El gobierno de Venezuela anunció la inversión de 140 millones de dólares en el Plan Especial de Desarrollo Sustentable, mientras expertos califican de débil a la gestión oficial en la preservación del ambiente.
La ministra de Ambiente y de Recursos Naturales, Ana Elisa Osorio, explicó a IPS que el eje del programa pasa por la protección integral del agua, «desde las cuencas, los parques nacionales y las fuentes hasta la distribución y la calidad» del producto.
La propuesta, en el marco de la llamada «sobremarcha ecológica, está dirigida a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, tanto en el corto como a largo plazo, pensando en la conservación y la preservación de las fuentes de agua», explicó.
Osorio agregó que el plan tiene implicaciones para el desarrollo del país, ya que una parte importante de los fondos será destinada al saneamiento de playas, esencial para el desarrollo turístico, y contribuir así a «la reactivación económica de algunos núcleos de la población».
El Plan también incluye un programa de educación ambiental, mantenimiento de cuencas y embalses de agua, recolección y tratamiento de aguas servidas, recuperación de las reservas de fauna, y programas de actualización de la cartografía nacional, en especial para el sur del país.
La ministra agregó que se trabajará en el tratamiento de los desechos tóxicos, planes de reforestación, acueductos y obras de almacenamiento de agua potable para asentamientos agrícolas integrales, ciudades de tamaño intermedio y nuevos desarrollos urbanos.
Los anuncios de Osorio siguieron a la difusión de un informe, en el cual 67 expertos del gobierno, de organizaciones no gubernamentales, de empresas privadas y del ámbito académico identificaron las fallas, los desafíos y los avances en la lucha en favor del ambiente en Venezuela.
La encuesta realizada por la nueva organización ecologista Vitalis señala que 21 por ciento de los consultados ubicó como principal déficit ambiental el débil trabajo gubernamental en el área, además de la problemática ocasionada por la basura y la contaminación.
El estudio agrega que 38 por ciento de los expertos precisó que la gestión del gobierno en este ámbito el año pasado fue «deficiente», 43 por ciento dijo que fue «regular», 17 por ciento la calificó de «buena» y sólo dos por ciento restante de «muy buena».
Pero las responsabilidades por esa desatención también salpican a los grupos no gubernamentales, ya que 15 por ciento de los preguntados dijo que tuvieron una actuación «deficiente», 39 por ciento entendió que fue «regular», 37 por ciento que fue «buena» y nueve por ciento optó por calificarla de «muy buena».
Los problemas de gestión gubernamental comprenden el desarrollo de políticas poco claras y la falta de vigilancia directa de las áreas protegidas y sobre el impacto ambiental en las zonas pobladas, a juicio de los especialistas.
También incidió la permanente reestructuración del Ministerio de Ambiente, con tres cambios de titulares en 2000 y un clima de inestabilidad que afecta a todo su personal, además del mal manejo de las áreas protegidas, agrega el estudio.
La situación ambiental que ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones de los expertos consultados, con 18 por ciento, es la pésima disposición de los desechos sólidos, líquidos y tóxicos y los deficientes servicios de saneamiento urbano.
Luego le siguen, con 15 por ciento, la degradación de los espacios, la contaminación de los suelos, agua y aire y su consiguiente efecto en el cambio climático.
En tanto, con nueve por ciento figura una de las principales preocupaciones de Vitalis, que es la desinformación y el débil posicionamiento del sector en la opinión pública, junto al bajo perfil del ambientalismo y a la falta de políticas de educación conservacionista.
Entre los problemas apuntados por los especialistas también se incluye el tendido eléctrico entre la Gran Sabana y Brasil, con ocho por ciento, al igual que la pérdida de biodiversidad, cacería y comercio de fauna.
La ocupación ilegal de terrenos, la pobreza y el crecimiento de los pasivos ambientales —los daños que no han sido resarcidos— también son apuntados como déficit en el área ambiental por parte de los expertos consultados.
En cambio, entre los logros presentados por el gobierno, 19 por ciento de los consultados destacó los artículos sobre conservación ambiental contenidos en la nueva Constitución, en vigor desde diciembre de 1999, y la ratificación del Acuerdo de Biodiversidad.
La investigación de Vitalis reveló, además, que 12 por ciento de los encuestados aplaudió las inversiones gubernamentales en biodiversidad, nueve por ciento señaló la mayor participación comunitaria en estos asuntos y siete por ciento la elaboración del Informe Nacional sobre Biodiversidad.
Una cuarta parte de los consultados se pronunció por el establecimiento de asociaciones estratégicas entre gobierno, grupos no gubernamentales y el sector académico, y 21 por ciento promovió fortalecer el trabajo en divulgación y comunicaciones. (FIN/IPS/ra/dm/en/01
