Las protestas indígenas contra la política económica que desde hace 12 días paralizan amplias zonas de Ecuador se intensificaron hoy tras la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, al reprimir el ejército a manifestantes en la provincia amazónica de Napo.
Tres personas murieron cuando un grupo de manifestantes que bloqueaba un puente carretero en Napo fue desalojado por fuerzas militares y el restante falleció en la represión también del ejército contra una marcha callejera en Tena, capital provincial.
La religiosa Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, dijo a IPS que el uso desmedido de la fuerza debe cesar, porque se corre el riesgo de caer en una espiral de violencia de la cual será muy difícil salir.
«Bajo ningún punto de vista se puede justificar el derramamiento de sangre entre hermanos. Rechazamos enérgicamente la utilización de las armas en contra del pueblo pues viola el derecho más preciado de todo ser humano como es el derecho a la vida», agregó Monge.
Para la religiosa, la violencia y la represión de los últimos días no son los mecanismos idóneos para resolver la movilización y el descontento social. «¿Dónde quedó el diálogo y las garantías de un Estado de derecho?», se preguntó.
El accionar militar en la región de la Sierra contra los nativos que mantienen cortadas varias carreteras también ha dejado como saldo más de 25 personas heridas de bala, al menos cinco de ellas de gravedad.
La represión militar en Napo es la más grave desde que el viernes pasado el presidente Gustavo Noboa decretó el estado de emergencia nacional (estado de sitio), para tratar de terminar con las protestas.
El estado de emergencia nacional faculta a la fuerza pública a disponer la movilización, la desmovilización y las requisas necesarias, prohíbe la libertad de reunión y asociación y además podrá cerrar o habilitar puertos, entre otras medidas.
Las manifestaciones se desataron hace 12 días en reclamo de que se deroguen las medidas económicas adoptadas en diciembre, que incluyeron fuertes aumentos en los precios de los combustibles y el transporte público.
Las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) también apuntan a que el gobierno de marcha atrás al proceso de dolarización de la economía, que desde el año pasado ha ocasionado severos problemas a amplios sectores sociales que deben vivir con sólo un dólar por día.
El decreto de Noboa motivó la inmediata suspensión del diálogo entre los dirigentes indígenas y el gobierno, el cual se retomó el domingo y este lunes volvió a interrumpirse.
El intento de llegar a acuerdos entre las partes resulta difícil y las perspectivas ahora son aún más lejanas, según los analistas.
El jueves pasado se habían logrado acercamientos gracias al auspicio de una comisión mediadora integrada por representantes de las iglesias Católica y Evangélica, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Asociación de Municipalidades y de sectores de la sociedad civil.
Esa comisión consiguió establecer condiciones para comenzar un diálogo directo entre los líderes indígenas y el presidente Noboa, pero horas después el mandatario se negó a participar y designó en su lugar al vicepresidente, Pedro Pinto.
Los indígenas ratificaron el viernes su posición de que sólo negociarán con el presidente y anunciaron que intensificaban las protestas.
Con el anuncio de la radicalización del levantamiento, 50 dirigentes indígenas y sociales comenzaron una huelga de hambre por tiempo indefinido en los predios de la Universidad Salesiana, de Quito
Una hora más tarde el gobierno declaró el estado de emergencia.
Ricardo Ulcuango, vicepresidente de la Conaie, dijo este lunes que los indígenas sólo volverán a dialogar «cuando se levante el estado de emergencia y pare la represión», en tanto la dirigente indígena Blanca Chancoso dijo a IPS que no negociarán mientras el gobierno «mantenga un doble discurso».
El secretario de la Administración, Marcelo Santos, uno de los representantes gubernamentales en la negociación, declaró que los indígenas suspendieron el diálogo de forma unilateral y justificó la represión en Napo por la acción violenta de los nativos, que dejó también varios militares heridos.
Nina Pacari, diputada del Movimiento Pachakutik, aseguró que era previsible una agudización del conflicto «porque el gobierno lo que menos ha hecho en este conflicto es dialogar».
Los indígenas mantienen cortadas las carreteras de la Sierra desde hace 10 días, y de la Amazonía desde el jueves. En las provincias de Chimborazo y Tungurahua, en la Sierra Central, se mantienen ocupados locales donde se encuentran antenas de televisión y de radio.
En Tungurahua ocuparon también el Centro de Distribución de agua potable y cortaron el agua de algunos barrios de Ambato, la capital provincial, en respuesta a la suspensión del suministro del servicio en la Universidad Salesiana de Quito, donde permanecen 6.000 indígenas desde el 27 de enero.
Durante las protestas fueron ocupadas las gobernaciones de Puyo, capital de la amazónica provincia de Pastaza, y de Guaranda, capital de la serrana provincia de Bolívar, y también continúa tomada la catedral de Riobamba, capital de Chimborazo.
En las ciudades de Riobamba, Ambato, Ibarra, Otavalo, Cayambe, Latacunga, Guaranda, Cotacachi permanecen los mercados cerrado y el corte de carreteras también impide el transporte de productos hacia las regiones de la Costa y de la Amazonia, por lo que ya se comenzó a sentir en varias ciudades el desabastecimiento.
En la Sierra, los cultivadores de flores están a punto de perder la exportación a Estados Unidos con motivo del día de San Valentín, el 14 de este mes, superior a cien millones de dólares.
Hasta el momento hay más de 200 las personas detenidas y cerca de 30 indígenas heridos de bala, cuatro de ellos de gravedad.
Miguel Lluco, coordinador del Movimiento Pachakutik, dijo a IPS que las 27 alcaldías, cinco prefecturas y 461 juntas parroquiales que controla esta fuerza política apoyan desde el sábado el bloqueo de las vías con maquinaria pesada y personal.
El empresariado de Guayaquil, el mayor centro comercial del país, que desde el comienzo de las protestas reclama al gobierno «mano dura, represión y cárcel» para los manifestantes, respaldó el estado de emergencia y la acción de militares y policías.
Xavier Abad, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, presentó una posición contraria a la de los empresarios guayaquileños y aseguró que «romper el diálogo y declarar el estado de emergencia agravará la situación del país». (FIN/IPS/kl/dm/ip/01
