La «revolución cultural bolivariana» lanzada el mes pasado en Venezuela por el presidente Hugo Chávez es aún una incógnita. Además de la remoción masiva de altos funcionarios, comenzó a discutirse una ley para el sector y el presupuesto cultural tiene un déficit superior a 50 por ciento.
Chávez confirmó el 21 de enero la destitución de 16 directores de museos e instituciones artísticas, y el mismo día anunció 19 nombramientos y confirmó a 10 gerentes del área de cultura.
El gobierno y la subcomisión parlamentaria de Cultura, en tanto, han dado a conocer un par de proyectos para una nueva ley, que entrará formalmente en debate en la Asamblea Nacional (parlamento) posiblemente en marzo.
Las transformaciones en el área oficial de cultura y arte están condicionadas a un presupuesto mermado, pues sólo se dispondrá de 46 por ciento de los 200 millones de dólares solicitados originalmente para este año.
Pero las autoridades han insistido en que las destituciones consumadas en enero son el inicio de un proyecto cultural "revolucionario y bolivariano".
«Salvo el cambio de nombres, el país no conoce o no entiende muy bien de qué se trata. Hay señales de cambio, pero nos resta aún conocer a plenitud su sentido», dijo el sociólogo Tulio Hernández.
«Muchos habríamos preferido otro orden en los anuncios: la política primero, los nombres después», señaló Hernández, que tiene experiencia en gestión cultural.
El ministro de Educación, Héctor Navarro, defendió la decisión. «Este proceso debe entenderse como un cambio generacional válido, y la renovación de los recursos humanos es también válida para echar a andar un proyecto coherente», declaró.
«La nueva concepción que queremos implementar para el sector cultural requiere una vinculación muy fuerte entre las instituciones educativas y artísticas. Necesitamos museos e instituciones con ideas nuevas» y no entidades «sin ninguna relación con la vida cotidiana de los ciudadanos ni con la escuela», precisó Navarro.
Chávez advirtió que ha llegado «la hora de arrancar la revolución cultural bolivariana, creadora y liberadora (…), la cultura se vino elitizando, son príncipes, herederos, familias que se adueñaron de las instituciones, de instituciones que le cuestan millones al Estado».
La notificación de despido alcanzó a los directores de los principales museos, a los presidentes de la editorial del Estado y de la Biblioteca Nacional y a los encargados de institutos dedicados al teatro, la danza, la música y el folclore.
En tanto, representantes del Poder Ejecutivo y del parlamento se han sentado a una mesa de diálogo para revisar y tratar de compaginar los aspectos contenidos en dos proyectos para la nueva ley de Cultura.
Algunos aspectos del proyecto defendido por la diputada Milagros Santana ya provocaron polémica. Por ejemplo, el texto fustiga la globalización y crea la figura de supervisores de los derechos culturales.
El proyecto alude a una "cultura globalizadora, impuesta, de masas y hegemónica", señala la "desnaturalización de componentes tradicionales propios de la cultura venezolana" y advierte que se están "pervirtiendo las conductas, modos de vida y valores específicos de los venezolanos".
Se propone la designación de un "procurador de los derechos culturales", con el cometido de "la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías inherentes a la cultura".
El académico Fernando Rodríguez replicó que la figura del procurador podría dar paso a "un agente policiaco de la identidad nacional". Agregó que "todo concepto cerrado de identidad es reaccionario, anula la libertad y la creatividad y remite a nacionalismos estrechos".
El viceministro Manuel Espinoza, responsable del área de Cultura, anunció un amplio proceso nacional de consultas para debatir la nueva ley.
La "revolución cultural" se presenta cuando aún persiste una fuerte polémica sobre la reforma de las organizaciones sindicales y acerca de la supervisión del Estado sobre la educación. Estas han sido banderas de Chávez en el amplio proceso de cambios políticos que vive el país desde febrero de 1999, cuando se instalaron las actuales autoridades.
Analistas destacan la escasa capacidad de diálogo con la sociedad que ha demostrado el gobierno. La iniciativa de Espinoza, de promover consultas antes de la aprobación de la ley, ha sido recibida como buena señal.
Los interrogantes siguen siendo un signo de este tiempo en la cultura venezolana. Hay expectativa ante el papel de la nueva generación de gerentes culturales, también es aún prematuro decir cómo será la ley del sector y urge resolver la cuestión presupuestaria.
"El sector público venezolano debe asumir sus responsabilidades en cultura no como un acto secundario, sino como una prioridad de política de Estado y un instrumento para el cambio", afirmó el sociólogo Hernández, ex presidente de la fundación cultural de la municipalidad de la capital.
Por su parte, la escritora Silda Cardoliani observó que la nueva gestión en el área oficial de cultura sólo será exitosa «con un generoso presupuesto y ningún tipo de presiones».
La cuestión de los recursos parece difícil de resolver. Las autoridades tramitan créditos especiales para paliar el déficit de las cuentas culturales para este año. En la última década, según información oficial, la cultura sólo recibió 0,03 por ciento del presupuesto general del Estado.
La diputada Santana aseguró que el monto podría ser equivalente al dos por ciento en 2003. De lograrse ese objetivo, sería un hito histórico, pero aún distante de la meta fijada por la Unesco de cinco por ciento. (FIN/IPS/ac/ff/cr/01
