Una nueva ley de inmigración entró hoy en vigor en España, mientras miles de extranjeros están amenazados de expulsión, 400 personas llevan cuatro días de huelga de hambre y el gobierno anuncia acuerdos en la materia con siete países.
La ley, aprobada hace un año con los votos en contra de la oposición de izquierda, priva a los inmigrantes sin documentación de derechos sociales básicos, como los de reunión, asociación, manifestación, sindicalización y huelga.
Un millón de inmigrantes residen en España con sus papeles en regla, 400.000 pertenecientes a otros países de la Unión Europea. La mayor parte del resto son marroquíes (200.000), ecuatorianos (30.000), chinos (30.000) y polacos (10.000).
Se estima que entre 100.000 y 150.000 inmigrantes viven aquí de manera irregular, sin permiso de residencia ni contrato de trabajo. El gobierno notificó a 27.000 que deberán abandonar el país, pues se les negó el permiso que solicitaron.
Los demás extranjeros en situación irregular no pidieron su regularización, la mayoría por carecer de algunos de los requisitos exigidos, como haber llegado a España con al menos dos años de antelación y poder demostrarlo.
Kamal Rajmouni, presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España, propuso abrir un proceso de regularización para los inmigrantes que no la solicitaron, la mayoría de los cuales trabajan sin contrato y en condiciones de sobreexplotación.
El ecuatoriano Roberto Panamá recordó este martes que llegó sin contrato laboral, trabajó seis meses en el sector agrícola, y después como camarero y en la construcción, a veces cobrando una tercera parte de lo que establecen los convenios.
Desde fines del año pasado respira con cierta tranquilidad, pues es uno de los 200.000 extranjeros cuya situación se regularizó el año pasado. Ahora cuenta con permiso de residencia y contrato de trabajo.
Pero distinta es la situación de quienes llegan a bordo de una frágil embarcación cruzando el estrecho de Gibraltar. En una barca arribaron este martes 50 personas, sin visados. Fueron detectados cerca de una playa por una nave patrullera y detenidos. Una pasajera llevaba su bebé de cinco meses.
Para estos casos, el gobierno dispone la expulsión, excepto para la madre y su niño. Quienes ingresan pueden ser expulsados, además, si el país de origen los acoge, pero en el caso de los procedentes de Africa subsahariana eso no ocurre, porque sus países no tienen acuerdos firmados con España.
El gobierno anunció la firma de convenios especiales con Colombia, Ecuador, Marruecos, Polonia, República Dominicana, Rumania y Túnez. Se trata de convenir que cada persona que llegue a España lo haga con un contrato de trabajo, según el delegado del gobierno para estos asuntos, Enrique Fernández Miranda.
Fernández Miranda aseguró al diario madrileño El Mundo que los españoles que emigraron siempre lo hicieron «con todos los papeles en regla» y que «nadie iba a trabajar clandestinamente».
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, viajó este martes a Marruecos, acompañado de Fernández Miranda, para firmar el primer acuerdo. El miércoles lo harán a Ecuador y después del 12 de febrero a los demás países.
Las dos organizaciones sindicales mayoritarias, Unión General de Trabajadores (prosocialista) y Comisiones Obreras (procomunista), prometieron acoger en sus filas a todos los inmigrantes que lo soliciten, irregulares o no, aunque la ley lo prohíba.
Comisiones Obreras solicitó que el Poder Ejecutivo negocie con los agentes sociales una política de inmigración y no que aplique simplemente una política de orden público.
Mientras, se suceden protestas como la huelga de hambre de inmigrantes en Barcelona, en la costa del mar Mediterráneo. Cuatrocientas personas llevan allí cuatro días de ayuno, reclamando sus derechos, tras una pancarta que reza: «No hay razas ni castas, especie humana».
Desde la oposición, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó a la ley que este martes entró en vigor de reaccionaria, dijo que los inmigrantes son seres humanos y lamentó la «hipocresía moral» del gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar.
En todo este drama resuenan las palabras de Felipe de Borbón, el heredero de la Corona Española cuando visitó Murcia, una zona en la que a menudo se producen incidentes con inmigrantes, que están allí como mano de obra barata en el campo.
Allí, en el primer discurso pronunciado durante su visita oficial en la primer semana de enero, el heredero reclamó un trato humanitario para los inmigrantes y recordó que los españoles lo fueron, hasta no hace mucho, en Europa y América y que en ambos casos fueron bien tratados. (FIN/IPS/td/mj/pr hd/00
