El arresto en Japón de un político que aceptó grandes sobornos a cambio de facilitar la entrada de mano de obra barata de otros países asiáticos reveló el lado oscuro de la política de Tokio hacia los trabajadores extranjeros.
Takao Koyama, miembro del gobernante Partido Liberal Democrático, fue detenido en enero bajo sospecha de haber aceptado el equivalente a 200.000 dólares en sobornos de una cooperativa de bienestar social llamada KSD, que ofrece apoyo a pequeñas y medianas empresas.
Así mismo, Koyama es acusado de haber formulado preguntas en la Dieta (parlamento) en 1995 y 1996 que urgieron al Ministerio de Trabajo a extender el período de permanencia para los trabajadores extranjeros invitados a Japón como «aprendices».
Los trabajadores, procedentes principalmente de Indonesia y China, habían recibido visas de aprendices de tres años, que consistían en un año de entrenamiento en Japón seguido de capacitación práctica el resto de la estada.
«Pero en realidad, su permanencia se convirtió en una pesadilla», dijo Sonoko Kawakami, una activista de la Red para Indonesia (JANNI), una organización no gubernamental japonesa.
Documentos compilados por JANNI sobre el escándalo de KSD revelaron con claridad una estrategia de altos funcionarios de gobierno y empresarios para reclutar mano de obra barata de países en desarrollo burlando la política oficial de no aceptar trabajadores extranjeros.
«La posición hipócrita del gobierno permite que las empresas japonesas maltraten a los trabajadores extranjeros para aumentar sus ganancias y el desempeño económico nacional», acusó Kawakami.
El mercado laboral de Japón está oficialmente cerrado a los extranjeros, pero posee un mecanismo que permite a los extranjeros ingresar al país y ser «aprendices» por un tiempo, aunque sin los permisos de trabajo que ofrecen otros países.
En Japón hay cientos de miles de trabajadores inmigrantes en diferentes sectores, incluso la industria del entretenimiento, que atrae a mujeres de otros países asiáticos y para la cual existe un tipo de visa especial.
En el marco de esa política, miles de jóvenes fueron contratados mediante agentes indonesios y chinos y enviados a través de KSD a pequeñas y medianas empresas japonesas.
Los trabajadores firmaron contratos sobre supuestas pasantías técnicas, pero que también contenían cláusulas abusivas, denunciaron activistas.
Por ejemplo, los contratos establecían que los trabajadores debían entregar sus pasaportes a sus empleadores japoneses, y también la obligatoriedad de trabajar horas extraordinarias a partir del segundo año.
Más de 6.000 hombres fueron reclutados bajo esas condiciones por KSD. Algunos de ellos denunciaron que trabajaron más de 500 horas extras sin remuneración el primer año de su pasantía.
Los trabajadores recibían en promedio 80.000 yenes por mes (unos 800 dólares) tras la deducción de impuestos y seguro de salud, una suma inferior a la mitad del salario promedio de sus homólogos japoneses.
Para poder ejercer control sobre los aprendices, los empleadores les impedían viajar o los forzaban a «ahorrar» parte de su salario.
La situación se volvió tan difícil que muchos hombres comenzaron a escapar de sus empleadores para vivir como trabajadores ilegales, explicó Kawakami.
La demanda de mano de obra barata es tan alta que las empresas japonesas recurren al soborno a funcionarios para obtener trabajadores por cualquier medio, acusó Ippei Torii, un sindicalista.
«La postura de Koyama ilustra la actitud de nuestro gobierno hacia los trabajadores extranjeros», manifestó Torii, cuyo sindicato incluye a otros trabajadores asiáticos y africanos.
En lugar de hacer preguntas sobre la situación de los aprendices, las empresas exigen plazos más largos para sus visas.
Según el ministerio de Justicia, 5,27 millones de trabajadores ingresaron a Japón el año pasado y 1,6 millones están registrados oficialmente como residentes.
El ministerio estimó que hay 280.000 trabajadores ilegales en Japón, pero los activistas calculan que podrían ser el doble.
«Los trabajadores japoneses rechazan a las pequeñas empresas debido a la baja remuneración y las malas condiciones de trabajo que ofrecen. A eso se debe la demanda de mano de obra extranjera y barata, pese a la desaceleración económica», explicó Torii.
Un informe publicado el año pasado por las Naciones Unidas señaló que Japón necesitará unos 600.000 inmigrantes por año durante los próximos 50 años para mantener su población activa en el nivel de 1995.
Casi la mitad de los japoneses rechazan a los trabajadores extranjeros ilegales y están preocupados por el incremento del desempleo y de la criminalidad, a los que vinculan con extranjeros, según una encuesta realizada en noviembre por la Oficina del Gabinete.
Pero los expertos señalan la urgencia de elaborar una buena política sobre los trabajadores extranjeros en esta sociedad homogénea que envejece, en lugar de encasillarlos en categorías como «aprendices» que no ofrecen la suficiente protección y de hecho permiten su explotación.
Los trabajadores de países en desarrollo seguirán llegando a Japón porque encuentran trabajo, predijo Jiro Nakamura, profesor de economía de la Universidad Metropolitana de Tokio.
«No hay duda de que esos trabajadores tienen un lugar en Japón. Debemos aceptarlos legalmente y desarrollar un sistema que los trate de la misma manera que a los trabajadores japoneses», exhortó. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/mlm/lb-hd/01
