El reclamo de Trinidad y Tobago de un sospechoso de asesinato refugiado en Canadá se frustró esta semana cuando el Tribunal Supremo de este país prohibió las extradiciones a estados que aplican la pena de muerte.
«Según la visión canadiense de la justicia, la pena capital es injusta y debe detenerse», declaró la corte el jueves, en una decisión unánime sobre otro caso que involucraba a dos ciudadanos canadienses.
El tribunal determinó que los canadienses no sean devueltos al estado de Washington, Estados Unidos, para ser juzgados por asesinato hasta que las autoridades estaduales garanticen que no se los condenará a muerte.
Trinidad y Tobago y varios estados de Estados Unidos todavía aplican la pena capital.
El abogado canadiense Wes Wilson dijo a IPS que la sentencia del Tribunal Supremo se aplica también a ciudadanos extranjeros como su cliente, el trinitobaguense Simon Raghoonanan, actualmente preso en Toronto a la espera de una decisión sobre el pedido de extradición de Trinidad y Tobago.
Raghoonanan está acusado de participación en el asesinato de un testigo en el juicio de la banda de narcotraficantes encabezada por Dole Chadee, a su vez acusada del asesinato de toda una familia.
Clint Huggins, quien iba a declarar en el juicio, fue asesinado por un grupo al que Raghoonanan habría ayudado a escapar del lugar de los hechos haciendo de conductor. Posteriormente, nueve miembros de la banda fueron hallados culpables y ejecutados en la horca el 5 de junio de 1999.
El caso de Raghoonanan presenta ciertas dificultades para Canadá, principalmente porque las pruebas en su contra no son «contundentes».
En primer lugar, hubo dudas sobre que el cliente de Wilson fuera el Simon Raghoonanan buscado por la justicia de Trinidad y Tobago.
La única prueba de su identidad ofrecida por el país caribeño fue una fotografía grupal ampliada, donde la cabeza del acusado está inclinada hacia abajo y la parte inferior de su rostro «no es claramente visible», señaló el juez canadiense Paul Dilks.
Sin embargo, el 18 de junio Dilks determinó que «lo más probable» era que el detenido fuese el sospechoso buscado por Trinidad y Tobago, y que por lo tanto debía ser entregado a la justicia de ese país.
La sentencia fue apelada en base a argumentos constitucionales, pero ahora el resultado de esa apelación ya fue definido por la decisión del Tribunal Supremo.
Jeffrey House, el otro abogado de Raghoonanan, señaló que la ley canadiense normalmente no permite la introducción en un juicio de pruebas por rumores, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en el caso de su cliente.
Eso se debe a que una ley de extradición de 1999 permite a gobiernos extranjeros presentar pruebas poco contundentes en audiencias de extradición, y esa norma se ha aplicado a más de 50 casos por año en Canadá, afirmó House.
Por ejemplo, la justicia canadiense no exigió a Trinidad y Tobago huellas dactilares ni la declaración jurada de un testigo ocular o un funcionario para identificar de manera apropiada a Simon Raghoonanan como el ciudadano acusado.
Con la internacionalización del crimen, en especial del narcotráfico, el fraude y el terrorismo, Canadá se volvió más flexible sobre el tipo de pruebas presentadas por países con diversos sistemas jurídicos, señaló Bill Corbett, asesor legal del Departamento de Justicia de Canadá.
Aunque el sistema judicial de Trinidad y Tobago se parece al de Canadá en muchas normas heredadas del sistema británico, tienen una diferencia abismal. Los jueces del país caribeño deben aplicar la pena capital en todos los casos de asesinato, aunque la participación del reo haya sido indirecta, explicó House.
Amnistía Internacional, que promueve la abolición de la pena de muerte, exhortó a Canadá a no entregar a Raghoonanan a un país donde se aplica ese castigo y los acusados no son debidamente representados ante la corte.
A juzgar por la decisión del Tribunal Supremo, los reclamos de Amnistía fueron escuchados. (FIN/IPS/tra-en/pw/da/mlm/hd/01
