Varias comisiones nacionales de derechos humanos creadas en Africa durante los años 90 dejan mucho que desear en materia de independencia y efectividad, afirmó la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
Unos 20 países africanos formaron en ese período comisiones nacionales de derechos humanos, pero la mitad de ellas han actuado ante todo al servicio de sus gobiernos, y aún es muy pronto para juzgar el desempeño de otras siete, señaló HRW en un informe de 407 páginas titulado «¿Protectores or Simuladores?».
«Millones de Africanos son desplazados, torturados o asesinados, pero la triste verdad es que los integrantes de comisiones de derechos humanos de Africa suelen dar la espalda a esos abusos», dijo Binaifer Nowrojee, consejero de la división africana de HRW y principal autor del informe.
Las excepciones son los organismos de Ghana, Sudáfrica y Uganda, que han tenido un desempeño elogiable, indicó HRW en el docuemento, revelado el jueves.
Las comisiones creadas por Argelia, Camerún, Chad, Kenia, Liberia, Mauritania, Sudán, Togo y Túnez, así como la formada por el anterior gobierno militar de Nigeria, han sido inefectivas o poco más que apologistas de los gobiernos que las establecieron, apuntó.
Los organismos de Etiopía, Malawi, Mali, Níger, República Centroafricana y Ruanda, así como el creado en Nigeria por el actual gobierno democrático, han comenzado a funcionar hace poco tiempo o aún esperan que se les asignen recursos, por lo cual no corresponde juzgar su actuación todavía, añadió.
La Carta Africana de Derechos Humanos y Populares, que entró en vigencia en 1986, previó la formación de comisiones nacionales de derechos humanos.
Esos organismos comenzaron a establecerse tras el fin de la Guerra Fría, a medida que donantes occidentales y agencias multilaterales de crédito como el Banco Mundial jerarquizaron la promoción de las instituciones democráticas, la independencia del Poder Judicial, el imperio de la ley y el buen gobierno.
Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos de la sociedad civil que florecieron en Africa durante los años 90 presionaron a los gobiernos para que crearan instituciones con amplios mandatos de defender los derechos humanos y juzgar a sus violadores pasados y presentes.
Una respuesta a esas demandas fue la formación de comisiones nacionales patrocinadas por los Estados y «nutridas por apoyo econónomico y técnico de gobiernos donantes y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que las consideró un aporte a objetivos humanitarios», recordó HRW.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entendió que el apoyo a la creación de esas comisiones era una de sus principales prioridades políticas, indicó.
Sin embargo, la experiencia de los últimos 10 años debería determinar que los donantes y el ACNUDH sean más cuidadosos y empleen los llamados Principios de París, aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1993, para evaluar si las comisiones nacionales africanas pueden cumplir la misión que reivindican, opinó.
Según los Principios de París, los organismos nacionales de derechos humanos deberían ser creados por leyes o normas constitucionales, poseer amplias potestades para investigar abusos, ser presididos por personas tan independientes de sus gobiernos como resulte posible y recibir fondos adecuados.
«La ONU y los proveedores internacionales de fondos no deben dar legitimidad a comisiones cuyo papel es apenas decorativo», enfatizó Peter Takirambudde, director de la división africana de HRW.
La eficacia de esas comisiones depende en forma crucial de que sus integrantes posean la valentía y la integridad necesarias para estar dispuestos a enfrentarse con poderosos intereses capaces de influir en los gobiernos, comentó HRW.
La Comisión de Justicia Administrativa en Materia de Derechos Humanos de Ghana, presidida desde su creación en 1993 por Emile Short, «afrontó sin vacilar cuestiones muy espinosas, entre ellas la corrupción gubernamental, y defendió su territorio ante otras agencias del gobierno que trataron de silenciarla», destacó.
Los esfuerzos de esa comisión para llamar la atención sobre la situación en las cárceles y prácticas tradicionales de mutilación de mujeres y niñas, así como su estrecha cooperación con activistas humanitarios locales, la han ubicado en la vanguardia del continente, afirmó.
Sin embargo, el organismo no dispone de la cantidad de personal adecuada para el papel que desempeña y podría desempeñar, acotó.
La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, una de las mejor financiadas y más activas de Africa, se ha destacado por sus productivas investigaciones acerca del sistema de justicia penal, la discriminación, el racismo, la xenofobia y los abusos contra personas provenientes de otros países, aseguró.
La Comisión de Derechos Humanos de Uganda, con potestades muy similares a las del Poder Judicial, enfrentó con valentía a poderosos intereses, en especial al investigar abusos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, entre ellos detenciones ilegales, brutalidad policial y condiciones de reclusión, señaló.
Esa comisión es otra de las pocas que han trabajado junto con ONG locales e internacionales, según el informe.
HRW deposita esperanzas en la Comisión de Derechos Humanos de Malawi, que comenzó a trabajar en 1999, porque sus siete integrantes cuentan con sustancial autonomía y poderes de inusual amplitud para investigar y remediar abusos.
La Comisión Senegalesa de Derechos Humanos, que había languidecido desde su creación en 1970, fue transformada por una ley de 1997 en un organismo que puede resultar muy efectivo, tras la reciente instalación de su primera sede permanente, subrayó.
La mayor parte de los 24 integrantes de esa comisión fueron reclutados en organizaciones de la sociedad civil, y el organismo fue dotado de amplios poderes, apuntó.
En el otro extremo del espectro están comisiones nacinales a menudo creadas por decretos del Poder Ejecutivo de sus países, dedicadas en gran medida a defender a sus gobiernos ante acusaciones de abusos o de aliviar la presión ejercida por donantes internacionales, lamentó.
Entre ellas están la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades de Camerún, cuyos integrantes llegaron al término de su mandato en 1996 pero aún no han sido reemplazados, y la la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Kenia.
El organismo keniata fue creado en 1996 por el presidente Daniel arap Moi, poco antes de que se realizar un encuentro de donantes a Kenia, y sólo rinde cuentas al mandatario.
El Consejo Asesor sobre Derechos Humanos de Sudán se ha dedicado sobre todo a coordinar la presentación de informes a diversas agencias de la ONU, y la Alta Comisión de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Túnez «no es más que un altavoz que amplifica las posiciones de su gobierno», opinó HRW.
Las comisione de Benin y Chad desempeñaron papeles destacados a comienzos de los años 90, pero luego la primera pasó a estar «casi inactiva», y la segunda, tras presiones gubernamentales, decidió no divulgar sus trabajos, indicó.
La comsión de Togo, la primera que se creó en Africa, pasó de ser un catalizador de cambios democráticos a la defensa de abusos gubernamentales, agregó. (FIN/IPS/tra-eng/jl/da/mp/hd ip/01
