Los ministerios de Agricultura y de Ambiente de Indonesia sostienen posiciones opuestas en relación con el uso en el país de organismos genéticamente modificados (OGM), y en especial de algodón transgénico.
El 6 de febrero, un decreto del ministro de Agricultura, Bungaran Saragih, abrió las puertas para el uso de OGM, al autorizar en forma limitada el cultivo de algodón transgénico Bt DP 5690B, bajo el nombre NuCOTN 35 B o Bollgard, en siete regencias meridionales de la isla Sulawesi o Celebes.
Pero luego el ministro de Ambiente, Sonny Keraf, se alineó con organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas que se oponen al cultivo de OGM hasta que se demuestre que son inocuos para los seres humanos y el ambiente.
La producción textil es una de las mayores fuentes de ingresos no petroleros del país, pero el algodón que se emplea para ella es en gran parte importado, ya que la planta no crece bien en naciones tropicales de la región como Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia.
Se supone que las cosechas de algodón transgénico rinden dos o tres toneladas por hectárea, mientras las variedades locales que se cultivan en la actualidad rinden sólo unos 400 kilogramos por hectárea.
«Los agricultores que emplean algodón transgénico pueden aumentar sus ganancias entre 263 y 315 dólares por hectárea», aseguró Azikin Solthan, funcionario de la regencia de Bantaeng, en Sulawesi Meridional.
Keraf y las ONG ambientalistas sostienen que «no están por completo en contra de la biotecnología», pero que el país debe ser cauteloso en relación con los OGM.
«Todo estará bien si se prueba que los productos transgénicos son seguros, pero hasta que eso se pruebe insistiremos en el principio de ser precavidos. Si luego hay problemas, la historia recordará que hicimos todo lo posible para proteger al público», dijo el ministro de Ambiente.
Cinco ONG procuran en la actualidad la anulación del decreto del Ministerio de Agricultura que autorizó el uso de algodón transgénico en Sulawesi.
«Ese decreto viola el principio precautorio de la conservación ambiental, cuya implementación no es posible si no se escucha a la opinión pública», alegó Hira Jhamtani, una dirigente de la ONG Consorcio Nacional para la Conservación de los Bosques y la Naturaleza (Konphalindo).
El Konphalindo, el Centro Indonesio de Leyes Ambientales, la Fundación Indonesia de Consumidores, la Red Indonesia de Acción contra los Pesticidas y la Fundación de Consumidores de Sulawesi Meridional presentarán una demanda ante la Corte Administrativa del Estado si el decreto no ha sido revocado el 14 de este mes.
«La cuestión de los OGM debe transformarse en un debate público que permita establecer por consenso nacional el tipo de OGM que en realidad necesitamos, e incluso si en realidad necesitamos OGM», opinó Jhamtani.
«Existe una gran interrogante acerca de la necesidad de emplear transgénicos, porque en la actualidad se realizan pruebas con una variedad indígena de algodón que da muy buenos resultados en Sulawesi Meridional. Pero el gobierno no ha proporcionado semillas de esa variedad a los agricultores», señaló.
«El impulso al uso de transgénicos en Sulawesi es sólo un asunto de política comercial», sostuvo por su parte Keraf, en aparente referencia al interés en plantar algodón Bt por parte de la firma agroquímica PT Monagro Kimia, subsidiaria de la transnacional Monsanto.
Monsanto, con sede en Estados Unidos, es la segunda productora de semillas y la tercera compañía agroquímica del mundo. En los últimos años ha desarrollado diversos OGM, entre ellos una variedad de soja que resiste el cultivo en terrenos tratados con ciertos herbicidas químicos.
Monagro ya plantó y cosechó algodón transgénico en 500 hectáreas de las regencias de Bantaeng y Bulukumba, en Sulawesi Meridional. Parte de esa producción fue exportada y el resto se distribuyó en mercados locales.
Solthan anunció que el gobierno local de Bantaeng impulsará el desarrollo de plantaciones de algodón transgénico para lograr cosechas de máxima calidad, y enfatizó que no existe evidencia científica de que el uso de ese OGM sea perjudicial para el ambiente.
«Si somos demasiado rígidos en la aplicación del principio precautorio, el resultado será contraproducente», opinó a su vez Antonius Suwanto, investigador de Instituto Agrícola Bogor y del Centro Regional de Biología Tropical del Sudeste Asiático.
«Lo importante es que el país necesita dominar la biotecnología para administrar su biodiversidad, que es una de las mayores del mundo», arguyó.
«Si no logramos anticipar el desarrollo de las tendencias tecnológicas, seremos consumidores en vez de ocupar una posición de vanguardia como la que alcanzamos en la microelectrónica y la tecnología de computación», agregó.
El decreto que permitió el uso de algodón transgénico en Sulawesi «violó varias leyes», entre ellas la que garantiza el derecho popular a información y participación en decisiones sobre asuntos ambientales, apuntó Achmad Santosa, fundador y ex director ejecutivo del Centro Indonesio de Leyes Ambientales.
Tampoco se realizó un estudio del impacto ambiental que puede causar el uso de OGM, exigido por otra ley, señaló.
Santosa admitió, sin embargo, que el país carece de un marco legal integral y adecuado para regular el uso de OGM, «nuevo y aún bastante desconocido en Indonesia», añadió.
La única norma aplicable es un decreto de 1999 acerca de la seguridad de los alimentos y otros productos naturales, pero ese decreto no abarca las cuestiones del etiquetado, el estudio de impacto ambiental, la administración del riesgo y la necesidad de consentimiento informado previo por parte de los consumidores.
«Mientras no se establezcan regulaciones, el gobierno debe imponer una moratoria de los ensayos y cultivos de OGM», apuntó Jhamtani.
El Ministerio de Ambiente prepara un proyecto de decreto de regulación que incluya las normas del Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad, que aún no ha sido ratificado por Indonesia.
Keraf dijo que espera que la redacción de ese proyecto esté terminada «en abril o en mayo». (FIN/IPS/tra-eng/rd/ccb/mp/en ip/01
