La ejecución del Plan Colombia, definido por el gobierno como una estrategia antidrogas y de desarrollo, profundizó el conflicto armado interno y sus consecuencias afectan a los países vecinos.
El canciller colombiano Guillermo Fernández y la embajadora de Estados Unidos en este país, Anne Patterson, pusieron en marcha este programa el 28 de septiembre con la firma de un convenio para el desembolso de 800 millones de dólares de ayuda a la lucha contra el narcotráfico.
La suscripción el 2 de este mes del primer acuerdo con una comunidad campesina del departamento de Putumayo, en el sudeste del país, para la erradicación manual de cultivos ilícitos, fue considerada por la revista Cambio también punto de partida del Plan Colombia.
El presidente Andrés Pastrana comenzó su mandato en agosto de 1998 con el propósito de avanzar en el camino de la paz a través de negociaciones con la guerrilla, la recuperación económica y social del país, el fortalecimiento de la justicia y el respeto de los derechos humanos, y el enfrentamiento al narcotráfico.
Esas cuatro líneas de acción llevaron a Pastrana a iniciar contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país, que permitieron instalar una mesa de diálogo a comienzos de 1999.
Tras ello emprendió su primer viaje a Washington en busca de asistencia para su lucha contra el tráfico de drogas, pero allí «le cambiaron el libreto», según Marco Romero, de Iniciativa Paz Colombia, que nuclea desde septiembre a unas 60 organizaciones no gubernamentales que buscan alternativas al programa antidrogas.
Las conversaciones de Pastrana con líderes del Congreso de Estados Unidos y, en especial, con el jefe de la oficina de política nacional contra las drogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, dieron como fruto el Plan Colombia.
Este plan, que los dos gobiernos definen como «una estrategia integral para la construcción de la paz, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra el narcotráfico», es calificado por Romero de «plan para la guerra».
Romero explicó que el «cambio de libreto se observa en el destino de la ayuda especial definida por el Congreso estadounidense» a pedido del presidente Bill Clinton.
El costo total del programa bandera del presidente Pastrana es de 7.000 millones de dólares, 4.000 millones de los cuales son aportados por el Estado y unos 1.300 millones por Estados Unidos, en lo que es la mayor ayuda de ese país a Colombia en su historia.
El resto espera ser financiado por donaciones y créditos de países amigos y de organismos multilaterales. En la primera mesa de aportantes realizada este año en Madrid se recibieron recursos por 871 millones de dólares de España, Japón, Canadá y organismos financieros internacionales.
La Unión Europea (UE), de la cual se esperaba que llegara la ayuda faltante, anunció el 24 de octubre un aporte de apenas 300 millones de dólares, a ser desembolsados entre 2000 y 2006, pero destinado sólo a obras de infraestructura y desarrollo social en zonas afectadas por la erradicación de cultivos ilícitos.
Respecto de la asistencia estadounidense, cerca de 70 por ciento es para financiar, entrenar y dotar de pertrechos a los batallones antinarcóticos del ejército que operan en el sudeste del país, zona de gran presencia de las FARC y en la que se produce 60 por ciento de la hoja de coca colombiana.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, y el propio McCffrey aseguraron en el Congreso de su país, al defender el pedido de ayuda, que es para «restablecer el orden en el sudeste de Colombia».
McCffrey agregó que el narcotráfico y sus vínculos con la guerrilla se han convertido en problema de seguridad para el resto de América, en especial para Estados Unidos.
Esas expresiones fundamentan la opinión de Romero de que la estrategia estadounidense conduce necesariamente al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas, «que difícilmente podrían obtener ayuda externa de otra manera».
El activista de Iniciativa Paz Colombia sostuvo que el componente militar del plan antidrogas de Pastrana llevó a «una 'narcotización' del tema de la paz» y a un agravamiento de la guerra, ya que la guerrilla responderá aumentando también su capacidad militar.
Por su parte, Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, cree que el Plan Colombia «responde a una estrategia de largo plazo, alcance continental y objetivos muy precisos» de Estados Unidos.
