La fumigación de cultivos ilícitos de coca en Colombia, financiada por Estados Unidos, daña la salud de la población local y desplaza a miles de campesinos, denunciaron cuatro gobernadores colombianos esta semana en Washington.
Los gobernadores de cuatro departamentos del sur donde se cultiva coca afirmaron que la fumigación no resolverá el problema de la droga.
Así mismo, urgieron al presidente colombiano Andrés Pastrana y a su par estadounidense George W. Bush a detener la rociada con herbicidas y en cambio trabajar directamente con los campesinos pobres en proyectos de desarrollo agrícola alternativos al cultivo de coca.
Mientras los cuatro gobernadores se manifestaron a favor de la erradicación de cultivos ilegales, destacaron la necesidad de una nueva estrategia dado que la fumigación causa enfermedades, destruye pasturas y cultivos de alimentos, además de envenenar al ganado.
Iván Guerrero, el nuevo gobernador del departamento de Putumayo, donde se cultiva 60 por ciento de la coca del país latinoamericano, afirmó haber presenciado el efecto devastador de la fumigación sobre cultivos lícitos.
Cerca de 8.000 campesinos pobres han sido desplazados en Putumayo porque sus cultivos de alimentos, entre ellos yuca y bananas, fueron destruidos por la fumigación aérea con el herbicida glifosato, dijo Guerrero.
«Esta estrategia no toma en cuenta a los pequeños agricultores. Los aviones fumigan los campos y no hacen distinción entre alimentos y plantas de coca», agregó.
Al igual que los otros tres gobernadores, Guerrero denunció que, después de cada rociada, son comunes los reportes sobre síntomas de intoxicación, como vómitos, fiebre y erupciones cutáneas.
«Al final del año pasado comenzaron a nacer niños con defectos congénitos en áreas donde nunca antes sucedía», añadió.
La estrategia de combate al narcotráfico conocida como Plan Colombia fue implementada el año pasado por el presidente Pastrana.
El plan comprende 7.500 millones de dólares para desarrollo económico y social, 1.300 millones de los cuales fueron prometidos por Estados Unidos, principalmente para equipos y entrenamiento militar.
La exfoliación de la coca forma parte de un esfuerzo por debilitar a grupos paramilitares de derecha y rebeldes de izquierda que reciben aportes del narcotráfico.
Científicos, ambientalistas y comunidades indígenas de Colombia advierten desde hace mucho tiempo que el glifosato puede ser transportado por el viento y dañar otros cultivos, la salud pública y recursos hídricos.
El pasado noviembre, líderes indígenas de la Amazonia llegaron a Washington a informar a planificadores políticos que las fumigaciones estaban contaminando los bosques tropicales y destruyendo la vegetación.
Los defensores de la estrategia de fumigación sostienen que no amenaza la salud pública, pero un estudio realizado en 1993 por la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre el glifosato reveló que, en California, ese herbicida figura en tercer lugar entre las 25 causas de intoxicaciones por plaguicidas.
Los gobernadores colombianos, que celebran esta semana reuniones con miembros del Congreso estadounidense, funcionarios del Departamento de Estado y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), destacaron que Bush y Pastrana deben reanalizar la eficacia del Plan Colombia.
«Cada año, Estados Unidos invierte más dinero en la erradicación de drogas en Colombia, pero el área de cultivo de coca crece cada vez más», señaló Parmenio Cuéllar, gobernador del departamento de Narino, quien fue ministro de Justicia en 1998 y 1999.
El gobernador Guillermo Jaramillo, del departamento de Tolima, sugirió enfocar la estrategia en la ayuda económica y la consulta con los pequeños agricultores locales.
Los gobernadores propusieron «pactos sociales» por los que los campesinos pobres se comprometan en forma voluntaria a erradicar los cultivos de coca a cambio de seguridad alimentaria, asistencia técnica y acceso a los mercados para sus cultivos lícitos.
«Hemos elaborado un plan diferente, que incluye administración ambiental e incentivos para que los agricultores erradiquen la coca», explicó Floro Tunubala del departamento de Cauca, el primer gobernador indígena de Colombia.
Una familia colombiana que cultiva coca gana en promedio 450 dólares por año, mientras que una familia que vive en la ciudad obtiene promedialmente 100 dólares anuales, resaltó Guerrero.
«Queremos pelear contra los cultivos de coca. Dennos la oportunidad de probar la eficacia de los pactos sociales con las comunidades campesinas», exhortó el gobernador. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/mlm/ip-en-dv/01
