El gobierno de Estados Unidos manifestó hoy su beneplácito por la cadena perpetua impuesta a un agente de la inteligencia de Libia por el atentado en 1988 contra un vuelo de la aerolínea Panam que cayó sobre Lockerbie, Escocia, con un saldo de 270 muertos.
En una breve declaración, el presidente George W. Bush dijo que apreciaba «mucho» el fallo de un tribunal escocés en Holanda, y que Washington continuaría presionando a Libia para que «acepte la responsabilidad» por el atentado y «compense a las familias» de las víctimas estadounidenses.
Cómo lo hará Libia no está claro aún. Su embajador en la Organización de las Naciones Unidas, Abuzed Omar Dorda, reiteró este miércoles, como lo hizo Trípoli durante 12 años, que no estuvo involucrado en el atentado ni con actos de terrorismo.
El secretario de Estado (canciller) estadounidense, Colin Powell, había asegurado antes del fallo que su país no levantaría las sanciones unilaterales contra Libia, impuestas 20 años atrás por el entonces presidente Ronald Reagan.
Pero las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyeron un embargo aéreo y de armas, fueron suspendidas en abril de 1999, cuando Libia entregó a los dos acusados por el atentado.
Se trata de Abdelbaset Alí Mohmed al-Megrahi y Al Amín Jalifa Fhimah, que fueron juzgados por una corte escocesa llevada a la ciudad holandesa de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia.
Cuando impuso las sanciones, el Consejo de Seguridad de la ONU también reclamó a Trípoli la admisión de su involucramiento en el caso y una compensación para las familias de las víctimas, condiciones que, como recuerda una declaración de la Casa Blanca emitida este miércoles, no fueron cumplidas.
El tribunal de tres jueces, que comenzaron las audiencias en mayo, tomaron una decisión dividida.
Por una parte, declararon la culpabilidad de Megrahi por los cargos que se le imputaron al considerar suficiente la evidencia de su involucramiento personal, incluso por el uso de un pasaporte falso para ingresar a Malta donde se cree que la bomba fue puesta en el avión de Pan Am.
A esta evidencia se sumó su carácter de agente de la Organización de Seguridad Jamahariya (OSJ), la principal agencia de inteligencia de Libia.
La condena contra Megrahi fue a prisión de por vida, con un mínimo de 20 años. Pero se espera que el libio apele ante una corte de Escocia, mientras permanece detenido en Holanda.
Al mismo tiempo, el tribunal liberó a Fahima, quien, tras ser puesto de inmediato en libertad, regresó a Libia por avión.
En su fallo de 82 páginas, el tribunal negó credibilidad a un testigo ocular llevado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y que relacionó a Fhimah con Megrahi.
El testigo, Abdul Majid Giaka, calificado por las agencias de seguridad estadounidenses como un alto funcionario de la OSJ, recibió sueldo de la CIA durante tres años. También recibió protección especial, junto con otros nueve testigos, por supuestos intentos libios de asesinarlo.
Pero los abogados defensores británicos demolieron su credibilidad, lo que dejó a la inteligencia de Estados Unidos en una situación incómoda.
El atentado fue efectuado contra el vuelo 103 de Pan Am, que volaba, luego de escalas previas en Malta y Frankfurt, de Londres a Nueva York el 21 de diciembre de 1988.
Todos los 259 pasajeros y tripulantes murieron, entre ellos docenas de estudiantes universitarios estadounidenses que regresaban a sus hogares para pasar la Navidad, así como 11 personas en tierra firme.
Investigadores estadounidenses y británicos concluyeron pronto que el atentado fue obra de terroristas de Siria, radicales palestinos, iraníes y libios.
La explosión ocurrió menos de seis meses después de que un avión comercial iraní con 290 personas a bordo fuera bombardeado por error por un buque de guerra estadounidense en el Golfo. Todos murieron.
De todos modos, Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron a fines de 1991 a los dos libios de participar en el atentado. En abril de 1992, Londres y Washington lograron convencer al Consejo de Seguridad de la ONU de imponer un embargo aéreo y de armas contra Libia para obligarla a entregar a los sospechosos.
A medida que aumentaba el aislamiento de Libia y caían los precios del petróleo en los años siguientes, el presidente de ese país, el líder de ese país árabe, Muammar Gaddafi, procuró un acuerdo para entregar a los sospechosos.
Gaddafi llegó a contratar a abogados estadounidenses para gestionar un acuerdo sobre compensación con las familias. La mayoría se opusieron a un acuerdo extrajudicial, respaldadas tanto por la derecha como por la izquierda del Congreso en Washington.
Los familiares de las víctimas reclaman miles de millones de dólares por daños a Libia, la OSJ y los acusados, en varias instancias judiciales consolidadas en una corte federal en Nueva York. (FIN/IPS/tra-en/jl/mj/ip/01