Rojas dijo a IPS que, con el pretexto de la lucha antidrogas, se están poniendo en juego el control territorial, la explotación de los recursos naturales y la biodiversidad amazónica en beneficio de Estados Unidos.
El experto considera que el Plan Colombia no es una estrategia para la paz, porque «el solo anuncio contribuyó a un inusitado aumento de la actividad armada» en el departamento de Putumayo, que ocasionó el desplazamiento forzoso de miles de campesinos al exterior.
Informó que más de 12.000 personas cruzaron las fronteras hacia Ecuador, Perú y Venezuela entre enero y septiembre, lo cual ha llevado a que estos países militaricen las zonas limítrofes con Colombia.
Para Rojas, la erradicación manual de cultivos ilícitos no puede considerarse el eje del plan antidrogas de Pastrana, ya que el compromiso real es la destrucción de las grandes plantaciones y el combate contra los grupos vinculados al tráfico de estupefacientes.
El acuerdo para la erradicación manual de cultivos de coca firmado el día 2 involucra a 600 familias dueñas de 1.580 hectáreas, que forman parte de más de 70.000 que hay sembradas en Putumayo. El total de cultivos en Colombia sobrepasa las 120.000 hectáreas.
El coordinador de las Organizaciones Indígenas de Cuenca Amazónica, Antonio Jacanamijoy, señaló que la erradicación manual de cultivos «podría ser una buena medida» si se hace en forma concertada con las comunidades, se cumplen los compromisos pactados y se brindan otras opciones de desarrollo.
Jacanamijoy, de la etnia de los Inga que habitan en Putumayo, dijo a IPS que esa comunidad rechaza el Plan Colombia porque no fue consultada y porque no da respuesta a las necesidades de la población.
Putumayo, con unos 350.000 habitantes, es un departamento que en los años 50 recibió la colonización impulsada por los cultivos de caucho, en los 80 por la prospección petrolera y ahora por los cultivos de coca.
Sin embargo, fue una zona abandonada a su suerte por el Estado que hoy se disputan la guerrilla izquierdista y los paramilitares de derecha, explican los expertos.
Según Jacanamijoy, «la discusión sobre el Plan Colombia es larga y somos los habitantes de Putumayo los que sufrimos la guerra en medio de necesidades elementales, como la falta de alimentos, de vías de comunicación, de servicios de salud y de educación».
Al respecto, el delegado de la UE a la segunda mesa de donantes convocada en Bogotá, Renaud Vignal, aseguró que el aporte del bloque es una contribución sustancial orientada a «lo social y a la institucionalidad democrática» para sustentan los esfuerzos pacificadores del presidente Pastrana.
La UE entiende que en Colombia hay un conflicto político que requiere una salida y apoyan la solución negociada, pero «no se pelearán con Estados Unidos, su principal socio comercial por el tema del Plan Colombia», explican analistas.
Jaime Zuluaga, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, comentó que las reservas de algunos países de la UE respecto del Plan Colombia «son bastante previsibles».
El experto opinó que «la propuesta del plan de Pastrana se orienta fundamentalmente al incremento de la guerra en el país».
En ese marco, «es importante para los europeos» el hecho de que el proyecto del gobierno colombiano no tuvo en cuenta la opinión de las organizaciones sociales ni políticas, ni a los grupos rebeldes que piensa incorporar al proceso de paz.
Iniciativa Paz Colombia entiende que la estrategia gubernamental va a afectar severamente a los pequeños productores, el eslabón más débil en la cadena de producción y comercialización de drogas.
Por su parte, Acción Andina, dedicada a estudiar el narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia, y Transnational Institute, con sede en Amsterdam, afirmaron que la erradicación de cultivos ilícitos requiere «una propuesta integral».
La estrategia debe ser concertada con las comunidades, para lograr romper el circuito «de las drogas y la economía de guerra de los actores armados», que son los verdaderos motores de la actividad ilícita, explicaron los grupos no gubernamentales. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
