El poder destructor de los dos últimos terremotos que azotaron El Salvador se agravó por la erosión de las montañas, atribuida a la tala indiscriminada, y por la mala calidad de la vivienda de miles de pobres.
Las muertes y los daños causados por los sismos pudieron ser menores si el gobierno hubiera prohibido la urbanización de bosques y si se hubieran construido casas de mejor calidad, aseguraron ingenieros, biólogos y ambientalistas.
El temblor de 7,6 grados en la escala de Richter del 13 de enero y el de 6,6 grados del 13 de este mes causaron cientos de muertes y dejaron más de un millón de damnificados y pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares.
Expertos y grupos organizados de la sociedad civil afirmaron que la tragedia se multiplicó por la negligencia y la pobreza.
«Deberán pasar varios años para que El Salvador pueda recuperarse de esta catástrofe», dijo a IPS el vicepresidente de la Cruz Roja Internacional, Miguel Carmona.
Cuando El Salvador no terminaba de recuperarse del primer sismo del año, sobrevino otro que destruyó tramos de la carretera Interamericana, viviendas y edificios públicos y dejó decenas de heridos y muertos.
Carmona, costarricense que coordina la atención de desastres en América Latina, indicó que esta tragedia se ha salido de las manos del país y que obligará al gobierno de El Salvador a considerar la forma en que se construyen los edificios en su territorio.
América Central carece de un plan integral de planificación urbana, sostuvieron expertos en atención de calamidades.
San Salvador, conocida por los indígenas por su sismicidad como el «valle de las hamacas», es una de las capitales centroamericanas que más sufrió los estragos de la construcción desordenada.
«El problema es que aquí imperan los intereses económicos por encima de las necesidades sociales y ambientales», indicó a IPS el biólogo Geovanny Magaña, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la principal organización del país en la materia.
Ecologistas y grupos de vecinos protestaron durante años para que no se talaran los bosques de la cordillera del Bálsamo, sostuvo Magaña.
Esta formación montañosa recorre los departamentos de La Libertad, San Salvador y Sonsonate, en el sur del país, donde los dos terremotos tuvieron su peor saldo.
Los ambientalistas sostuvieron que sucesivos gobiernos otorgaron a grandes empresas constructoras permiso para cortar árboles y urbanizar, lo que erosionó muchos terrenos.
En Santa Tecla, 25 kilómetros al sur de la capital, un derrumbe sepultó unas 300 viviendas y mató a más de 400 salvadoreños en enero.
El gobierno de Francisco Flores manifestó en sus mensajes públicos que ante el golpe dado por la naturaleza lo que queda es unirse para salir adelante.
Dagoberto Marroquín, congresista del centroderechista Partido Conciliación Nacional, había dicho a IPS tras el primer temblor que no era momento de investigar a los responsables de autorizar construcciones en lugares de alto riesgo.
«Ahora lo importante es rescatar víctimas y brindar ayuda a los miles de damnificados y familias que han quedado en la ruina. Pensar ahora en venganzas contra el gobierno o contra funcionarios públicos es antipatriótico», expresó Marroquín.
La pobreza es otro factor que agravó las consecuencias de los sismos, pues muchos salvadoreños debieron construir viviendas de mala calidad a las que raras veces brindan mantenimiento.
La mitad de los seis millones de salvadoreños viven bajo la línea de pobreza, estimaron el año pasado expertos de la privada Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
La pobreza, y también la tradición, llevaron a muchas poblaciones a seguir edificando construcciones rústicas de adobe y tejas que resultaron muy frágiles en los últimos dos sismos. En muchos casos, su derrumbe enterró y mató a sus ocupantes.
Tal es el caso de Cojutepeque, cabecera del departamento de Cuscatlán, a 40 kilómetros al este de San Salvador, donde abundan las viviendas rústicas y donde se registraron parte de los mayores daños del sismo del 13 de febrero.
«En El Salvador hay personas tan pobres a las que ni siquiera les alcanza para construir con adobe, por lo que hacen sus casas con barro y caña», explicó a IPS el ingeniero salvadoreño Ricardo Navarro, presidente de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional.
Navarro coincidió con otros especialistas al afirmar que la negligencia y la pobreza agravan la vulnerabilidad social y ambiental de El Salvador.
Los expertos atribuyeron la gravedad de los daños ocasionados por los terremotos a la mala planificación y a las deficientes condiciones de la infraestructura.
Mientras, la encuestadora CID-Gallup reveló esta semana que, según su último sondeo, 36 por ciento de los salvadoreños entrevistados consideran los terremotos a «un castigo de Dios».
El último terremoto antes de los dos que asolaron El Salvador fue un temblor de 7,6 grados en la escala de Richter que sacudió Costa Rica en 1991. A pesar de su intensidad similar, ese sismo no causó estragos de la gravedad de los dos últimos.
Federico Güendel, investigador y sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, atribuyó esas diferencias a la calidad de la infraestructura.
«Tanta destrucción en El Salvador tiene su causa en las características de sus construcciones. El gobierno debería evaluar sus regulaciones y revisar qué edificios quedaron dañados y demolerlos», detalló Güendel. (FIN/IPS/nms/mj/en dv/01
