Grupos de derechos humanos de Barrancabermeja, principal centro petrolero de Colombia, pidieron hoy observadores internacionales para garantizar su actividad en favor de víctimas de la violencia política.
Representantes del no gubernamental Comité para los Derechos Humanos (Credhos), que no se identificaron por razones de seguridad, informaron sobre contactos con embajadores de la Unión Europea y organizaciones mundiales humanitarias y de cooperación en busca de ayuda ante amenazas de paramilitares y guerrilleros.
Credhos recibió el año pasado unas 20 notas anónimas con advertencias sobre su trabajo y su sede debió ser cerrada en varias ocasiones a causa de intimidaciones contra el personal.
También afrontan similar situación organizaciones estatales, como la Red de Solidaridad Social, responsable de los programas de asistencia a las comunidades, y la Defensoría del Pueblo, (ombudsman).
Marco Romero, investigador de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que estas amenazas responden a una «lógica de regionalización de la guerra» en el país.
El experto explicó que los paramilitares de derecha se apropiaron de parte de la zona próxima a la ciudad, en el nordeste de Colombia, y los rebeldes izquierdistas de otra y, con esa lógica, ambos atacan a los activistas que atienden a la población civil cuando suponen que favorecen al bando contrario.
Integrantes de la Red de Solidaridad Social, que lleva alimentos y ayuda a pobladores de barrios de Barrancabermeja en los que tiene presencia la guerrilla, han sido amenazados por paramilitares por considerar que esa asistencia termina en manos rebeldes.
El predominio de los paramilitares en el curso medio del río Magdalena, que atraviesa Colombia de sur a norte, limitó la autonomía del movimiento social que se opuso en 2000 a crear allí una zona desmilitarizada para instalar negociaciones entre el gobierno y el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La posibilidad de un diálogo de paz entre representantes de la sociedad civil, el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN, la segunda guerrilla del país, intensificó los enfrentamientos armados en Barrancabermeja, donde se cometieron 23 asesinatos en las primeras dos semanas de este año, según las autoridades.
El diputado Gustavo Petro, ex dirigente del izquierdista M-19, comentó que Barrancabermeja, con 600.000 habitantes y un homicidio cada diez horas de promedio, se está convirtiendo «en el Sarajevo colombiano, donde los grupos armados disparan sin mirar a quien y con el único objetivo de sembrar el terror».
Los informes de organismos de seguridad indican que durante 2000 se cometieron unos 400 asesinatos, un índice de violencia comparable con el de una ciudad con el doble de población.
Al oriente de Barrancabermeja opera el ELN, que incrementó los atentados contra la infraestructura petrolera y energética para forzar el retiro del ejército de un área delimitada para concretar la llamada convención nacional, en la que elaborarán una agenda de paz con representantes de la sociedad civil.
También en el oriente de esa zona actúan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayor guerrilla del país, y en el centro y el sur las paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que atacan a la población civil que entienden apoya a los rebeldes.
Este centro petrolero es utilizado, además, como «puente» por los narcotraficantes protegidos por las AUC, que procesan pasta de coca en Puerto Boyacá, en el curso medio del río Magdalena.
La actividad petrolera de Colombia comenzó en la década del 20 en Barrancabermeja, y en la actualidad esta zona aporta cerca de 8.000 barriles diarios de los 700.000 que se producen en el país.
Este desarrollo y el hecho de que cuente con la principal refinería de crudo de Colombia, atrajeron a esta localidad a los grupos armados, según analistas.
El presidente Pastrana, ante el crecimiento de la violencia, reunió el viernes pasado al consejo de seguridad, integrado por ministros y organismos del área, para adoptar medidas de defensa de la población, informó el titular de la cartera de Interior, Humberto de la Calle.
El funcionario anunció el aumento de efectivos del ejército y de la policía en Barrancabermeja, restricciones al porte de armas, control de ingreso y tránsito de vehículos y personas a la ciudad, el toque de queda temporal y controles rigurosos de comportamiento de los miembros de los organismos de seguridad.
Una de las quejas de los grupos humanitarios es que una de las causas de la violencia es la actitud de miembros de las Fuerzas Armadas, que han facilitado por acción u omisión el avance de los paramilitares, a los que se les atribuye 80 por ciento de las masacres perpetradas en esa ciudad. (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
