América Central reprobó este año su asignatura de derechos humanos debido al panorama reiterado de impunidad, al aumento de la pobreza y a la violencia social que azotó a los 35 millones de habitantes del istmo.
Los especialistas consultados por IPS aseguraron que durante el 2000 los países centroamericanos que más preocupación causaron fueron Guatemala, por su creciente inseguridad social y económica, y Nicaragua, por la fragilidad de sus instituciones.
Escándalos de corrupción que quedaron impunes, estudios que revelaron que uno de cada dos centroamericanos es pobre, aumento de muertes por dengue y presiones de Estados Unidos para que Panamá adhiera al Plan Colombia son considerados como los principales temas del año en la región.
«En el año 2000 no hubo una voluntad política real de los gobernantes del istmo por respetar a los derechos humanos», dijo a IPS Celia Medrano, coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
Medrano indicó que este año no hubo ningún avance en la situación de los derechos humanos y vaticinó que la tendencia actual hace temer retrocesos.
La inestabilidad social de la región se refleja en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que revela que el 58 por ciento los homicidios del hemisferio son cometidos en América Central, principalmente en Guatemala y El Salvador.
Laura Chinchilla, asesora del proyecto regional de justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo a IPS que el istmo es la región más violenta del continente.
Datos del PNUD y del BID revelaron que ante la inseguridad reinante muchos ciudadanos centroamericanos han decidido tomar la justicia en sus manos, como lo corroboran las más de dos millones de armas que se estima estarían en poder de civiles.
«En Guatemala este año hubo un empeoramiento en todos los niveles de los derechos humanos, especialmente en los civiles y políticos», dijo a IPS Mario Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de ese país.
Polanco fue víctima de atentados contra su vida este mes y el pasado, al igual que otros miembros del GAM.
Este año hubo en Guatemala 28 ejecuciones extrajudiciales, 300 amenazas de muerte y tres desapariciones forzosas, entre ellas la de la profesora universitaria Mayra Gutiérrez Hernández, según datos del GAM.
En Nicaragua, los expertos consultados consideran que la ausencia de instituciones estatales sólidas y los continuos escándalos de corrupción se convirtieron en la mayor fuente de preocupación para los defensores de los derechos humanos.
El caso de mayor repercusión durante el año fue el de Byron Jerez, un alto funcionario del gobierno de Arnoldo Alemán, quien protagonizó el llamado «checazo», un caso de supuesto desvío de cheques públicos hacia cuentas personales en el cual la justicia no encontró responsables.
«La impunidad no es cosa del pasado, está presente en todo el istmo, y en el El Salvador forma parte de los tres poderes del Estado», dijo a IPS al activista humanitaria Alma Benítez, autora de estudios sobre derechos humanos.
Benítez recordó el caso de Francisco Merino, ex vicepresidente de El Salvador y actual diputado, quien disparó este año en estado de ebriedad a una mujer policía y sin embargo no fue desaforado para ser juzgado por los tribunales.
La Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO) informó este año que el 20 por ciento de la población infantil salvadoreña subre desnutrición.
El «Informe sobre el desarrollo mundial 2000», difundido en septiembre por el Banco Mundial, reveló que la mitad de los centroamericanos vive en condiciones de pobreza y muchos de ellos sobreviven con menos de dos dólares por día.
Manuel Jiménez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Panamá, dijo a IPS que uno de los temas que mayor preocupación causó durante este año en el istmo fue el Plan Colombia, un programa antidrogas del presidente Andrés Pastrana que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
«Consideramos que Estados Unidos ha emprendido una campaña para que el gobierno panameño, que se ha mantenido neutral frente al Plan Colombia, se involucre en esa estrategia», afirmó Jiménez, quien considera que su país debe mantener su política de neutralidad en el conflicto interno del país vecino.
Los pueblos panameños fronterizos con Colombia han sufrido ataques de grupos armados en los últimos meses de este año y, según el experto, este hecho ha servido de base a Washington para pedir al gobierno de Mireya Moscoso que se adhiera al Plan.
No obstante, las violaciones de los derechos humanos en América Central ahora son menores que durante los años de guerra.
«Que los países de América Central ahora estén en democracia es una ventaja», dijo a IPS el canciller de Costa Rica, Roberto Rojas, quien consideró que durante el año 2000 el istmo logró avances y mejoras en la situación de los derechos humanos. (FIN/IPS/nms/ag/hd/00
