Más de 1.300 defensores de derechos humanos de Rusia expresaron su preocupación por la falta de libertad de expresión y el abuso de la policía que caracterizan al gobierno de Vladimir Putin.
Los representantes de 350 organizaciones no gubernamentales (ONG), procedentes de 60 de las 89 regiones del país, asistieron en Moscú este fin de semana al Congreso de Emergencia de Defensores de Derechos Humanos, auspiciado por el liberal partido Yabloko y fundaciones de Estados Unidos y otros países.
«Rusia aparenta proteger la libertad de expresión, aparenta organizar elecciones libres y aparenta apoyar un sistema jurídico independiente», declaró Grigory Yavlinsky, líder de Yabloko, en el congreso.
Las políticas de Moscú parecen «misiones especiales», dijo Yavlinsky, en referencia al pasado del presidente Putin como agente de la KGB, el servicio secreto de inteligencia en la época de la Unión Soviética.
«Imagínense lo que habría ocurrido si el canciller alemán se declarara orgulloso de su, digamos, pasado en la Gestapo (nazi), mientras nuestro presidente se declara orgulloso de su paso por la organización que exterminó a miles de compatriotas», dijo el diputado liberal Sergei Kovalyov, otrora perseguido por la KGB.
El totalitarismo retorna «solapadamente» a Rusia, según Kovalyov, uno de los organizadores del congreso, que instó a los activistas a oponerse a esta situación, a la que llamó «putinismo».
El congreso se llamó de «emergencia» para reflejar la creciente inquietud por el futuro de Rusia, agregó. «Algunos argumentan que lo que ocurre aquí es una consecuencia natural de la desintegración de una ex superpotencia, pero yo sigo considerándola una tendencia peligrosa», opinó Kovalyov.
El comisario de derechos humanos Oleg Mironov, el único funcionario en asistir al Congreso, calificó la situación de derechos humanos del país de «insatisfactoria», y señaló que Putin sólo lo había recibido dos veces el último año.
Mironov, perteneciente al Partido Comunista, fue designado en su cargo por el Parlamento en 1998, en sustitución del respetado Kovalyov. Numerosas ONG denunciaron el nombramiento de Mironov como una estrategia comunista para socavar al movimiento de derechos humanos.
Delegados en el congreso expresaron su alarma por los intentos de Moscú de controlar a los medios de comunicación y por el creciente poder de la policía y otros organismos de seguridad.
Los activistas criticaron un proyecto de ley para limitar el número de partidos políticos y otro que permitiría cambios constitucionales propuestos por un pequeño grupo de políticos controlado por Putin.
El régimen anterior de Boris Yeltsin padeció numerosas violaciones a los derechos humanos, pero el gobierno de Putin parece decidido a negar el concepto de libertades civiles, sostuvo Valeriya Novodvorskya, defensora de derechos humanos.
El ecologista y ex capitán de la Armada Alexander Nikitin, quien fuera investigado durante cinco años por las autoridades porque habría revelado secretos de Estado sobre la seguridad nuclear de la Flota Septentrional rusa, instó a los activistas a proteger a los defensores del ambiente.
Nikitin fue declarado el primer preso político de la Rusia posterior a la Unión Soviética por la ONG Amnistía Internacional.
«El que las autoridades no hayan celebrado un referéndum sobre el ambiente en 2000 equivale a una grave violación de los derechos humanos», sostuvo Nikitin.
Con el fin de impedir la importación de combustible nuclear degradado, los ecologistas recogieron 2,5 millones de firmas el año pasado para celebrar un referéndum que decidiera la oposición de los electores a los materiales radiactivos.
Pero en noviembre, la Comisión Central Electoral rechazó más de un quinto de las firmas por errores técnicos, lo cual impidió que la iniciativa tuviera los dos millones necesarios para obligar a celebrar el referéndum. Los activistas sostienen que el gobierno ordenó que se impidiera la consulta popular.
Elena Bonner, presidenta de la Fundación Andrei Sajarov y presidenta honoraria del congreso, que no pudo asistir por razones de salud, instó a los activistas a unirse y a revitalizar sus valores morales ante la amenaza del autoritarismo.
El congreso apoyó la idea de declarar este año -el 80 aniversario de Andrei Sajarov- ocasión para proteger los derechos humanos en Rusia.
A pesar del pesimismo general, algunos activistas ven una luz al final del túnel. «Dentro de 10 ó 15 años Rusia estará de vuelta en el camino de las sociedades civilizadas, a pesar de los problemas de hoy. Pero tendremos que trabajar mucho para conseguirlo», argumentó Kovalyov. (FIN/IPS/tra-en/sb/mn/aq/hd/01
