La libertad de prensa está en peligro en Rusia y otras repúblicas ex soviéticas, como lo demuestran la actitud de los gobiernos hacia los medios de comunicación de esos países.
El canal de televisión indpendiente NTV fue sometido en los últimos meses a investigación judicial, que la emisora considera presión de Moscú para obligarla a cambiar su cobertura crítica. Después de casi un año de investigación, el 26 de enero la fiscalía comenzó a interrogar a los periodistas.
En una medida sin precedentes, el 29 de enero el presidente Vladimir Putin se reunió en Moscú con 11 periodistas del NTV, que protestaron por el acoso de los organismos estatales.
Putin intentó tranquilizar a los periodistas, diciéndoles que no le molesta que NTV continúe como un canal privado con libertad para criticar al gobierno. No obstante, las conversaciones fueron tensas y los periodistas habrían interrumpido con frecuencia al presidente.
Putin informó que pretende que NTV siga siendo una compañía independiente, declaró el director general de la emisora, Yevgeny Kiselyov, después de la reunión de tres horas. Pero la barrera de incomprensión y desconfianza mutua persistió, agregó.
Putin también entregó a los periodistas una copia de la carta que envió al fundador del canal de cable CNN, Ted Turner, el 23 de enero, en la que agradeció al estadounidense su interés y que apoyaría su inversión, pero sin garantías políticas.
Turner pretendía la seguridad de que si compraba una participación en NTV, Moscú no interferiría en las funciones o la cobertura de la emisora.
El financista y filántropo George Soros, al igual que el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, indicaron que se sumarían a Turner para adquirir 25 por ciento de NTV con el fin de proteger su independencia.
NTV acusó de venganza política a los organismos estatales, pero el fiscal Vladimir Ustinov aseguró que la investigación obedece a razones económicas y penales.
Los investigadores no cuestionan el contenido periodístico, sino que pretenden determinar la legalidad de préstamos recibidos por la emisora, dijo Ustinov a la televisión rusa.
NTV acusó a Ustinov de recibir un apartamento valuado en 500.000 dólares del alto funcionario Pavel Borodin, pero el fiscal calificó de calumnias esas versiones.
Borodin permanece detenido en Estados Unidos luego de que fuera arrestado en Nueva York el mes pasado por una orden suiza que lo acusa de lavado de dinero.
Borodin, de 54 años, fue objeto de una serie de acusaciones de soborno que ensombrecieron los últimos años en el poder de Boris Yeltsin, el antecesor de Putin.
El caso de NTV no es el único que involucra a la libertad de prensa en este país. La Cámara de Diputados presentó en enero proyectos de ley para modificar la ley de los medios de comunicación masivos y prohibir todo artículo o informe que instigue al disturbio social.
La ambigüedad del texto del proyecto podría interpretarse como una prohibición a la incitación a los disturbios o a las críticas de las autoridades.
Un artículo de la ley que permite a los periodistas proteger a sus fuentes y obtener acceso a zonas de otra manera cerradas a los civiles sería eliminado. En otra enmienda propuesta, los periodistas podrían ser acusados por informes que sean perjudiciales para el trabajo o la imagen política de una persona.
Aunque la aprobación de esos proyectos de ley es incierta, los mismos son una advertencia al Parlamento y el público en general sobre los intentos de limitar la libertad de expresión.
Pero si en Rusia el presidente y los periodistas opositores aún recurren al diálogo, en otras repúblicas que antes pertenecían a la Unión Soviética las discrepancias por la libertad de prensa son más dramáticas.
En Ucrania fue asesinado el periodista opositor Georgy Gongadze. Desaparecido en septiembre, se cree que el autor de numerosos informes críticos del poder fue secuestrado por fuerzas cercanas a la presidencia.
A mediados de noviembre, un cadáver decapitado y rociado con ácido fue descubierto en el bosque. Las pruebas de ADN revelaron que los restos correspondían a Gongadze.
Posteriormente se desató una crisis política en Ucrania cuando se divulgó una serie de grabaciones, supuestamente realizadas en la oficina del presidente Leonid Kuchma, en las que las voces del presidente y sus allegados discuten la forma de eliminar a Gongadze.
La oposición pretende realizar un juicio político al presidente.
En Kazajstán se prevé que los cambios a la ley de medios de comunicación aprobados esta semana causarán el cierre de 15 compañías independientes de televisión. El presidente kazajo goza de un poder sin igual sobre los medios, y el principal canal público de televisión es dirigido por su hija.
En las vecinas Uzbekistán y Turkmenistán, los editores de organismos estatales de comunicación impusieron la censura directa, en especial para evitar las críticas contra los presidentes o sus políticas.
Se podría argumentar que la Internet sería la respuesta a las amenazas que sufre la libertad de prensa. Pero el Parlamento ruso considera una decena de proyectos para regular la red de computadoras. (FIN/IPS/tra-en/sb/sm/aq/hd cr/01
