El Defensor del Pueblo de España se unió hoy a la Iglesia Católica en la demanda al gobierno para exonerar de visas y permisos de residencia a los inmigrantes que ya viven en el país y evitar así su expulsión.
Un número indeterminado de inmigrantes, pero que según distintas fuentes oscila entre 100.000 y 200.000 personas, residen en España sin visa consular de entrada ni permiso de trabajo.
La ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999 establece que a partir de enero de este año los extranjeros que se encontrasen en esa situación deben abandonar el país.
El gobierno de José María Aznar, del centroderechista Partido Popular (PP), ofreció sólo a los inmigrantes ecuatorianos indocumentados, que los califica de ilegales, pagarles el pasaje de ida y vuelta para que gestionen la visa correspondiente en el consulado español en ese país sudamericano.
El defensor del Pueblo (ombudsman), Enrique Múgica, y la Iglesia Católica, haciéndose eco de la demanda de las dos centrales sindicales mayoritarias y de grupos humanitarios, plantearon al gobierno conceder permisos de residencia a quienes ya viven en España y, por lo tanto, renunciar a expulsarlos.
Múgica, un veterano dirigente socialista designado para el cargo por propuesta del propio Aznar y con los votos de casi la totalidad de los parlamentarios, dirigió este jueves una nota al gobernante precisando su posición.
En primer lugar le pide a Aznar que permita la normalización de la estancia en España a la casi totalidad de los afectados.
El gobierno español debería actuar sin esperar a que se apruebe un reglamento general de la ley de inmigración, «con los criterios más amplios y flexibles», señaló en su carta.
Añadió que esa amplitud debe aplicarse teniendo en cuenta la existencia de núcleos familiares entre los inmigrantes y otras razones humanitarias, como las situaciones de penuria económica y dificultad material en los países de origen.
Pero, sobre todo, Múgica subrayó «que en todos los casos en los que pueda acreditarse la voluntad del inmigrante por obtener la regularización, y la no comisión de actividades ilegales, no se someta a los mismos a procesos de expulsión».
También el portavoz de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica española, Juan José Asenjo, se refirió a las dificultades que afrontan los inmigrantes, al pedir al gobierno que haga todos los esfuerzos para regularizar su situación legal.
«Un importante número de inmigrantes sin papeles no existen oficialmente, son invisibles en el plano legal, están indocumentados y, en buena medida, están condenados al paro (desocupación), a la marginalidad y a la delincuencia», afirmó Asenjo.
La advertencia se fundamenta en que los empresarios dejaron de contratar a los inmigrantes sin visa ni permiso de trabajo por temor a ser sancionados con fuertes multas.
Los sindicatos y las organizaciones humanitarias reclaman además que se modifique la ley de Extranjería.
A su vez, la coalición Izquierda Unida, tercera fuerza electoral del país, envió documentación y una nota al Defensor del Pueblo Europeo planteando que esa norma española es inconstitucional.
En tanto, los gobiernos de Aragón y Baleares, dos de las 17 comunidades autónomas que conforman el país, ambos con mayoría socialista, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la dirección nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha pronunciado en contra de que se presenten esos recursos, posición que podría cambiar como consecuencia del escándalo estallado en Andalucía y que ha puesto a ese partido contra las cuerdas.
El vicepresidente del parlamento andaluz, Rafael Centeno, del PSOE, puso este jueves el cargo a disposición de su partido tras reconocer que fue el autor de un comentario xenófobo en plena cámara.
El escándalo se desató el día 7, cuando un cámara de Radio Televisión Española grabó a un legislador que dijo: «Los moros, que se vayan a Marruecos, que es donde tienen que estar». La alusión fue a los marroquíes, que en el lenguaje coloquial y a menudo despectivo son llamados «moros».
La cámara de televisión no alcanzó a registrar la imagen y, al divulgarse el audio, los socialistas, incluyendo al propio Centeno, acusaron a Matías Conde, representante del PP, de ser el autor de la frase, cosa que éste negó.
Centeno compareció este jueves ante los periodistas y reconoció ser el autor de la frase, aunque aclaró que fue sólo «una maldita broma».
Broma o no, el hecho puede empujar al PSOE a demostrar que no está a favor de la expulsión de los inmigrantes sin visa ni permiso de residencia.
Mientras, Aznar insiste en que esa ley «es la más avanzada de Europa» y que permite un proceso ordenado para integrar a los inmigrantes.
Además, el gobierno prepara un reglamento que endurece incluso lo establecido en la ley, según un borrador publicado este jueves por el diario El País y que, para la responsable de Política Migratoria del PSOE, Consuelo Rumí, demuestra un empecinamiento «en un control arbitrario de los flujos migratorios». (FIN/IPS/td/dm/ip pr/01
