Los vientos parecen soplar a favor de la energía eólica en Argentina, un país de gran potencial para el desarrollo de esa tecnología, limpia y cada vez más competitiva.
El grupo Enarsa, integrado por las empresas españolas Endesa y Elecnor, anunció que en junio comenzará la primera fase de un plan de inversión de 2.250 millones de dólares en 10 años para construir parques eólicos en la austral Patagonia, donde la fuerza de los vientos es el doble que en Europa.
El proyecto consiste en instalar parques de generación eléctrica a partir de los vientos en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, a fin de lograr una producción de 3.000 megavatios hora en 2010.
La potencia instalada en Argentina permite generar 15.000 megavatios hora de fuentes convencionales.
La construcción de esas centrales daría empleo a 3.000 personas y el personal permanente sería de 350 trabajadores.
España, junto con Alemania y Estados Unidos, es uno de los países líderes en el uso de esta tecnología. La producción eólica equivale en España a más de 12 por ciento de la generación eléctrica total.
Argentina, con condiciones naturales favorables y sin ayuda estatal, está tercera en América latina en la producción de esta energía renovable, después de Costa Rica y Brasil, dos países con menores ventajas naturales, pero con inversión pública en el sector.
«El potencial de Argentina en materia de energía eólica supera el consumo total de este país de 37 millones de habitantes», aseguró Juan Carlos Villalonga, de la organización ambientalista Greenpeace.
Villalonga intenta convencer desde mediados de los años 90 a empresarios y gobernantes de que el uso de tecnología eólica no requiere la participación de inversores de riesgo, pues el recurso natural es de primera calidad y los costos están en baja.
La energía eólica, que creció en promedio más de 20 por ciento por año, fue una de las tres actividades de rápida expansión en los años 90, junto con la telefonía celular y la industria de Internet, destacó el representante de Greenpeace.
De todos modos, Villalonga se manifestó cauto respecto de la realización inmediata de las obras en la Patagonia, pues los problemas de la economía argentina en los últimos meses no dan tranquilidad a los inversores.
Si comienza, la primera fase debería terminar el año próximo, con una inversión realizada de 250 millones de dólares y una producción de 300 megavatios hora.
Un programa presentado por Greenpeace hace tres años parece hecho a la medida del plan de inversión español.
La organización ambientalista solicitó, en primer lugar, una ley nacional para estimular la inversión en energía eólica como fuente de beneficios económicos.
Luego, leyes provinciales articuladas con la norma nacional y, por último, la conexión del circuito de producción eólica que ya opera en las provincias patagónicas con el sistema eléctrico nacional.
La ley de alcance nacional fue promulgada en 1998, pero su reglamentación no se produjo hasta febrero de este año.
La red eléctrica del sur del país está aislada y, por lo tanto, aumentar la oferta no sería conveniente para los inversores si la electricidad producida no ingresa en el circuito de distribución nacional, que es alimentado por fuentes convencionales.
La energía eólica producida se destina hasta ahora sólo a ciudades patagónicas, donde satisface entre 12 y 50 por ciento de la demanda, según la zona alcanzada.
Por esa razón, Greenpeace celebró la decisión oficial de reglamentar la ley eólica, que fue seguida en marzo de un anuncio clave. El presidente Fernando de la Rúa prometió a las provincias patagónicas que se realizará la interconexión esperada.
Villalonga comentó que, tradicionalmente, las energías renovables fueron consideradas de alto costo para el consumo masivo, pero esta creencia perdió fundamento.
La energía solar presenta todavía altos costos, pero la eólica está ya muy cerca «del costo de la energía gasífera, y esa brecha de precios necesita algunas medidas políticas y de inversión. La palabra ahora la tienen los empresarios», concluyó. (FIN/IPS/mv/ff/en/01
