La influencia de los activistas en las instituciones financieras internacionales fue demostrada este año por la prisa con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial intentaron que 22 países calificaran para lograr alivio de su deuda externa.
La cantidad de naciones examinadas por el banco y el FMI para decidir si podían acceder a los beneficios de la iniciativa para países pobres altamente endeudados fue mayor este año que en el período 1996-1999.
El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, elogió a organizaciones como Jubileo 2000, que impulsan la cancelación de la deuda de los países más pobres mediante campañas internacionales.
Jubileo 2000 y otras organizaciones de activistas lograron que los acreedores de países pobres prometieran cancelar deuda de esas naciones por valor de 100.000 millones de dólares.
Ann Pettifor, directora de la filial británica de Jubileo 2000, señaló sin embargo que ese movimiento no ha alcanzado por completo su propósito, que es la cancelación total de la deuda impagable de países pobres, y afirmó que «es hora de reinventar la campaña».
Muchas de las organizaciones de activistas por cambios en las instituciones financieras internacionales ganaron confianza tras el fracaso de la III Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se llevó a cabo a fines del año pasado en la ciudad noroccidental estadounidense de Seattle.
Esa conferencia terminó sin acuerdos, por discrepancias en la mesa de negociaciones y en el marco de masivas protestas de activistas.
Protestas similares se levaron a cabo durante reuniones de altos funcionarios del banco y el FMI realizadas en abril en Washington y en septiembre en Praga.
Muchos de los activistas expresaron su descontento por lo que consideran un «fracaso de representación» del banco y el FMI, que a su entender actúan en defensa de grandes intereses corporativos mundiales, y no de los intereses de personas cuya vida diaria se ve afectada por las decisiones de ambas instituciones.
Nancy Birdsall, de la Fundación Carnegie por la Paz Internacional, dijo que las protestas también apuntaron contra el control casi completo de las instituciones financieras multilaterales sobre «reformas sociales básicas» en el mundo.
Entre esas reformas, mencionó las de «los sistemas previsionales, los seguros mediante depósitos bancarios y la privatización de servicios de suministro de agua potable».
La creación del banco y del FMI en la Conferencia de Bretton Woods, realizada en 1944 en esa ciudad nororiental de Estados Unidos, buscó reducir el costo de los préstamos para los países más pobres, y el de los depósitos para las naciones más ricas, con la meta de aumentar la riqueza y la seguridad en el mundo.
«La más exitosa de las instituciones creadas con el espíritu de Bretton Woods es la Corporación Andina de Fomento (CAF, un banco de desarrollo cuyas operaciones comenzaron en 1970), la cual puede ser un modelo para el siglo XXI», afirmó Birdsall.
La CAF tiene 12 miembros de América Latina y el Caribe, y sus principales accionistas son los cinco integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, todos ellos deudores de la institución, cuya calificación crediticia es mejor que la de cualquiera de sus miembros.
Las condiciones de la CAF para conceder préstamos buscan establecer garantías específicas de amortización, sin imponer un modelo particular de reformas estructurales como lo hacen el Banco Mundial y el FMI.
Más de 90 países implementan en la actualidad algún tipo de ajuste estructural que les fue impuesto como condición para acceder a fondos del banco y el FMI.
El año pasado, el FMI impuso un promedio de 114 condiciones de ajuste estructural a cada uno de los países de Africa subsahariana que le pidió préstamos.
Los activistas también se quejan de la desproporcionada distribución del poder dentro del banco y el FMI.
Estados Unidos tiene 18 por ciento de los votos en los consejos directivos de ambas instituciones, lo cual le confiere poder de veto, mientras 43 naciones de Africa subsahariana son representadas por sólo dos directores ejecutivos en el FMI, con menos de cinco por ciento de los votos.
Los países asiáticos han manifestado especial irritación por el escaso peso que poseen en esas instituciones, pese a siu creciente importancia en la economía mundial.
Algunos reformistas han propuesto que Estados Unidos y la Unión Europea transfieran parte de sus acciones en el banco y el FMI a potencias emergentes como Brasil, China, India y Sudáfrica.
Stanley Fisher, subdirector gerente del FMI, anunció que esa institución comenzará a discutir en su próxima reunión de primavera (boreal) reformas propuestas por un grupo independiente de expertos creado en 1999.
Esas reformas incluirán una distribución de los votos «que refleje mejor el papel de cada miembro en la economía mundial», explicó.
Hay leves cambios en la retórica del banco y del FMI, con mayor énfasis acerca de los problemas de pobreza y desigualdad, señaló el ministro de Finanzas de Sudáfrica, Trevor Manuel, uno de los defensores de la redistribución de votos en las instituciones financiera internacionales.
El banco hizo abundantes referencias a políticas en favor de los pobres, participación y potenciamiento en su último Informe sobre el Desarrollo Mundial, y el FMI habló de la necesidad de gastos sociales eficaces en su último informe anual, indicó.
Sin embargo, la lentitud para concretar reformas de ambas instituciones no satisface las expectativas de los activistas, en cuyo seno existen dos tendencias.
El «ala izquierda» del movimiento pide reformas básicas, mejor administración de la globalización económica y vigilancia más severa de la conducta de las grandes corporaciones en cuestiones ambientales y laborales, apuntó Birdsall.
El «ala derecha» busca menos administración de la economía mundial y desea que ambas instituciones sean disueltas, añadió.
En marzo, un informe de la Comisión Asesora sobre Instituciones Financieras Internacionales, un grupo de trabajo del Congreso de Estados Unidos, proporcionó municiones a muchos intransigentes del «ala derecha».
Ese grupo de trabajo, también llamado Comisión Meltzer porque fue presidido por el académico Allan Meltzer, recomendó que el FMI dejara de otorgar préstamos a largo plazo para ajustes estructurales, y que el banco se limitar a brindar asistencia técnica a los países más pobres.
También aconsejó que ambas instituciones aumentaran su transparencia, por ejemplo mediante la divulgación con detalle de sus programas de préstamo y de las posiciones apoyadas por los integrantes de sus consejos ejecutivos en cada votación.
Otros actores importantes del movimiento reformista son organizaciones no gubernamentales que buscan una sociedad mundial más justa y han influido en importantes reformas del banco, en su apertura a la sociedad civil y en la incorporación de criterios ambientalistas en varios de sus programas.
Sin embargo, los más poderosos de esos grupos tienen sede en Estados Unidos y Europa, y no siempre representan los intereses de las poblaciones de países en desarrollo. (FIN/IPS/tra- eng/gm/da/ego/mp/dv/00
