La Corte Suprema de Justicia de Chile acogió hoy un recurso de amparo a favor de Augusto Pinochet y anuló el auto de procesamiento expedido en su contra hace tres semanas, pero a la vez ordenó diligencias en plazos perentorios que pueden llevar a un encausamiento criminal del ex dictador.
El dictamen de la sala penal del máximo tribunal chileno revirtió por vicios de procedimiento la decisión que el día 1 adoptó el juez Juan Guzmán, quien dispuso el arresto domiciliario y el procesamiento de Pinochet por los crímenes cometidos en 1973 por la llamada «caravana de la muerte».
La sala penal aceptó, con cuatro votos a favor y uno en contra, el argumento de la defensa del ex dictador y general retirado de 85 años, en el sentido de que Guzmán determinó su encausamiento sin haberle tomado la declaración indagatoria y le fijaron un plazo de 20 días para que cumpla esa diligencia.
El dictamen puntualizó que Guzmán debe tomar la declaración al ex dictador y desaforado senador vitalicio independientemente de que se le hayan realizado o no los exámenes médicos, tanto físicos como mentales, para establecer si está en condiciones de ser sometido a juicio e imputado penalmente.
El presidente Ricardo Lagos declaró que el fallo de este miércoles constituye «una etapa más en el juicio» y una demostración de que «el Poder Judicial funciona a plenitud», y subrayó: «Me corresponde sólo garantizar que puedan funcionar adecuadamente los tribunales».
Lagos agregó que en conformidad con lo anunciado a comienzos de este mes, una vez concluida la tramitación del recurso de amparo de Pinochet, convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para que los mandos de las Fuerzas Armadas expresen sus puntos de vista sobre el juicio al ex dictador (1973-90).
Los comandantes del ejército, general Ricardo Izurieta, la marina, almirante Jorge Arancibia, la fuerza aérea, general Patricio Ríos, y la policía de Carabineros, general Manuel Ugarte, pidieron una reunión del Cosena apenas el juez Guzmán dispuso el encausamiento y arresto de Pinochet.
Lagos se reunió entonces con los cuatro comandantes y logró que éstos aceptaran su idea de diferir la convocatoria del Cosena para impedir que se planteara una virtual interferencia o presión al Poder Judicial.
Los cuatro comandantes de los cuerpos militares forman parte del Cosena, un organismo de ocho miembros que encabeza el Presidente de la República e integran además los presidentes del Senado y la Corte Suprema y el Contralor General.
Lagos no precisó la fecha en la que convocará al Cosena. «Ahora estamos en una etapa más bien de fiestas y en algún momento que me parezca oportuno voy a hacer la citación», señaló el mandatario, dando a entender que lo hará después de las fiesta de Navidad y Año Nuevo.
Lagos conoció el dictamen de la Corte Suprema en la localidad de San Pedro de Atacama, unos 1.300 kilómetros al norte de Santiago, hasta donde viajó para ratificar con el presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, un tratado de integración minera.
En Santiago, tanto los abogados querellantes contra el ex dictador como dirigentes de organismos de derechos humanos coincidieron en señalar que si bien la Corte Suprema acogió el amparo a favor de Pinochet, al mismo tiempo dejó al ex dictador en la antesala de un posible enjuiciamiento definitivo.
El día 1, el juez Guzmán ordenó arrestar a Pinochet y encausarlo como coautor de 18 secuestros y 57 homicidios cometidos entre septiembre y octubre de 1973 por la «caravana de la muerte» en varias ciudades de Chile.
La «caravana», cuyo mando operativo correspondió al general Sergio Arellano, fue una misión especial que Pinochet asignó tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para «agilizar» procesos en tribunales de guerra contra presos políticos izquierdistas.
Guzmán, quien inició en enero de 1998 la investigación de una querella por este caso contra Pinochet, acumula actualmente casi 200 causas contra el ex dictador, despojado el 8 de agosto último por la Corte Suprema de sus fueros legislativos como senador vitalicio.
Pinochet permaneció bajo arresto domiciliario en Londres durante 503 días, entre el 16 de octubre de 1998 y el 2 de marzo de este año, hasta que el ministro británico del Interior, Jack Straw, dispuso su liberación por razones de clemencia, interrumpiendo así un juicio para extraditarlo a España.
Durante su permanencia en Londres, Pinochet recibió por vía diplomática un extenso interrogatorio del juez Guzmán sobre la «caravana de la muerte», dando una escueta respuesta en la cual señaló que no estaba en condiciones de responder las preguntas, aunque insistió en su inocencia ante los crímenes investigados.
El magistrado consideró que con esa gestión se había cumplido la diligencia de la declaración indagatoria, que según las leyes chilenas se debe tomar a toda persona inculpada antes de proceder a su encausamiento penal.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la semana pasada el argumento de la defensa de Pinochet, en el sentido de que tal diligencia no se había desarrollado, y procedió a suspender tanto el arresto como el procesamiento del ex dictador.
Ese criterio fue ratificado este miércoles por la Corte Suprema, con el agregado de que el máximo tribunal no solo ordenó expresamente a Guzmán que realice el interrogatorio a Pinochet, sino que además le fijó para ello un plazo perentorio, que vencerá el 10 de enero. (FIN/IPS/ggr/ag/hd ip/00
