La lucha contra la censura en Chile continúa, aun después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por violar la libertad de expresión al impedir la exhibición de la película «La última tentación de Cristo».
El fallo dictaminó que Chile debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable para suprimir la censura previa y así permitir la exhibición del filme del director estadounidense Martin Scorsese, y que deberá rendir cuentas ante el propio tribunal internacional en un plazo de seis meses.
El gobierno de Ricardo Lagos acató la resolución, y sostuvo que redoblará los esfuerzos para eliminar la censura previa. La película aún no fue estrenada en salas comerciales pero ya fue puesta a la venta en comercios especializados en formato DVD.
«Lo que el fallo hace es recordarnos que el país está en deuda en esta materia, pero no debemos olvidar que la lucha por eliminar la censura viene desde la recuperación de la democracia», afirmó el ministro de Educación, José Weinstein.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió el fallo el 9 de este mes, es una institución judicial autónoma del sistema interamericano que conduce la Organización de Estados Americanos.
Ciro Colombara, uno de los abogados querellantes en el caso, sostuvo que se trata de «un fallo histórico, porque es primera vez que el Estado de Chile es condenado por un tribunal internacional de derechos humanos».
«La libertad de expresión es fundamental, clave y esencial para el funcionamiento del sistema democrático. No se puede permitir casos de censura previa, sino un grupo ínfimo de personas va a decidir qué ven la gran mayoría de las personas», dijo Colombara a IPS.
Los abogados de la organización conservadora católica Porvenir de Chile consideraron inaceptable que los fallos de la Corte Interamericana fueran obligatorios para Chile, pues eso implicaría, afirmaron, una reforma a la constitución con la OEA como nuevo poder constituyente.
«La última tentación de Cristo», basada en una novela del escritor griego Niko Kasantzakis, traza una hipótesis sobre la posibilidad de que Jesús hubiera rechazado en el momento de su crucifixión su condición divina y hubiera continuado viviendo como hombre.
La película de Scorsese fue censurada en 1988 por el Consejo de Calificación Cinematográfica, organismo que tiene la facultad de aceptar las películas que ingresan al país, y que está compuesto, entre otros, por representantes de las fuerzas armadas y el Poder Judicial.
En 1996, y luego de cambios en la integración de este organismo, el filme fue recalificada, aceptándose su exhibición para mayores de 18 años.
Pero la Corte Suprema acogió en 1997 un recurso de protección del honor de Jesucristo, de la Iglesia Católica y de Porvenir de Chile interpuesto por los abogados de la organización lo que reanudó la censura de la película.
La constitución chilena permite la censura previa y el artículo 6 b de la Ley de Seguridad del Estado —anterior aun a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)— tipifica el delito de desacato a la autoridad.
Escudados en esta infracción, la justicia chilena mantuvo detenido en 1995 a un ex asesor de la dictadura, Francisco Javier Cuadra, por afirmar que «algunos parlamentarios consumen drogas».
Además de la legislación que avala la censura, el Poder Judicial llevó a cabo prohibiciones mediante la invocación, entre otras normas, el artículo 19 inciso 4 de la Constitución, garantía de la honra y de la intimidad.
En abril de 1999 la justicia ordenó la incautación del «Libro negro de la justicia chilena» de la periodista Alejandra Matus, quien debió asilarse en Estados Unidos para no ser sometida a proceso, pues la ley de prensa no reconoce el derecho al secreto profesional.
Tras el fallo de la Corte Interamericana, el gobierno recordó que en marzo presentará con urgencia un proyecto de ley de calificación cinematográfica que no permite el rechazo de películas, sino sólo su calificación.
Así se establece un sistema de responsabilidad posterior, de acuerdo con el cual las personas que abusen de su libertad de expresión respondan por sus actos incluso penalmente, pero sin censura previa en ningún caso, tal como ordenó el tribunal continental.
«Estamos de acuerdo con la sustancia de este fallo en el sentido de que en la sociedad chilena no existe plena libertad de expresión y que la censura previa no corresponde al resto de nuestro ordenamiento jurídico, ni al país que queremos ser», señaló Weinstein.
El parlamento recibió en 1997 una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la censura previa.
También con lentitud se tramita el cambio del artículo 6 b de la Ley de Seguridad del Estado, que impone penas de presidio a quienes insulten a las autoridades. El proyecto está a estudio de la Cámara de Diputados.
Los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo serán insuficientes si el Poder Judicial continúa, como hasta ahora, privilegiando la honra sobre la libertad de expresión «Creemos que también debe haber norma expresa que no permita, bajo esa forma, la censura previa», señaló.
El abogado indicó que este fallo marca tendencias. «Ningún Estado puede pretender hoy vivir aislado y sin someterse a los tribunales internacionales», dijo. Pero en Argentina, país vecino de Chile e integrante de la OEA, «La última tentación de Cristo» fue prohibida y nunca ha sido exhibida.
Esta es primera vez que la Corte Interamericana falla en un caso que no es del tipo tradicional en los países americanos, como desapariciones forzadas o torturas.
Un caso como el de la censura de «La última tentación de Cristo» atiende «derechos más complejos y más propios de una sociedad más democrática. donde no ocurren abusos tan flagrantes a los derechos humanos», afirmó Colombara. (FIN/IPS/tv/mj/hd cr/01
