El hallazgo de restos humanos con huellas de tortura en el estado de Chiapas, sur de México, fortalece la versión de grupos humanitarios de una guerra sucia contra indígenas durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
El gobierno de Zedillo (1994-2000) «tuvo oídos sordos ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Chiapas, pero ahora se sabe que alentó una situación de guerra con vinculación de autoridades», dijo Marina Jiménez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Agentes de la Procuraduría General informaron el fin de semana pasado del hallazgo de un cementerio clandestino con restos de tres personas, al parecer víctimas de grupos paramilitares, en la localidad de Tila, en Chiapas, estado donde en 1994 surgió el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Por su parte, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos cree que los restos corresponderían a indígenas opositores al grupo paramilitar Paz y Justicia.
La organización humanitaria agregó que las autoridades esperan encontrar en Tila otros 12 cadáveres de indígenas desaparecidos.
Jiménez, del centro Fray Bartolomé de las Casas con sede en Chiapas, aseguró que al menos 26 indígenas se encuentran desaparecidos en circunstancias ocurridas entre 1995 y 1999 con la presunta responsabilidad del grupo Paz y Justicia.
Grupos de derechos humanos locales y extranjeros denunciaron con insistencia durante la gestión de Zedillo que se desarrollaba en Chiapas una guerra sucia contra simpatizantes del EZLN y opositores al gobierno, pero las autoridades lo negaban.
Los hechos violentos son aislados, ya que en Chiapas lo que hay es «fundamentalmente paz social» y respeto a la ley, aseguró Zedillo en mayo de 2000, siete meses antes de dejar el cargo y pasar a la historia como el último mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 71 años.
Zedillo entendía que el EZLN, integrado mayoritariamente por indígenas, era uno de los pocos grupos violentos que se oponían a la pacificación en Chiapas y por ese motivo el diálogo de paz estaba suspendido desde 1996.
Aunque durante el gobierno del PRI estuvo vigente una ley de pacificación para el estado sureño que frenó los enfrentamientos entre guerrilla y ejército,
El último gobierno del PRI mantuvo un férreo cerco militar en torno a los rebeldes, pese a la ley de pacificación para el estado sureño que frenó los enfrentamientos entre el EZLN y el ejército, y según denuncias alentó la operación de 12 grupos paramilitares.
Entre los hechos violentos ocurridos en ese periodo se destaca el asesinato en diciembre de 1997 de 45 indígenas, en su mayoría niños y ancianos, miembros de un grupo religioso-pacifista, del que se responsabiliza a paramilitares.
Chiapas, ubicado en la frontera con Guatemala, es uno de los estados más pobres y violentos de México. El conflicto con el EZLN se localiza en regiones selváticas, a donde llegaron hace más 30 años oleadas de indígenas desde las zonas altas.
A pesar de la focalización del conflicto, el EZLN, un grupo mal armado, pero muy hábil para librar batallas en los medios de comunicación, logró movilizar a su favor a miles de simpatizantes en México y en el extranjero,
El presidente Vicente Fox, en funciones desde diciembre, puede demostrar ahora que acabará con la impunidad que imperó en Chiapas y que se castigará a los responsables de tanto crimen, como los asesinatos y las persecuciones, dijo Jiménez.
El nuevo mandatario, quien el miércoles aseguró sin dar detalles, que la firma de la paz con el EZLN está «a unas cuantas semanas», se comprometió a acabar con la impunidad en Chiapas y promover la justicia y el desarrollo en el lugar.
Fox, en sus primeros dos meses de gestión, retiró destacamentos militares de Chiapas, promovió la libertad de 24 simpatizantes zapatistas presos, presentó al Congreso legislativo un proyecto de derechos indígenas, como lo pedía la guerrilla, y dijo estar dispuesto a hacer más gesto para promover la paz.
Las acciones se vieron alentadas por la posesión en diciembre de un nuevo gobernador en Chiapas, el primero que no pertenece al PRI.
Observadores apuntan que la reanudación de las negociaciones de paz está cerca, pese a que el líder del EZLN, el subcomandante Marcos, declaró que aún no está convencido de las reales pretensiones del gobierno de Fox y pide más retiro de militares de Chiapas.
Marcos y una veintena de comandantes del grupo rebelde saldrán de Chiapas a fines de este mes vía terrestre, con la intención de recorrer 10 estados y llegar a la capital mexicana el 11 de marzo, para promover la aprobación del proyecto de ley sobre derechos indígenas.
Empresarios, políticos y sacerdotes de la Iglesia Católica contrarios a la guerrilla demandaron al gobierno poner fin al protagonismo de ese grupo y exigirle que no realice la marcha y que firme la paz lo más rápido posible. Si se niega, debe ser reprimido, recomendaron.
Pero Fox, que podría llegar a reunirse con Marcos en la capital, afirma que permitirá y hasta protegerá la marcha, y que está dispuesto a adoptar nuevas medidas para que la guerrilla se siente a negociar la paz.
Sin embargo, algunos analistas expresaron su preocupación por la seguridad de Marcos y los comandantes del EZLN en el recorrido que realizarán.
Siempre puede haber algún grupo interesado en la desestabilización del país que pretenda atentar contra la dirigencia guerrillera, y si eso pasa «sería terrible para todos», advirtió el analista Miguel Granados.
A diferencia de Zedillo, quien siempre acusó de deshonestos y violentos a los rebeldes, Fox sostiene que comparte con Marcos y su grupo la preocupación por la situación de los indígenas de México y que está comprometido con la democratización del país y la lucha contra la impunidad. (FIN/IPS/dc/dm/hd/01
