El destituido presidente peruano Alberto Fujimori escribe ahora sus memorias de una década (1990-2000) de gobierno autoritario y centralista desde el autoexilio en Tokio, a donde escapó para evitar ser juzgado en su país.
Mientras tanto, la gobernabilidad del país que dirigió con mano firme hasta su destitución en noviembre, cuando se encontraba en el tramo inicial de su tercer periodo presidencial consecutivo, aparece seriamente cuestionada.
Hasta sus adversarios reconocen la eficacia de los primeros años de gobierno de Fujimori, cuando derrotó a Sendero Luminoso, una organización guerrillera que parecía a punto de tomar el poder, y acabó con una hiperinflación de 7.000 por ciento.
No sólo ganó las elecciones de 1990 y 1995, sino que contó con el apoyo del sistema financiero internacional y de las Fuerzas Armadas, que le extendieron un cheque en blanco, aprovechado para generar una extrema concentración de poder.
También aprovechó políticamente la ayuda internacional y la venta de las empresas públicas; más de nueve millones de peruanos dependían el año pasado de la ayuda alimentaria del Estado, según datos oficiales.
«La política social de Fujimori consistió, en buena medida, en producir miseria social para cosechar mendigos agradecidos», afirmó el historiador Nelson Manrique.
La población de menores ingresos, a los cuales socorría con alimentos donados, fue el capital político con el que habría ganado las elecciones de abril de este año, aunque sus adversarios lo acusaron de fraude.
Sin partido y con una mayoría parlamentaria dócil, Fujimori concentró todas las decisiones en sus manos, pero su gobierno desembocó en la corrupción y el desgaste institucional que parece inevitable para todos los regímenes autoritarios y centralizados.
Desde que disolvió el Congreso en 1992 para convocar nuevas elecciones que le dieron una mayoría parlamentaria y una Constitución acorde con sus propósitos centralistas y reeleccionistas, su gobierno parecía fuertemente dependiente de las Fuerzas Armadas.
Los hechos que siguieron a su caída confirmaron una insiste versión que resultaba difícil de comprobar: el gobierno era ejercido en realidad por una sociedad conformada por el presidente, la cúpula militar y los servicio de Inteligencia.
Tal vez en algún momento inicial, esa asociación tripartita fue igualitaria, pero al final se descubrió que ni Fujimori ni los jefes militares ocupaban el lugar central del directorio, que correspondía a Vladimiro Montesinos, el jefe de Inteligencia, quien actualmente se encuentra prófugo.
«Fujimori parecía el Rey Sol, y podría haber dicho 'el Estado soy yo', pero no se advertía que había devenido en satélite de un sol negro, que desde las sombras manejaba el poder y fue convirtiendo al régimen en una dictadura mafiosa», afirmó el sociólogo Carlos Iván Degregori, del Instituto Estudios Peruanos.
El intento de destituir a Montesinos después que se difundiera un vídeo que lo mostraba sobornando al parlamenatrio opositor Alex Kouri, provocó la caída de Fujimori, cuando el ex hombre fuerte de Inteligencia le quitó el apoyo del bloque parlamentario que manejaba y sin el cual quedó en minoría.
Hasta el momento, a Fujimori sólo se lo acusa de haber tolerado la corrupción manejada por Montesinos, a quién se le descubrieron en noviembre más de 70 millones de dólares en bancos suizos, pero una comisión parlamentaria rastrea en la banca internacional en busca de cuentas secretas del ex mandatario.
Las escandalosas revelaciones que acompañaron al colapso del régimen de fujimori colocaron al saneamiento moral de las instituciones en el primer lugar de la agenda política del país, desplazando a un segundo plano a los programas sociales.
Antes de su renuncia, rechazada por un parlamento que ya había caído en manos de la oposición, Fujimori convocó a nuevas elecciones para el 8 de abril de 2001, proceso que ahora debe cumplirse bajo el control del gobierno provisional de Valentín Paniagua.
A la descomposición institucional se suma ahora la fragmentación de la oposición que derribó a Fujimoir y que hasta hace poco aparecía unida, provocando dudas sobre la gobernabilidad inmediata del país.
«Fujimori ejerció un gobierno centralista basado en el control del Congreso, pero todo indica que de las próximas elecciones surgirá un parlamento tanto o más fragmentado que el actual, y que al carecer de mayoría propia, el nuevo gobierno será débil y vulnerable», opinó el sociólogo Raúl Serrano.
Ya hay una veintena de políticos lanzados a la conquista del sillón presidencial. La mayoría no ha expuesto sus programas y se limitan a prometer un gobierno democrático, que respete los derechos humanos y castigue a los gobernantes y funcionarios corruptos del régimen depuesto en noviembre.
Para llegar al poder, Fujimori aprovechó la desconfianza popular a los partidos y al personal político de derecha e izquierda que ocupó la escena en la segunda mitad del siglo XX.
«El desenlace de la aventura fujimorista pondrá fin al predominio de los candidatos independientes, sin partido, ni ideología, ni trayectoria conocida», comentó el ex parlamentario Edmundo Murrugarra, en una opinión compartida por algunos analistas.
Sin embargo, las encuestas no confirman hasta ahora esa predicción, pues todos los candidatos, salvo la socialcristiana Lourdes Flores, corresponden a movimientos de tipo caudillista, de casi exclusiva vocación electoral.
Entre estos aspirantes se encuentra también el ex candidato presidencial Alejandro Toledo, quien encabeza los sondeos con 24 por ciento.
El analista Hugo Neira advirtió sobre el riesgo de que el próximo gobierno no pueda satisfacer las demandas sembradas por la expriencia fujimorista en la poblacion de menores recursos, mediante ayuda alimentaria y programas espectaculares de carreteras, escuelas y postas médicas.
«Si no se conecta eficazmente con los actores estratégicos que, mal que bien, atendió el fujimorismo, desde los andinos hasta la plebe urbana, desengañados del régimen representativo», podría producirse el reclamo del retorno «a la supuesta eficacia de un gobierno autoritario», concluyó Neira. (FIN/IPS/al/ag/ip/00
