La aprobación de la venta de modernos aviones de combate a Chile por Estados Unidos causó preocupación acerca de una posible carrera armamentista en América Latina y de la influencia de los militares chilenos sobre el gobierno civil.
Expertos en control de armas advirtieron que la venta podría causar tensiones en el Cono Sur y desatar una nueva carrera armamentista que podría desviar recursos públicos de los servicios sociales a las armas.
Algunos analistas urgieron esta semana a Washington a persuadir a Chile de modificar su pedido de 10 jets F-16 modelo C/D, de última generación, y aceptar a cambio modelos más antiguos del F- 16, que serían mucho menos costosos y no serían considerados tan amenazantes por los países vecinos.
«Washington podría vender a Chile el doble de F-16 A/B algo usados por la misma cantidad de dinero» y así «tranquilizar a los vecinos y rivales históricos de Chile, porque no se sentirían amenazados», opinó Tom Cardamone, experto del Consejo para un Mundo Habitable, un grupo que promueve el control de las armas.
La Fuerza Aérea chilena anunció en diciembre que, tras cuatro meses de estudios, decidió comprar 10 F-16 C/D a un costo aproximado de 600 millones de dólares para reemplazar su antigua flota de aviones franceses Mirage y F-15, de los años 60.
Los F-16, producidos por la estadounidense Lockheed Martin, ganaron la carrera a aviones de Francia, Suecia y otra compañía estadounidense, McDonnell-Douglas.
El Departamento de Estado (cancillería) se manifestó el miércoles «muy complacido» por la decisión de Chile y anunció que aceptaría la oferta, sujeto a una condición al menos.
Chile había pedido que los F-16 estuvieran equipados con misiles Amraam de última generación, que permiten a los pilotos rastrear y disparar a objetivos «sobre el horizonte» y son una de las armas más sofisticadas del Pentágono (ministerio de Defensa de Estados Unidos).
Washington venderá esos misiles a Chile, pero los retendrá hasta que otro país del Cono Sur adquiera un arma comparable de otra fuente, de acuerdo con la política estadounidense de no introducir en una región dada nuevas tecnologías que puedan alterar el equilibrio de poder, explicó Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado.
«Cuando algún otro país de esa región tenga misiles similares, entregaremos los nuestros a Chile», declaró Boucher.
Washington adoptó esa política hace 24 años, bajo la presidencia de Jimmy Carter. Carter también prohibió específicamente la venta de armas avanzadas a América Latina, que en ese entonces estaba gobernada en su mayor parte por dictaduras militares.
La prohibición, considerada la razón de que América del Sur haya gastado menos en armas que ninguna otra región en las últimas dos décadas, fue levantada por el presidente Bill Clinton hace cuatro años, cuando Chile comenzó a manifestar interés en los F- 16.
Chile sugirió que insistirá en la entrega del sistema Amraan, pero la mayoría de los analistas de Washington creen que la contraoferta de Estados Unidos finalmente será aceptada.
Además, la administración del presidente electo George W. Bush, considerada más favorable a la industria de las armas, podría revisar la posición del Departamento de Estado. Lockheed Martin está establecida en Texas, el estado natal de Bush.
Aun sin los misiles Amraam, la venta de los F-16 más avanzados a Chile podría provocar una carrera armamentista en el Cono Sur, coinciden los especialistas.
Aunque la región está más en calma que en 1997, cuando Chile comenzó a pedir precios, seguramente los ejércitos de Argentina, Bolivia y Perú presionarán para obtener nuevas armas que contrarresten la amenaza potencial de Santiago, agregan.
«No veo la razón estratégica de esa compra, más que mantener contento al ejército chileno», expresó Wayne Boese, analista de la Asociación para el Control de Armas, con sede en Washington.
«Y cuando se introducen armas más avanzadas, los vecinos se sienten obligados a hacer lo mismo, ya sea porque se sienten amenazados o por una cuestión de prestigio», añadió.
George Vickers, director de la Oficina de Washington sobre América Latina, coincidió con esa evaluación, y recordó que, cuando Washington dio su permiso inicial a las compañías estadounidenses para presentar ofertas a Chile, la decisión desató una reacción en cadena en la región.
Para aplacar a Argentina, Estados Unidos la reconoció como un «aliado extra-OTAN», un estatuto antes reservado sólo a aliados de Medio Oriente y Asia. Esa medida, a la vez, provocó una fuerte reacción de Brasil, que anunció su intención de comprar al menos 70 nuevos aviones de guerra por hasta 2.000 millones de dólares.
«Luego de la reacción inicial, Brasil dejó sus planes en un estante, pero la insistencia de Chile en llegar 'más allá del horizonte' seguramente molestará a Argentina, y eso a la vez será un problema para Brasil», vaticinó Vickers.
Perú, otro rival tradicional de Chile, también puede resultar afectado, añadió Vickers.
«Esto complicará más las relaciones ya tensas entre un nuevo y frágil gobierno civil y las Fuerzas Armadas de Perú», advirtió.
Además, «el hecho de que todos esos países estén saliendo de crisis económicas pone en duda su capacidad de pagar esas armas», añadió Vickers.
En cuanto a Chile, «la duda se refiere a quién toma las decisiones», señaló Michael Shifter, analista del grupo Diálogo Interamericano.
«¿Realmente (el presidente Ricardo) Lagos considera esto una prioridad? Si es así, ¿cuál es su argumento? ¿En qué medida refleja esta decisión una continuación de la influencia de los militares sobre el gobierno?», se preguntó Shifter.
Algunos analistas consideran que la compra fue producto de una negociación entre Lagos y las Fuerzas Armadas, en un momento de gran descontento de éstas por el procesamiento judicial del ex dictador Augusto Pinochet.
En virtud de la Constitución redactada por el general Pinochet, que sigue en vigencia, el ejército goza de cierta autonomía y puede utilizar ganancias de las exportaciones de cobre para adquirir armas.
De hecho, la Fuerza Aérea ya podría haber comprado los F-16 si el precio del cobre no hubiera caído tan abruptamente desde fines de 1996, según Cardemone, quien expresó dudas sobre la capacidad de Santiago de financiar la compra. (FIN/IPS/tra- en/jl/da/mlm/ip/01
