El gobierno de Fernando de la Rúa asumió hace 13 meses en Argentina con la promesa de poner énfasis en la política social tras 10 años de reformas neoliberales, pero ya decepcionó a amplios sectores políticos y sindicales por la falta de resultados en materia de empleo y combate a la pobreza.
Dirigentes de estos sectores se preparan para participar activamente en el Foro Social Mundial, que con el lema «Otro mundo es posible» reunirá del 25 al 30 de este mes en Porto Alegre, Brasil, a intelectuales, políticos y representantes de la sociedad civil para discutir alternativas al neoliberalismo.
El Foro cuenta con el apoyo de casi 300 entidades de todo el mundo, además de las 200 de Brasil, y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, quien aseguró que los objetivos de la cita coinciden «con las más elevadas prioridades de la comunidad internacional».
El encuentro tiene lugar deliberadamente en forma paralela al Foro Económico Mundial de Davos, que congrega todos los años en enero en esa ciudad de Suiza a presidentes y empresarios para promover políticas neoliberales y alentar nuevas inversiones.
Se enmarca, además, en el movimiento que comenzó en la segunda mitad de la década del 90 en las manifestaciones contra la globalización durante las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La arquitecta Patricia Isasa, del Congreso de Trabajadores Argentinos, dijo a IPS que el Foro Social Mundial pretende «mostrar que frente a lo que se impone como un pensamiento único, el pensamiento neoliberal, existe una pluralidad de opciones e ideas alternativas».
Como ejemplo mencionó el programa propuesto por su organización, que nuclea a trabajadores públicos y privados de varios sectores (maestros, empleados públicos, judiciales y aeronavegantes), para establecer un seguro de desempleo de 380 dólares mensuales y una asignación de 60 por cada hijo.
La iniciativa, que busca fortalecer el mercado interno, plantea detalladamente las fuentes para su financiamiento y tiene el respaldo de gran número de firmas de particulares, aún no ha sido tratada por el Congreso ni por el gobierno, que la escucharon pero no la consideraron viable.
Isasa, quien trabaja en la Secretaría de Relaciones Internacionales del Congreso de Trabajadores, sostuvo que el gobierno argentino, que asumió en nombre de una alianza de centroizquierda, decepcionó a su organización.
«Lejos de ser un gobierno progresista resultó un gobierno conservador, que mantiene las políticas de ajuste de la gestión de (Carlos) Menem (1989-99), el mismo modelo, pero además rebaja salarios», afirmó.
La decepción de los dirigentes de esta central sindical se suma a la de un grupo de parlamentarios oficialistas que manifiestan su descontento con la marcha del gobierno.
Los diputados socialistas ya abandonaron el grupo oficialista en el Congreso y un grupo de parlamentarios de los dos principales partidos de la coalición -la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario-, mantienen un subgrupo que aún no se decide a cortar lazos, pero está en el límite.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, en Argentina hay unos 14 millones de pobres en la ciudad y en el campo, cerca de 40 por ciento de la población total.
Entre los pobres, hay cerca de cuatro millones de indigentes y unos cinco millones de personas que hasta hace poco más de una década pertenecían a la clase media.
La consultora Equis señaló que en los años 90, la brecha entre ricos y pobres de Argentina aumentó 57 por ciento. Su director, el sociólogo Artemio López, aseguró que el tan mentado «derrame» hacia todo el tejido social que llegaría con el crecimiento no tuvo lugar ni en los mejores años económicos de la década.
Esta distribución regresiva corrió en forma paralela al creciente desempleo. La última medición indica que 14,7 por ciento de la población económicamente activa carece de empleo, pero los economistas admiten que se trata de un dato menor al real, porque no tiene en cuenta a los que ya no buscan trabajo.
El gobierno de De la Rúa asumió con la promesa de seguir adelante con la política de control de la inflación y privatizaciones de Menem.
Pero hizo hincapié en que daría prioridad a los sectores más postergados durante el gobierno anterior, como los jubilados, los pobres y los desempleados, y se comprometió a destinar mayores recursos a salud, educación, previsión social, justicia y seguridad.
Menem avanzó en el proceso de privatización con la idea de volcar los recursos que se devoraban las ineficientes empresas públicas a la mejora de esas otras áreas del Estado, pero luego de finalizada la subasta, los servicios se encarecieron, los controles no funcionaron y la inversión social no llegó.
Por eso De la Rúa prometió realizar esas inversiones y dar mayor poder a los organismos públicos de control de las empresas privatizadas, así como estimular un crecimiento capaz de crear nuevos empleos e impulsar un programa de asistencia social millonario.
Para ello, creó un Ministerio de Desarrollo Social y colocó al frente a una de las figuras más influyentes de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, quien saltó al escenario público como madre de un desaparecido y se convirtió en una destacada dirigente del ala más progresista de la coalición de gobierno.
Pero, sin recursos económicos durante 2000, los planes quedaron en nada, y actualmente la popularidad de la ministra se encuentra fuertemente menguada.
Las expectativas de crecimiento no se cumplieron y, lejos de avanzar en la senda prometida, el gobierno realizó una serie de ajustes para reducir el desequilibrio fiscal, atraer inversiones y reducir gastos, sin que ninguna de esas medidas diera los frutos esperados.
Sólo al finalizar su primer año de gestión, el gobierno obtuvo un fuerte respaldo de los organismos multilaterales de crédito que le permitirá hacer frente a los vencimientos de la deuda externa en 2001, pero los sectores progresistas siguen a la espera de respuesta para los sectores postergados. (FIN/IPS/mv/ag/dv/01
