Construir, comprar o ampliar una vivienda en Cuba es cada vez más difícil para la población, pues en la mayoría de los casos se considera una actividad ilegal, mientras crece el déficit habitacional.
Informes oficiales indican que sólo el año pasado el Estado confiscó más de 1.400 viviendas e impuso 2.057 multas, 1.530 de las cuales fueron cobradas en dólares por un monto total superior a 1,5 millones de dólares.
La confiscación fue acompañada en algunos casos de la expulsión de los ocupantes, ilegales según las normas. En 2000 fueron desalojadas 548 personas y las casas fueron puestas a disposición del fondo estatal.
Las leyes prohíben a los cubanos vender su vivienda, construir o agrandar un inmueble o cambiar uno pequeño por otro más grande, aunque se pague por la diferencia de valor, si no se cuenta con la autorización del gobierno local.
Además, las personas autorizadas a construir su casa «por esfuerzo propio» deben probar que adquirieron desde el cemento y la arena hasta el último ladrillo a instituciones del Estado.
También el alquiler de apartamentos y casas, a diferencia de lo que ocurre en otros países, está restringido a un pequeño sector privado en favor de turistas extranjeros.
«Aquí han quitado más de 30 casas, pero la gente sigue arriesgándose», comentó a IPS un vecino de Guanabo, un poblado que se extiende al borde de la playa del mismo nombre, situada a unos 30 kilómetros de La Habana.
La ofensiva fiscalizadora en Guanabo, zona señala por el gobierno de Fidel Castro de prioridad para el desarrollo turístico, se dirigió en especial contra los propietarios de casas que alquilan en forma ilegal, evadiendo así el pago de tributos.
También fueron inspeccionadas las familias que construyen o remodelan sus viviendas, muchas de las cuales compraban los materiales en la «bolsa negra» (mercado paralelo) con ingresos procedentes de alquileres, ya sean permitidos o no.
En el balneario de Guanabo una vivienda bien equipada puede rentarse hasta por 45 dólares diarios a extranjeros, y hasta en 15 dólares a familias cubanas de vacaciones.
En tanto, la compra de un inmueble va desde un mínimo de 4.000 dólares hasta un máximo de 100.000 dólares, según el tamaño y su ubicación.
En las casas de cambio autorizadas el dólar se cotiza hoy a 22 pesos cubanos, mientras que el salario medio mensual alcanzó a 249 pesos el año pasado, 12 por ciento por encima de 1999, según datos divulgados por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Morales.
Los principales ingresos en divisas de la población de Cuba, que suma 11,1 millones de personas, proviene de las remesas enviadas por familiares residentes en el exterior y de las estimulaciones salariales otorgadas a los trabajadores de sectores productivos y de servicios privados a extranjeros.
Cualquier otra manera de adquirir una casa o aumentar en forma considerable los ingresos es considerada por las autoridades incompatible con el sistema socialista vigente en Cuba desde hace cuatro décadas.
«El día que el dinero distribuya la vivienda del país, estaremos divididos en clases sociales», advirtió Juan Contino, coordinador de los Comité de Defensa de la Revolución, organización que funciona en cada cuadra del país.
La decisión del gobierno de cortar de raíz este fenómeno quedó demostrada este mes en una reunión nacional de directores del gubernamental Sistema de la Vivienda de Cuba, que mereció la amplia cobertura de la prensa nacional.
El vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, afirmó que alrededor de las ilegalidades en el mercado de vivienda se mueven otros actos delictivos, como la prostitución y la droga, y además se abren espacios para acciones antigubernamentales, incluso terroristas.
La televisión estatal transmitió, como un llamado de alerta, las imágenes de varias viviendas que fueron confiscadas en el poblado costero de Santa Fe, en la periferia de La Habana, y luego destinadas a instituciones en función de la comunidad.
Una de esas casas, que había sido vendida por un cubano a un extranjero en 74.000 dólares, fue requisada y entregada a la Casa del Pedagogo para que se realicen actividades recreativas y de formación de los trabajadores del sistema educacional.
En cualquier caso, expertos estiman que, más allá de los deseos de algunas personas de mejorar su nivel de vida aunque sea a costa de caer en negocios sucios, tras las «irregularidades de la vivienda» se esconde un problema social de causas más profundas.
Informes gubernamentales indican que 42 por ciento de los habitantes de Cuba, más de 4,7 millones de personas, viven en 1.392.937 inmuebles, cuyo estado técnico está catalogado entre regular y malo y requieren refacciones urgentes.
En La Habana, 39 por ciento de su población de 2,2 millones de personas se encuentran en esa situación, mientras que en provincias del extremo este de la isla los problemas de vivienda abarcan a más de 60 por ciento de los habitantes.
Los esfuerzos estatales realizados el año pasado para rehabilitar el conjunto de inmuebles en regular y mal estado sólo alcanzaron a 4,9 por ciento de las necesidades del país, mientras que en La Habana abarcó a 9,8 por ciento.
En 2000 fueron terminadas 42.923 nuevas viviendas, en el marco de un plan inicial de 50.000, informó el día 22 el diario oficial Granma.
El informe presentado a la reunión de directores del sistema de la vivienda indica que en ese mismo período se realizaron por esfuerzo propio más de 140.000 trabajos, que incluyen reparaciones y la construcción de 16.074 casas.
Sin embargo, el estudio agrega que, pese a ese volumen de actividad, sólo se vendieron 31 millones de pesos a través de los fondos mercantiles, cifra demostrativa de que una gran cantidad de materiales se comercializan en el mercado negro.
«El pasillo que lleva a la puerta de mi casa se cayó hace casi un año. Acudí al gobierno local, a la dirección de arquitectura, y nadie me resolvía el problema, entonces compré cemento en la «bolsa negra» y le pagué a un hombre para que me lo hiciera», comentó una vecina del municipio capitalino de Centro Habana.
La mujer, profesional de 42 años, pagó 40 pesos cubanos (menos de 2 dólares) por cada saco de cemento. «Me gasté casi todo el salario del mes, porque no encontré la forma de comprarle al Estado y ahora en cualquier momento pueden venir los inspectores estatales y ponerme una multa», comentó con temor.
Estudios del Centros de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Academia de Ciencias de Cuba definen el déficit habitacional y el deterioro del fondo existente como el más grave problema social de este país, con repercusión directa en la familia.
En la isla es usual la coexistencia en una sola vivienda de hasta tres generaciones, los problemas de promiscuidad son agudos y el déficit de vivienda incide, junto a otras razones culturales, en que cada vez los índices de fecundidad sean más bajos.
La imposibilidad de tener un espacio propio para vivir es uno de los principales motivos de los cubanos para querer emigrar, en especial entre las parejas jóvenes, según fuentes especializadas. (FIN/IPS/da/dm/dv pr/01
