La detención de Jean-Christophe Mitterrand, hijo mayor del ex presidente francés François Mitterrand y acusado de venta ilegal de armas al gobierno de Angola, echó luz sobre zonas oscuras de la política de Francia en Africa.
Jean-Christophe Mitterrand, de 54 años, permanece desde el jueves en la prisión de La Santé, de París, y este miércoles fue rechazada su solicitud de libertad bajo fianza. También se le acusa de lavado de dinero y de abuso de autoridad.
Mitterrand actuó como intermediario entre el traficante de armas Pierre Falcone y el gobierno de Angola, aseguran los fiscales Isabelle Prévost-Desprez y Phillippe Courroye. En 1993 y 1994, Falcone, que está en prisión desde el 1 de este mes, habría vendido armas rusas a Angola por valor de 500 millones de dólares.
El acusado sirvió entre 1986 y 1992 como asesor en asuntos de Africa de su ya fallecido padre, el socialista François Mitterrand, que entonces desempeñaba la Presidencia.
Los fiscales afirman que utilizó la experiencia y las relaciones que obtuvo en esos años para realizar negocios ilegales con Angola, un país en guerra civil desde 1975.
Como pago de sus servicios habría recibido 1,9 millones de dólares de Brenco International, la empresa comercial de Falcone, registrada en Eslovaquia y dedicada únicamente a la venta de armas.
Mitterrand depositó 1,8 millones de dólares entre 1994 y 1998 en su cuenta bancaria en Suiza. Los 100.000 dólares restantes los recibió en forma de préstamos y regalos, directamente de Falcone, según Prévost-Desprez y Courroye.
El procesado admitió haber recibido pagos de Falcone, aunque se declaró inocente de los cargos que se le imputan.
Jean-Pierre Versini-Campinchi, abogado de Mitterrand, arguye que no hay acusación sólida contra su cliente. Mitterrand «hizo gestiones ante el gobierno de Angola en representación de una empresa extranjera» y «percibió en Suiza un pago acorde» con esa tarea, dijo.
Además, «las armas vendidas a Angola son rusas y no pasaron por el territorio de Francia. De acuerdo con la legislación francesa, mi cliente no cometió ninguna infracción», declaró Versini- Campinchi.
Pero los acusadores aseguran que una empresa del Estado francés, la Sociedad de Materiales, Sistemas y Servicios, conocida también como Sofremi, tuvo participación en la operación de venta.
Sofremi, disuelta en 1999, estaba en la jurisdicción del Ministerio del Interior, y era considerada una pantalla para la exportación oficial de armas de Francia.
Ex directores de Sofremi fueron también procesados, entre ellos algunos altos funcionarios del Ministerio del Interior, que en la época considerada tenía a su frente al gaullista Charles Pasqua.
La justicia francesa también libró un pedido internacional de detención del empresario ruso Arkady Gaydamak, un socio de Falcon que también tiene nacionalidad francesa, suiza e israelí.
El caso investigado expone a la luz pública la política seguida por Francia en Africa desde finales de los años 80 hasta principios de los 90, durante la presidencia de François Mitterrand.
El diario liberal Libération lo ha llamado «la explosiva herencia de la era de Mitterrand».
El escándalo descubierto «refleja el modo singular de hacer política» de los tiempos de Mitterrand, «en un ambiente en que los intereses comerciales y mafiosos convivían con la llamada realpolitik (realismo político)», señaló Libération.
Otros observadores destacaron que el gobierno de Mitterrand rechazó en 1994 todos los pedidos de intervención en Ruanda para detener el genocidio que perpetraba el régimen extremista hutu.
Cerca de un millón de personas, pertenecientes la mayoría a la minoritaria etnia tutsi, fueron asesinados en Ruanda entre abril y julio de 1994, hasta la caída del régimen hutu.
Según esos observadores, el gobierno de Francia estaba informado de los planes genocidas de los radicales hutus. Pero dio prioridad a espurias alianzas en la región africana de los Grandes Lagos sobre la vida de cientos de miles de tutsis.
Hacia 1990, las autoridades francesas aceptaron y estimularon ambiguos acuerdos de empresas del Estado y de altos funcionarios para vender armas al gobierno socialista angoleño de José Eduardo dos Santos.
El gobierno angoleño libraba hacía 15 años una sangrienta guerra civil contra la insurgente Unión Nacional para la Liberación Total de Angola, una fuerza derechista encabezada por Jonas Savimbi.
Jean-Christophe Mitterrand es llamado peyorativamente en círculos diplomáticos «Papamadit», o «Papá me ha dicho», porque justificaba sus actos arguyendo órdenes o deseos de su padre.
En 1993, luego de servir como consejero de asuntos exteriores de su padre, ingresó en la nómina de la empresa petrolera francesa Elf Aquitaine, que fue privatizada después de varios escándalos de corrupción.
En 1999, Elf Aquitaine fue adquirida por la compañía petrolera franco-belga TotalFina.
Según cálculos extraoficiales, Elf Aquitaine pagó comisiones ilegales por 500 millones de dólares en varios países, para retribuir contratos relacionados con la explotación de petróleo.
Una proporción importante de esas comisiones se destinó a políticos y funcionarios franceses que utilizaron a Elf Aquitaine para el lavado de dinero ilegal. (FIN/IPS/tra-en/jg/sm/ff/ip/00
