La anulación en Guyana de las elecciones generales de 1997 amenaza con sumergir a esta antigua colonia británica en una nueva crisis política y constitucional, dos meses antes de la realización de nuevos comicios.
La jueza Claudette Singh declaró nulos el lunes los comicios generales de diciembre de 1997, por considerar que fue inconstitucional obligar a los ciudadanos a presentar una tarjeta especial de identificación para poder ejercer su derecho al sufragio.
En elecciones anteriores, la presentación de un pasaporte o del documento normal de identificación era suficiente para que cualquier ciudadano habilitado, cuyo nombre apareciera en el padrón electoral, pudiera votar.
Sin embargo, en los comicios de diciembre de 1997, miles de ciudadanos fueron privados de su derecho al sufragio simplemente porque no tenían las tarjetas emitidas por la comisión electoral.
En total, el tribunal estimó que unas 30.000 personas, es decir poco menos de 10 por ciento del total de ciudadanos habilitados, no pudieron ejercer su derecho al voto.
Doodnauth Singh, el hombre que supervisó las últimas elecciones como presidente de la Comisión Nacional Electoral, consideró la decisión «sin precedentes».
«Esto significa que el parlamento y el gabinete fueron constituidos ilegalmente», dijo.
«Nunca supe de ningún juez en toda la Commonwealth que declarara nula una elección nacional en su totalidad. Pueden hacerlo en una región o circunscripción, pero no en todo el territorio. Esto tendrá graves consecuencias para el país», advirtió Singh, quien compareció en el caso como acusado y defensor a la vez.
La petición había sido presentada por varios partidos opositores a principios de 1998, semanas después de violentas manifestaciones callejeras que fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y balas de goma.
Preocupados por la posibilidad de una anarquía regional, los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) presionaron al gobernante Partido Progresista del Pueblo y al opositor Congreso Nacional del Pueblo para que firmaran un acuerdo que adelantara las elecciones para este año, en lugar del 2002.
La decisión judicial llegó en mala hora para el gobierno de Bharrat Jagdeo, ya que el PNC y otros partidos opositores más pequeños reclaman una administración interina que gobierne al país hasta las próximas elecciones.
El acuerdo especial había fijado el 17 de enero de 2001 como fecha límite para las elecciones, pero la Comisión Electoral arguyó que sería imposible cumplir con ese plazo y las pospuso para el 19 de marzo.
Desmond Hoyte, ex presidente y líder del PNC, sostuvo que los dos meses adicionales darán al actual gobierno mayor acceso a recursos públicos para hacer campaña contra sus rivales políticos.
Hoyte reclamó una administración provisional, pero el gobierno rechazó el pedido y los analistas lo consideraron insensato, dado el poco tiempo que falta para los próximos comicios.
Ahora que la justicia anuló las elecciones de 1997, Hoyte se proclamó vencedor y arguyó que la sentencia respaldó su posición de que el país ha estado conducido por un gobierno ilegal.
«Estamos en una crisis constitucional», afirmó Hoyte.
En la segunda parte de su sentencia, la jueza Singh enumeró varias maniobras fraudulentas, como la alteración de números para favorecer a un partido y la desaparición de urnas, pero éstas por sí mismas no constituían causa suficiente para anular las elecciones.
Unas 300 personas, desde integrantes de mesas electorales hasta el presidente de la Comisión Electoral, debieron brindar testimonio ante el tribunal.
La mayoría de los testigos confirmaron la acusación de la oposición de que varios formularios fueron falsificados y se introdujeron datos falsos en las computadoras de la comisión.
El tribunal tenía previsto reunirse nuevamente este martes para detallar las implicaciones nacionales de la sentencia.
Hasta el veredicto del lunes, estaba previsto que los ciudadanos tendrían que presentar nuevamente tarjetas especiales de identificación en los comicios de marzo para poder votar.
«Ahora, el parlamento tendrá que enmendar esa ley, pero el propio parlamento es ilegal, así que no sé cómo se hará», dijo Doodnauth Singh. (FIN/IPS/tra-en/bw/da/mlm/ip-hd/01
