Los cambios registrados en las urbes de América Latina y el Caribe en los últimos 10 años debido a la globalización obligan a agilizar la comunicación entre los municipios y la sociedad civil, dijeron hoy expertos reunidos en esta capital.
Delegados de organismos internacionales y de grupos sociales, expertos en desarrollo y autoridades de la región asisten entre este miércoles y el viernes al denominado «Foro Internacional sobre Gestión del Desarrollo Urbano Sostenible en América Latina y el Caribe. El Aporte de las Redes del Conocimiento».
El encuentro, organizado por el Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe (SEMA), tiene el objetivo de coordinar acciones para incentivar la transferencia de conocimientos destinados al diseño de políticas de desarrollo sustentable en los centros urbanos.
El SEMA, que opera desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), impulsa desde 1996 investigaciones aplicadas a la gestión ambiental y facilita la transferencia de conocimientos a los gobiernos locales.
En el foro de Montevideo participan representantes de la Unión Europea, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, de la Sociedad para el Desarrollo Internacional y del CIID.
También asisten autoridades de distintos municipios de Argentina, Brasil, El Salvador, Italia y Uruguay, además de expertos de Francia.
El CIID busca ser «una incubadora de ideas nuevas, destinada a gestionar recursos para financiar los proyectos de desarrollo sustentable de los gobiernos locales», explicó su director regional, Carlos Seré.
«Nuestro objetivo es promover la coordinación entre gobiernos locales, las agencias internacionales y los donantes», agregó.
Los presentes en el Foro coincidieron en que América Latina y el Caribe se encuentra en la encrucijada de los avances científicos y tecnológicos, de las grandes desigualdades sociales y la degradación ambiental producto de la globalización.
Esta situación obliga a los municipios latinoamericanos a tener un nuevo papel y cumplir muchas funciones antes reservadas para el gobierno del país, ahora cada vez con menor jurisdicción ante la constante apertura de los mercados y la especulación financiera.
Es en las ciudades donde se manifiestan con más fuerza los efectos de la globalización, caracterizada por la flexibilidad laboral, el cambio en las relaciones sociales, nuevas formas de producción, el desarrollo de nuevas tecnologías y el aumento de la pobreza, dijo Roberto Savio, secretario ejecutivo de la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID).
Savio, encargado de abrir el Foro, señaló que «existe una fuerte relación entre el nuevo modelo de sociedad urbana y la globalización».
«La flexibilidad en el trabajo, que reduce la pertenencia de una persona a una institución, no ayuda a la solidaridad ni a la sindicalización y anula el sentido tradicional de la relación producción e institución política vinculada a la producción», sostuvo.
Agregó que este proceso hace que los habitantes de las ciudades pierdan cada vez más vínculos con las empresas, mientras éstas se separan del medio local y escapan al medio globalizado.
Además, el desarrollo de las nuevas tecnologías transforma el modo de vida en las zonas urbanas, en particular con el aumento de los «teletrabajos». «Se estima que dentro de 25 años, 30 por ciento de la población mundial trabajará desde su casa», indicó.
Las zonas urbanas son las más afectadas por la pobreza que provoca la globalización.
En América Latina, 380 millones de personas habitan en las ciudades, frente a 327 millones que residen en áreas rurales. La mitad de los habitantes urbanos latinoamericanos viven con menos de dos dólares diarios.
La pobreza en la región alcanzaba a 35 por ciento de la población en 1980, mientras que en 1990 ascendió a 40 por ciento y hoy llega a casi 50 por ciento, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Existe un enorme aumento de los asentamientos ilegales en las ciudades. En Lima cubren 42 por ciento de la zona urbana, en Quito 51 por ciento y en Recife 50 por ciento.
La deuda externa de América Latina, que en 1990 sumaba 435.000 millones de dólares, ronda ahora los 800.000 millones de dólares, un crecimiento promedio de cinco por ciento anual, mientras que el producto interno bruto real por habitante creció apenas 1,1 por ciento, según informes del Banco Mundial.
Por su parte, el jefe interino del gobierno de Montevideo, Adolfo Pérez Piera, indicó que «las condiciones ambientales no dejan de degradarse, pese a los avances tecnológicos y a las advertencias de los científicos y de las organizaciones internacionales».
«El desarrollo sustentable es aún un anhelo distante», afirmó.
Pérez Piera agregó que «para los gobiernos locales los desafíos son múltiples, pues deben buscar respuesta a las demandas sociales y económicas para las cuales, en muchos casos, no sólo no tienen competencia sino que carecen de los recursos materiales necesarios».
Explicó que ahora también los problemas de la seguridad ciudadana, de empleo, de la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y de la atención básica de las poblaciones marginales «forman parte de las preocupaciones de los gobiernos municipales». (FIN/IPS/dv en/rp/dm/01
