El gobierno de Colombia intensificó hoy los contactos para establecer una zona desmilitarizada para una negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza guerrillera del país.
En tanto, mantenía silencio sobre una reunión entre el Alto Comisionado de Paz, Camilo Gómez, y Manuel Marulanda, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para establecer la responsabilidad de esa organización guerrillera, la mayor del país, en el crimen del parlamentario Diego Turbay.
Gómez se reunió en la nororiental ciudad de Bucaramanga con representantes de gremios empresariales regionales para buscar consenso sobre la creación de una «zona de convivencia» con el ELN.
«Tengo la perspectiva de poder avanzar (en un acuerdo)», declaró Gómez este viernes. «Creo que hay muchos elementos favorables (a la negociación con el ELN). Tenemos una mirada positiva sobre los contactos y se están dando pasos importantes sobre la creación de un espacio».
La zona desmilitarizada concedida al ELN para la realización de una Convención Nacional de Paz, estaría en los municipios de Cantagallo y San Pablo, en el departamento de Bolívar, y Yondó, en el departamento de Antioquia, en la central región del Magdalena Medio.
El ELN solicitó un área desmilitarizada de 2.600 kilómetros cuadrados, mientras que autoridades locales y organizaciones empresariales regionales pretenden que sea de sólo mil.
Según un acuerdo preliminar entre el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN logrado a fines de diciembre en La Habana, la Convención Nacional de Paz que se realizaría en la zona desmilitarizada definiría las bases del acuerdo definitivo, que según pronósticos presidenciales tardaría nueve meses.
El optimismo reinante este viernes en torno al acercamiento con el ELN contrastaba con el escepticismo sobre el proceso de paz con las FARC, a las que el ejército y el jefe del opositor Partido Liberal, Horacio Serpa, atribuyeron la masacre en la que murió Turbay, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.
Turbay fue asesinado por un comando armado el 29 de diciembre, junto con su madre y otras cinco personas, en El Doncello, en el departamento del Caquetá, cerca de la zona desmilitarizada creada por el gobierno para el diálogo con las FARC.
El comandante del ejército, general Jorge Mora, declaró que «no hay absolutamente ninguna duda de que ese crimen lo cometieron bandidos de las FARC, dirigidos por Marulanda, (Raúl) Reyes (portavoz en las negociaciones de paz) y todos los demás».
«Las circunstancias me han llevado a estimar que fueron las FARC las que cometieron esta masacre», afirmó Serpa, quien forma parte de un frente común por la paz y contra la violencia en el que convergen el gobierno y diversos sectores políticos.
En una reunión del frente celebrada el miércoles en la sede del gobierno para analizar las implicaciones que tendría para el proceso de paz la eventual responsabilidad de las FARC en el asesinato de Turbay, se determinó el encuentro del Alto Comisionado Gómez con Marulanda y su estado mayor.
El crimen de Turbay se produjo un mes después de que las FARC decidieron unilateralmente congelar las conversaciones de paz con el gobierno de Pastrana mientras no definiera una política contra los grupos paramilitares, aunque mantiene el diálogo sobre un posible canje de prisioneros.
La zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados determinada por el gobierno para el diálogo con las FARC tiene vigencia hasta el 31 de enero.
«El proceso debe tomar un giro de 180 grados porque no ha avanzado», dijo el presidente del gobernante Partido Conservador, Ciro Ramírez. «No queremos un rompimiento pero el gobierno está listo y ha pensado también en romperlo».
En el mismo sentido se pronunciaron dirigentes del departamento de Antioquia afectado desde el 22 de diciembre por una escalada de atentados de las FARC contra torres de conducción de energía que mantiene sin fluido eléctrico a 14 municipios, incluidos los de la zona bananera de Urabá.
La presión para que el gobierno endurezca su posición frente al mayor grupo guerrillero de Colombia también proviene del exterior.
El diario estadounidense The Washington Post recomendó a Pastrana «acabar con las zonas de seguridad para las guerrillas», en un editorial publicado el miércoles que fue reproducido por la prensa local.
«Los colombianos claman al gobierno por ponerle fin a la zona de distensión. Pastrana, a cambio, está concediendo el control sobre un segundo pedazo de territorio a otro grupo rebelde, el ELN, que al igual que las FARC ha demostrado poco interés en la revolución y más en las drogas y el secuestro», dice el diario.
En cuanto al encuentro entre Gómez y Marulanda, al contrario de lo esperado, las partes mantuvieron hermetismo sobre los sucesos del 29 de diciembre. Sin embargo, la agencia de noticias de las FARC divulgó desde Suecia una entrevista con Reyes en la que se refiere a la masacre de El Doncello.
«Lo único que nosotros sabemos es que están muertos (…) Nos ha llegado información de que Diego Turbay al igual que su hermano y sus padres auspiciaban a grupos paramilitares», dijo el jefe guerrillero, en lo que fue interpretado por analistas en Bogotá como «pasos tendientes a justificar la acción».
En medio del clima de tensión que rodea los esfuerzos gubernamentales por preservar el proceso de paz con las dos principales organizaciones guerrilleras, también se escucharon pronunciamientos a favor de mantener el diálogo.
«Sigo siendo muy optimista con el proceso de diálogo», dijo Néstor Ramírez, alcalde de San Vicente del Caguán, principal centro urbano de la zona de distensión con las FARC.
«Sería terrible que se rompiera el proceso», dijo Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz, que agrupa a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Camilo González, coordinador del Mandato por la Paz, en el que convergen instituciones procives a la búsqueda de una solución política al conflicto, declaró: «Estamos en la encrucijada de seguir en la búsqueda de la solución negociada o ir a la guerra total».
Este viernes, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal, dijo que no es conveniente ventilar procesos como el asesinato de Turbay por los medios de comunicación «hasta tanto la Fiscalía determine la existencia de unas pruebas frente al grupo que cometió ese homicidio».
Bernal participó en el puerto petrolero de Barrancabermeja, en el Magdalena Medio, en una reunión para analizar la escalada de los grupos paramilitares en la región -donde se establecería la zona desmilitarizada para el ELN-, a los que se atribuyen 500 asesinatos en el 2000 y siete en lo que va de este año.
Grupos paramilitares fueron señalados como posibles autores de masacres ocurridas entre el jueves y este viernes en los municipios de El Peñol y Guatapé, a 80 kilómetros de Medellín, en las que murieron al menos 30 campesinos. (FIN/IPS/mig/ag/ip/01
