes tienen conocimiento de todos los ataques contra profesionales del derecho, y no quiero ser una víctima más», dijo la jueza Barrios a la prensa guatemalteca.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional informó en febrero que el juez que preside el tribunal del caso Gerardi, Eduardo Cojulún, es objeto de continuas amenazas contra su vida.
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la integridad de Cojulún, así como por la de los otros magistrados y los 114 testigos, pues varios ciudadanos que se preparaban para presentar su testimonio murieron por causas extrañas en los últimos tres años.
Para prevenir una eventual represalia contra los magistrados del proceso, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió esta semana brindarles seguridad personal a ellos y a sus familiares.
«Esperamos que este juicio siente un precedente en la historia guatemalteca», expresó a IPS el activista de los derechos humanos Mario Polanco.
Polanco, quien es el director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, sostuvo que los Lima son apenas la punta del iceberg de un aparato militar que mató a decenas de miles de guatemaltecos. (FIN/IPS/nms/mj/hd ip/01
