Una ola de problemas afrontan en México las autoridades de seguridad del gobierno de Vicente Fox cuando aún no han terminado de acomodarse en sus asientos. Los principales son la fuga de un jefe del narcotráfico y el atentado contra un gobernador.
Todos los esfuerzos para recapturar a Joaquín Guzmán, conocido como «El Chapo», convertido el sábado en el primer narcotraficante de renombre en fugarse de una cárcel de alta seguridad, tras permanecer siete años y siete meses detenido, resultaron infructuosos hasta este lunes.
Hay colusión entre el crimen y las autoridades y lo que sucede en estos días evidencia la «corrosión estructural de las instituciones nacionales por parte del crimen», señaló Jorge Tello, subsecretario (viceministro) de Seguridad Pública.
Los últimos incidentes de violencia «revelan llanamente que los botones de acción para enfrentar los desafíos de la inseguridad todavía no están en los dedos de los nuevos funcionarios», opinó el analista Roberto Zamarripa.
Fox, quien se convirtió el 1 de diciembre en el primer presidente de México ajeno al Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió reducir la delincuencia, primera preocupación de la población, según diversas encuestas.
Entre 1991 y 1999, el número de delitos denunciados en México aumentó alrededor de 70 por ciento hasta llegar a cerca de 1,4 millones anuales, indican estudios oficiales.
El día 17, antes de la fuga de Guzmán, una ex policía que al parecer sufre problemas mentales disparó contra el gobernador del estado norteño de Chihuahua, Patricio Martínez.
El funcionario se salvó de milagro, pues la bala entró sobre una oreja y tras recorrer el cuero cabelludo salió por la nuca, señalaron los médicos.
Las autoridades no descartaron que el atentado tenga relación con el narcotráfico, que cobró importancia los últimos años en Chihuahua debido a su ubicación en la frontera con Estados Unidos.
Otros delitos que llamaron la atención las últimas semanas fueron los breves secuestros de la contralora del gobierno de la capital, Bertha Luján, y del director de la policía judicial de la ciudad, Damián Canales.
A Luján le robaron dinero, según declaró, pero Canales aseguró que su secuestro fue una advertencia de la delincuencia organizada.
El oficial mayor del Tribunal Agrario, Luis Barreda, recibió un paquete-bomba que al explotar mató a su pequeño hijo y lo ha puesto al propio funcionario al borde de la muerte.
El domingo, otro artefacto similar, oculto en un arreglo floral, hirió de gravedad a una mujer en la capital, quien al parecer no tiene ninguna relación con la política o la función pública.
Las autoridades policiales recordaron que en México son las primeras dos ocasiones que se registran atentados con paquetes- bomba.
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, aseguró que el Poder Ejecutivo está haciendo todo lo que está a su alcance para aclarar los últimos crímenes y que la lucha contra el delito será una prioridad en los seis años que durará la Presidencia de Fox.
Pero Creel reconoció que la tarea es difícil, pues en las instituciones encargadas de lucha contra el crimen aún hay personas involucradas con la delincuencia.
En los gobiernos del PRI, los delincuente penetraron las instituciones del Estado generando un círculo de corrupción y criminalidad que tomará mucho tiempo desterrar, coinciden observadores.
La corrupción se elevó a problema de seguridad nacional, pues mantiene en riesgo el Estado de Derecho y por tanto la paz social y la convivencia, declaró el procurador general Rafael Macedo.
Las autoridades sostienen que entre los principales orígenes de la corrupción en México figuran el narcotráfico, cuyo desarrollo es proporcional a la demanda de drogas en el vecino Estados Unidos, el principal consumidor del mundo.
México, donde existen al menos cinco grandes carteles de la droga, el gobierno destina unos de 770 millones de dólares anuales a su combate. Sin embargo, sólo por la venta de cocaína los narcotraficantes locales obtienen unos 5.000 millones de dólares anuales. (FIN/IPS/dc/mj/ip/01
