El presidente estadounidense George W. Bush manifestó hoy su intención de restaurar la prohibición de otorgar financiamiento estatal a grupos que brindan servicios de aborto o asesoramiento en la materia a mujeres de países pobres, en lo que constituiría uno de sus primeros actos de gobierno.
La acción, anunciada por un congresista en una manifestación antiabortista en Washington y confirmada por el propio Bush en una breve rueda de prensa, restará millones de dólares en ayuda a grupos como la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y sus filiales en todo el mundo.
«Gracias a Dios, el presidente Bush se mueve con determinación y con coraje para restaurar la Política de México y poner fin a la promoción del aborto en el extranjero financiada por los contribuyentes», dijo el diputado Chris Smith, uno de los principales antiabortistas del Congreso legislativo.
Por su parte, Bush dijo en la conferencia de prensa que actuará «pronto».
La Política de México, que prohíbe todo el financiamiento estadounidense a grupos en el extranjero que realizan abortos o brindan asesoramiento al respecto, fue impuesta en primer término por el presidente Ronald Reagan (1981-1989) en una conferencia internacional sobre población en la capital mexicana.
Esta estrategia, delineada en 1984, fue mantenida durante toda la Presidencia de Reagan y continuada por su sucesor, George Bush padre (1989-1993).
Dos días después de asumir la Presidencia, Bill Clinton (1993- 2001) eliminó esta política. George W. Bush parece destinado a restaurarla, para satisfacer a los antiabortistas que jugaron un papel fundamental en su elección.
Aún se desconocen los detalles de la norma que establecerá en ese sentido. El nuevo portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo tener conocimiento de que se firmaría en breve una orden ejecutiva al respecto, pero no brindó mayor información.
«Deberán esperar hasta recibir (el texto de) la orden», dijo Fleischer a los periodistas, y se limitó a agregar que Bush «se opone a usar los dólares de los contribuyentes para pagar abortos».
Pero las declaraciones de Fleischer sembraron aun más confusión, pues el portavoz no parecía tener conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos tiene prohibido desde 1973 suministrar financiamiento a la realización de abortos en el extranjero.
La novedad de la Política de México fue la extensión de la prohibición a toda organización que brinde servicios de aborto o asesore a las mujeres, aunque utilicen para hacerlo su propio dinero y no el aportado por Washington.
La IPPF, por ejemplo, ofrece varios servicios relacionados con el aborto, pero la mayoría de sus fondos se emplean para ofrecer anticonceptivos u otros servicios de salud reproductiva.
La restauración de la Política de México implicaría la eliminación de todo financiamiento a la IPPF, incluso destinado a los servicios que no se relacionen con el aborto.
Según muchos defensores del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, el efecto será el opuesto al que Bush, Smith y el movimiento antiabortista pretenden, pues reducirá la capacidad de las organizaciones a suministrar anticonceptivos.
Eso, afirmaron, contribuirá a aumentar la cantidad de abortos entre las mujeres pobres del mundo en desarrollo, y no a disminuirlos.
«La Política de México ya costó muchas vidas y aumentó en gran medida la cantidad de embarazos no deseados», dijo Ingar Bureggemann, director general de la IPPF, con sede en Londres.
«Más de 70.000 mujeres mueren cada año en todo el mundo por someterse a abortos poco seguros. Estas restricciones harán más difícil para las mujeres recibir el cuidado y tratamiento que necesitan», agregó Amy Coen, presidenta de Acción Internacional de Población.
De todos modos, el hecho de que una de las primeras acciones de Bush como presidente se refiera al aborto no es sorprendente, en especial a la luz de algunas de las designaciones en su gabinete.
La derecha cristiana es la principal integrante de una alianza que llevó al ex gobernador de Texas al poder, y la oposición al aborto era un punto fundamental de su política.
Este lunes, decenas de miles de manifestantes celebraron la protesta anual en Washington contra la decisión de la Corte Suprema que en 1973 despenalizó el aborto en este país.
El anuncio de Smith y la confirmación de Bush fueron aplaudidos por los manifestantes, que se reunieron ante el monumento a Washington, a pocos metros de la Casa Blanca.
«El primer paso hacia la cultura de la vida es dejar de exportar la cultura de la muerte», declaró Ken Connor, presidente del Consejo de Investigación Familiar, un grupo de la derecha cristiana.
Otra medida en consideración del gobierno sería revisar la aprobación de la Administración Federal de Medicamentos (FDA) al uso del fármaco RU-486 en Estados Unidos, que se utiliza para provocar el aborto sin la ayuda de un médico.
También se espera que Bush prohíba la financiación federal para los abortos en avanzado estado de gestación.
La ofensiva de Bush contra el derecho al aborto podría dificultar su capacidad para formar alianzas con el opositor Partido Demócrata. Las encuestas de la última década revelaron sistemáticamente que la mayoría de las mujeres estadounidenses apoyan el derecho al aborto.
De haber sido por las mujeres, Bush habría perdido por un margen de 12 por ciento en las elecciones presidenciales de noviembre.
«Bush dejó en claro que utilizará sus poderes presidenciales para socavar los derechos reproductivos de las mujeres del mundo», dijo Kate Michelman, presidenta de la Liga de Acción Nacional por el Aborto y los Derechos Reproductivos.
«Bush sigue despojándose de su fachada de moderación y ha puesto la agenda política de la extrema derecha en la vía rápida», agregó.
Durante los ocho años del gobierno de Clinton, los enemigos del aborto, dirigidos por Smith, intentaron limitar la financiación del gobierno estadounidense a los grupos extranjeros de planificación familiar que apoyan el aborto.
En varias ocasiones lo lograron, sobre todo cuando el Partido Republicano obtuvo la mayoría legislativa después de 1994. En 1996, por ejemplo, redujeron la ayuda a ese sector de 547 millones a 356 millones de dólares, y limitaron la cantidad que el gobierno podía desembolsar por mes.
Como Estados Unidos ha sido la mayor fuente de los proyectos de planificación familiar en el extranjero, las consecuencias fueron drásticas para algunos países pobres que dependen de esa ayuda.
Un acuerdo legislativo en 2000 aumentó esa cantidad a 425 millones para este año, pero prohibió que el dinero se comenzara a gastar antes del 15 de febrero. Entonces, Smith manifestó la esperanza de que Bush no utilizara el dinero si llegaba a la presidencia.
Bush aún no ha dicho qué hará con esos fondos ni si Estados Unidos seguirá aportando al Fondo de las Naciones Unidas para la Población. La contribución estadounidense para la agencia debería ascender este año a 25 millones de dólares. (FIN/IPS/tra-en/jl/mj- aq/pr he/01
