La implementación hace un año de una ley que perdonó actos terroristas cometidos por radicales islámicos no logró sacar a Argelia de la espiral de violencia en la que se sumergió en 1992.
Al menos 23 personas fueron asesinadas, la mayoría a manos de militantes islámicos en atentados con explosivos o degollados, entre el 1 y el 18 de este mes. Unas 400 murieron sólo en la ola de violencia del último Ramadán, el mes sagrado de la religión musulmana a fines de 2000.
El Plan Nacional de Concordia Civil impulsado por el gobierno de Abdelazia Bouteflika con el fin de resolver los problemas económicos y de seguridad fracasó porque el presidente no tiene las llaves del poder, sostuvieron observadores en la capital de Marruecos.
«Bouteflika estaba condenado al fracaso. No tiene poder. El poder está en manos de los generales del ejército, y el propio Bouteflika es parte de la maquinaria militar que gobierna este país con mano de hierro», dijo el analista argelino Mohamed Assad, residente en Rabat.
En 1992, el gobierno canceló, con el respaldo del ejército, las elecciones en que el islámico Frente Islámico de Salvación (FIS) había ganado por un amplio margen.
La violencia en este país de 31 millones de habitantes en el norte de Africa, en general atribuida a grupos islámicos, causó el año pasado en la muerte de más de 2.000 personas, según cifras oficiales que fuentes independientes elevan a 9.000.
Los muertos en la guerra civil entre 1992 y enero de 2000 fueron 100.000, según diversos estudios.
El gobierno sostuvo que el Plan Nacional de Concordia Civil tuvo buenos resultados, pues allanó el camino para la reinserción a la sociedad de más de 5.000 jóvenes que abandonaron las armas.
«Estas personas pudieron haber sido asesinadas o asesinar a otros. El plan da un marco para integrar a esos jóvenes en la vida social y económica del país», dijo un funcionario en la Embajada de Argelia en Rabat que solicitó reserva sobre su identidad.
Unos 4.200 militantes del Ejército Islámico de Salvación, brazo armado del FIS, y de otros grupos se ampararon en la amnistía antes del plazo del 13 de enero de 2000. Alrededor de 1.300 fueron amnistiados.
La ley aprobada en referéndum por 98,63 por ciento del electorado argelino el 16 de septiembre de 1999 establece la amnistía para los fundamentalistas islámicos que no hubieran cometido crímenes de sangre o violaciones. También garantiza grandes disminuciones de pena para los que sí los hayan cometido.
Pero el régimen argelino es acusado de la desaparición de unas 1.000 personas. «El gobierno debe decir dónde están. Nadie puede decir que todo estos asesinatos fueron cometidos sin el conocimiento del gobierno», sostuvo Assad.
La izquierda argelina se opone al plan de paz de Bouteflika, a quien acusan de aflojar los controles de seguridad y dar carta blanca a los islámicos para cometer atrocidades.
La guerra civil argelina extiende su sombra sobre todo el norte de Africa. El ministro del Interior argelino, Noureddine Yazid Zerhouni, acusó al vecino Marruecos y a países del Golfo de fomentar la desesetabilización y la violencia extremista mediante la puesta en circulación de «información falsa».
El gobierno marroquí no respondió a las acusaciones, pero la prensa las calificó de «mentiras baratas». «Argelia procura exportar su propia crisis a la región», dijo Mohamed Bensaleh, analista de asuntos magrebíes para el diario marroquí Rissalat Al Oumma.
Argelia y Marruecos están enfrentados por el Sahara Occidental, un desierto rico en minerales ocupado y anexado por Rabat en 1975. Marruecos acusa a Argelia de respaldar al Frente Polisario, que reclama la soberanía de la región.
La violencia extremista no es el único problema de Buteflika. Argelia, un gran productor de gas y petróleo, sufre agudos problemas económicos y sociales. Alrededor de 22,2 por ciento de sus habitantes son pobres y 30 por ciento de su fuerza de trabajo está desempleada. (FIN/IPS/tra-eng/na/mn/mj/ip hd/01
