Grupos feministas y de derechos humanos condenaron la decisión del flamante presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de prohibir la financiación de programas de planificación familiar en el exterior.
Aparentemente, la intención de Bush es asegurar que los contribuyentes estadounidenses no paguen por abortos realizados en países extranjeros, algo que las leyes nacionales prohíben desde 1973.
Sin embargo, la confirmación de la llamada Política de Ciudad de México de hecho limitará los programas de planificación familiar no abortiva en muchos países pobres que dependen de los fondos estadounidenses para poder brindar esos servicios.
La anunciada reprohibición mediante decreto violará la libertad de expresión y de los derechos reproductivos de la mujer, dos derechos humanos reconocidos universalmente, denunciaron Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y la Federación Internacional para una Paternidad Planificada, de Londres.
La política adoptada en 1984 por el entonces presidente Ronald Reagan, en una conferencia internacional sobre población celebrada en la capital de México, fue derogada por el ex presidente Bill Clinton dos días después de asumir el poder, en 1993.
Pero la decisión de Bush de reimponerla revertirá los logros alcanzados internacionalmente en materia de derechos reproductivos de la mujer, advirtió el Centro para la Política y los Derechos Reproductivos, de Nueva York.
«Varias normas internacionales respaldadas por Estados Unidos establecen los derechos reproductivos como un derecho fundamental», pero al reimponer la Política de Ciudad de México, el nuevo gobierno «debilita el consenso internacional sobre esos derechos», lamentó el Centro.
Además, «en el siglo XXI, ¿las mujeres deben ser controladas por políticas dictadas por hombres, o son capaces de usar sus nuevas voces en la sociedad civil para promover un mundo más justo?», se preguntó Peggy Curlin, presidenta del Centro para el Desarrollo y Actividades de Población (CEDPA).
El CEDPA es una organización no gubernamental con sede en Washington que brinda servicios a mujeres de 40 países en desarrollo.
Con respecto a la libre expresión, la Política de Ciudad de México prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la planificación familiar recibir fondos de Estados Unidos si sus actividades incluyen «información sobre abortos o promoción de leyes sobre aborto».
Además, la restricción se aplica aun si las mujeres que buscan asesoramiento utilizan su propio dinero u otros fondos para realizarse un aborto.
Esta norma viola el derecho a la libre expresión, pilar de la democracia y la política exterior de Estados Unidos, señaló HRW.
«La ayuda estadounidense para el desarrollo debería utilizarse para promover los derechos humanos, no para debilitarlos», observó Regan Ralph, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de HRW.
Los ciudadanos de países en desarrollo se verán «privados de su derecho a la libre expresión, no por políticas nacionales, sino de Estados Unidos», concordó Curlin.
«La imposición de esa política es polarizante y crea un clima de temor en los propios grupos que han mirado hacia Estados Unidos en busca de justicia y democracia», agregó la activista en un artículo publicado en el sitio web de CEDPA.
Para la Federación Internacional para una Paternidad Planificada, la medida de Washington perjudicará a personas del Sur en desarrollo que luchan por librarse de la pobreza.
«Restringir la planificación familiar significa debilitar los esfuerzos de hombres y mujeres por salir de la pobreza», sostuvo Ingar Brueggemann, directora general de la Federación.
Así mismo, las restricciones agravarán la actual situación de un gran número de mujeres en el mundo en desarrollo, dado que cada año, cerca de 300 millones de mujeres procuran servicios de planificación familiar pero no los encuentran, previno CEDPA.
Además, más de 80.000 mujeres mueren cada año en todo el mundo como consecuencia de abortos ilegales realizados en malas condiciones.
Pero lo que más preocupa a los grupos feministas es que la Política de Ciudad de México significa el fin de la financiación de programas que promueven el uso de condones, ofrecen servicios de salud reproductiva y asesoramiento legal en América Latina, Africa y Asia.
Ese ataque a los derechos de la mujer afectará la credibilidad de Estados Unidos en los asuntos internacionales, advirtió el Centro para la Política y los Derechos Reproductivos, de Nueva York.
Se trata de «un paso atrás», comentó Anna Diamantopoulou, comisaria de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea. (FIN/IPS/tra-en/mmm/da/mlm/hd-pr/01
