Los jefes de Estado y de gobierno de los 15 estados miembro de la Union Europea (UE) intentarán desde el jueves hasta el domingo alcanzar un acuerdo para reformar las instituciones comunitarias, a fin de permitir la ampliación del bloque.
La cumbre de la UE, que se realizará en Niza, sobre el Mediterráneo francés, debería concluir la ronda de negociaciones conocida como Conferencia Intergubernamental Europea, que comenzó en febrero.
Sin embargo, los conflictos de intereses entre los estados miembro sobre la reforma institucional sugieren que el acuerdo en Niza será mínimo en el mejor de los casos, en opinión de observadores.
La incorporación a la UE de los países de Europa oriental estaba originalmente prevista para 2004. Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovenia son los candidatos con mejores perspectivas de ingreso.
También se negocia la incorporación de Turquía, Rumania, Eslovaquia, Ucrania, Estonia, Lituania, Letonia, Croacia, Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Serbia.
Pero las dificultades para reformar las instituciones comunitarias obligaron a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, a reconsiderar ese calendario.
La reforma institucional es vista como vital para permitir en el futuro el funcionamiento efectivo de una UE ampliada, de 27 países miembro. Por ese motivo, la cumbre de Niza es aguardada como una instancia de refundación de la UE y tan importante como la de Maastricht (Holanda) de 1992 y la de Amsterdam de 1997.
Cuatro son los puntos neurálgicos de la reforma institucional europea.
Se trata de la ponderación de los votos de los países y la eliminación del derecho de veto y su sustitución por una mayoría calificada en el Consejo de Ministros, la limitación del número de miembros de la Comisión Europea, y la llamada cooperación reforzada entre algunos estados de la UE.
Prácticamente todos los 15 estados que conforman la UE defienden posiciones encontradas en estos temas. El conflicto de intereses llevó al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, a expresar su temor de que la cumbre de Niza sea un fracaso.
Prodi calculó el lunes las probabilidades de éxito de la reunión en «50 por ciento». Dadas esas dificultades, Alemania ha propuesto la celebración de una nueva Conferencia Intergubernamental en 2004.
La propuesta de Alemania de modificar la actual distribución de votos de los estados miembro en el Consejo de Ministros ha desencadenado una serie de demandas de los otros países, incompatibles unas con las otras.
Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, las cuatro naciones más pobladas de la UE, disponen de 10 votos en el Consejo de Ministros. En el otro extremo, el estado más pequeno, Luxemburgo, tiene 2 votos.
Alemania, cuya población asciende desde su reunificación en 1990 a 82 millones de habitantes, considera que la actual distribución de votos no refleja la diferencia demográfica entre los países socios y solicita una nueva ponderación, que la haría el estado más poderoso de la UE.
Pero esa nueva ponderación rompería el equilibrio de poder mantenido hasta ahora entre Alemania y Francia, que tiene 61 millones de habitantes, y al que el gobierno francés no quiere renunciar.
También Holanda y España pretenden aumentar sus votos. España considera que por su política fiscal y su pertenencia a la unión monetaria (conformada de momento por sólo 11 países) ha ganado el derecho de ser un «estado grande», a la par de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretana.
Holanda, por su parte, no quiere mantener su paridad actual con Bélgica, menos poblada.
Una alternativa a la nueva ponderación de los votos es la introducción de la llamada doble mayoría en el Consejo de Ministros.
Según esta propuesta, que fue presentada por la Comisión Europea y podría lograr consenso en Niza, las futuras decisiones del Consejo de Ministros deberían ser aprobadas no sólo por el mayor número de votos, sino también por mayoría de países.
De esa manera se evitaría una supremacía absoluta de los estados más poblados y la impotencia y la marginación de los menos poblados.
La eliminación del derecho de veto es también motivo de controversia. Hay en la actualidad 70 áreas de política comunitaria en las que las decisiones de la UE deben ser tomadas por unanimidad. Acuerdos previos a la cumbre de Niza redujeron ese número a 40.
Pero cuatro países quieren mantener su veto en áreas importantes de política comunitaria. Gran Bretaña se resiste a renunciar al veto en materia fiscal y Alemania, a ceder su control nacional sobre la política migratoria.
Francia, por su parte, desea preservar su soberanía actual sobre política cultural, un área que, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, debería ser exonerada de controles o ayudas estatales.
España, por su parte, pretende conservar su estatuto de beneficiario de la política comunitaria de subvenciones, que es financiada con los llamados fondos de cohesión.
España cuenta en este aspecto con el apoyo de Portugal y de Grecia, que temen la reducción de la disponibilidad de fondos de cohesión al ingresar en la UE los estados de Europa oriental y sudoriental, probables beneficiarios de ayuda para mejorar su infraestructura y para financiar su agricultura.
Otro punto neurálgico de la pretendida reforma es la limitación del número de miembros de la Comisión Europea. La Comisión, que está radicada en Bruselas, cuenta en la actualidad con 20 despachos y cada país tiene el derecho de designar al menos un comisario.
Los países candidatos a ingresar en la UE en el corto plazo desean mantener esta tradición. Pero la Comisión sufre ya por la lentitud de sus procesos administativos.
Conocedores de la burocracia de Bruselas estiman que sobre todo los sistemas de control, impuestos por los estados miembro, y el personal relativamente poco numeroso ralentizan el trabajo de la Comisión.
Por eso, es consenso generalizado en la UE que la cantidad de comisarios no puede crecer indefinidamente.
«Si la Unión Europea crece a 30 miembros, y todos los estados conservan el derecho de veto y el derecho de enviar comisarios a Bruselas, la UE se va a paralizar», advirtió Michel Barnier, comisario responsable de las Reformas Institucionales.
Barnier dijo que de la cumbre de Niza saldrá una «reforma útil», pero no «la gran reforma» que una UE más grande necesitaría para mantener su eficacia.
Para circunvalar esta parálisis, algunos estados quieren definir formas y áreas de cooperación, al margen de los tratados vigentes. Mediante una «cooperación reforzada», esos estados formarían un «nucleo duro» de vanguardia, que aceleraría su integración política.
El residente de turno de la UE, el francés Jacques Chirac, visitó en los últimos 10 días todas las capitales europeas, para atemperar los conflictos. A pesar de estas intensas negociaciones y otras celebradas entre los estados miembros las diferencias persisten en la víspera de la cumbre de Niza.
En Niza son esperados además miles de manifestantes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG) que quieren impedir el predominio de criterios económicos neoliberales en el gobierno europeo.
Sobre todo la posibilidad de que la UE adopte el llamado proceso de «vía rápida» para sus negociaciones con la Organización Mundial del Comercio ha alarmado a las ONG, que ven en ese procedimiento un mecanismo antidemocrático, que actuaría en detrimento de instituciones legítimamente representativas de la sociedad civil. (FIN/IPS/jg/ff/ip/00
