La educación sigue bajo fuego cruzado en Venezuela. Mientras el gobierno de Hugo Chávez ratifica el papel supervisor del Estado, organizaciones civiles realizan manifestaciones de protesta contra la política oficial.
Caracas fue escenario a principios de este mes de dos jornadas de manifestaciones de signo contrario, y se anuncian movilizaciones en torno al decreto 1.011, que refuerza las atribuciones del Estado como supervisor de la enseñanza.
Esta medida oficial, según analistas, es la punta del iceberg en el debate educativo, pues este año deberá aprobarse una nueva ley de educación y ya existen al menos dos proyectos diferentes.
Chávez, quien desde que llegó al poder en febrero de 1999 impulsa una «revolución bolivariana» con grandes cambios en el mapa político del país, se convirtió en el principal defensor del decreto y del proyecto de ley oficial.
El mandatario, que encabezó el 7 de febrero una manifestación a favor de la educación pública, fustigó a la educación privada y hasta amenazó con suprimir el subsidio estatal que reciben algunas instituciones, aunque posteriormente se negó la posibilidad de cortar la ayuda oficial.
Esta medida habría afectado a medio millón de niños, especialmente de zonas pobres, que son atendidos fundamentalmente por redes educativas vinculadas a la Iglesia Católica.
Chávez habló «de manera pedagógica de las facultades que tenía para eliminar el subsidio a la educación privada, pero después aclaró que no lo haría», comentó el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), William Lara, uno de los principales dirigentes del oficialista Movimiento V República (MVR).
Lara atribuyó las críticas al decreto y el Proyecto Educativo Nacional del Ministerio de Educación a «un sector de la sociedad vinculado a la educación privada» con «una concepción elitista», en tanto el ministro de Educación, Héctor Navarro, aseguró que provienen de «los mercaderes de la educación».
El ministro indicó que el polémico decreto 1.011 se basa en el artículo 106 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en vigor desde 1999, que establece que quien funde una institución educativa de carácter privado debe someterse a la vigilancia estricta del Estado.
«Se busca crear un nivel de supervisores que respondan directamente al ministro y que reporten cualquier irregularidad que se presente en un centro», justificó Navarro.
Entre los ejemplos de posibles irregularidades señalados por el ministro se encuentran el cobro de matrícula en instituciones públicas, la mala calidad de los maestros o profesores, el caso de un director que se adueña de una suma de dinero que no le corresponde o un local escolar defectuoso.
Mientras el decreto recibe duras críticas de sectores que ven en él una clara tendencia intervencionista del gobierno, ya se comenzó a seleccionar a los candidatos para ocupar los cargos de supervisores, aunque aún se desconoce la fecha en que comenzarán a trabajar.
El 5 de febrero se presentaron una serie de recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia con el fin de evitar legalmente la aplicación de la medida. Unas 40.000 firmas de respaldo acompañaron estas peticiones.
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió un diálogo nacional al gobierno sobre el tema y Leonardo Carvajal, de la asociación civil Asamblea de Educación, anunció que se preparan manifestaciones de protesta simultáneas en todo el país para el 31 de marzo, que podrían reunir en total a un millón de personas.
El propio Chávez desestimó este anuncio el domingo, en su programa radial «Aló, presidente», cuando aseguró que «el pueblo clama por supervisores».
La viceministra de Educación, Maryann Hanson, anunció que se seguirá adelante con el proceso, pese a las críticas y los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, y recomendó a los institutos privados «mejorar sus planteles para que funcionen con calidad» y no temer a una supervisión estatal.
El coordinador del Proyecto Educativo Nacional, Carlos Lanz, considerado el ideólogo del decreto, defendió la participación de la comunidad en la gestión y manejo de los centros educativos, una novedosa innovación que está en los planes oficiales.
«El fin de este proceso es preparar a la comunidad para que intervenga en la escolaridad», dijo Lanz quien prevé que en el futuro los padres se involucrarán «para supervisar y escoger a los directores de las escuelas, controlar las gestiones administrativas y funcionales de las mismas». (FIN/IPS/ac/ag/ed ip/00
