El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se apresta a promulgar una ley para permitir a las autoridades impositivas levantar el secreto bancario sin autorización judicial, aunque el proyecto puede ser anulado por la justicia.
La iniciativa aprobada este mes es considerada inconstitucional por la mayoría de los abogados y jueces que se pronunciaron hasta ahora sobre el asunto.
El objetivo inmediato de la iniciativa es aumentar la recaudación para volver a equilibrar el presupuesto nacional, ante el aumento del salario mínimo a 180 reales (92 dólares) a partir de abril, que ampliará el déficit del sistema público de previsión social.
Será un arma decisiva contra la evasión fiscal, pero además ayudará a luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero, señaló el secretario de ingresos federales, Everardo Maciel.
Para ello se cuenta también con los datos recogidos a través del llamado «impuesto sobre cheque», que en la actualidad grava en 0,3 por ciento las sumas retiradas o transferidas de todas las cuentas bancarias.
Ese tributo, creado temporalmente hace cinco años para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, luego se prorrogó para hacer frente a los efectos de las turbulencias financieras internacionales y tiende a convertirse en permanente.
Su aplicación desnudó con cifras concretas una segunda economía brasileña subterránea, que no cumple sus obligaciones ante el fisco.
Maciel puso como ejemplo a 24 grandes empresas por cuyas cuentas bancarias pasaron más de 21.500 millones de reales (11.000 millones de dólares) en un año, pero que oficialmente están cerradas y por tanto no pagan un centavo en tributos.
De igual modo, declararon no obtener ingresos suficientes para pagar impuesto de renta 62 personas, que movilizaron este año en sus cuentas 11.000 millones de reales (5.600 millones de dólares), y 45 microempresas, cuyo movimiento financiero supera en promedio cada una 600 millones de dólares anuales.
La legislación que creó el «impuesto sobre cheques» prohibía el uso de esas informaciones por las autoridades. Pero un proyecto ya aprobado en el Congreso, junto con el que flexibiliza el secreto bancario, autoriza el cruce de datos para identificar delitos fiscales y financieros.
El gobierno espera con esas nuevas normas ampliar la recaudación en por lo menos 1.600 millones dólares al año, que hacen falta en el presupuesto de 2001 para cubrir el aumento de 13 millones de jubilaciones que acompañan el incremento del salario mínimo.
El aumento efectivo puede alcanzar el triple, ya que la evasión fiscal es muy grande en el país, según diputados que defendieron los proyectos ante el deseo generalizado de elevar el salario mínimo nacional.
Sin embargo, casi todas las voces procedentes del sistema judicial prevén una frustración de ese entusiasmo, porque es muy probable que la Suprema Corte de Justicia anule la norma por entender que viola el derecho al secreto bancario contenido en la Constitución.
Hasta ahora sólo una orden judicial puede permitir a las autoridades impositivas o policiales el acceso a cuentas bancarias y telefónicas, así como a la correspondencia, siempre si hay sospechas fundadas de delitos.
El presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Reginaldo de Castro, llegó a calificar de «fascista» el proyecto aprobado y dijo que los parlamentarios engañan a la opinión pública, porque ellos mismos no creen factible la concreción de la futura ley por inconstitucional.
El problema fue creado por el Senado, al suprimir la exigencia de autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario, dijo el diputado Ney Lopes, relator del proyecto en la cámara baja.
Los diputados aprobaron una propuesta que limitaba a 72 horas el plazo para que un tribunal respondiera al pedido de la autoridad impositiva. Pasado ese período sin una manifestación de la Justicia, se liberaba automáticamente el acceso a las cuentas bancarias de los sospechosos.
De Castro y varios jueces también condenaron esa forma como inconstitucional. Líderes empresarios e industriales también se manifestaron en contra de alteraciones en la legislación actual que protege la privacidad.
Miembros de la Suprema Corte de Justicia criticaron al Congreso por dejarles la responsabilidad de anular la ley y hacerlos aparecer ante la opinión pública como defensores de criminales e incumplidores del deber fiscal.
El presidente del Senado, Antonio Carlos MagalhFes, opinó que los jueces deberían ser flexibles y valorar los beneficios de la nueva legislación, especialmente en el combate contra la corrupción, aunque «violando un poquito» la Constitución.
Las dos leyes son acompañadas de cambios en el Código Tributario, que cierra brechas legales a la evasión fiscal.
Todos estas modificaciones se aprobaron este mes, ante la necesidad de crear las condiciones para resolver el presupuesto del próximo año, que debe ser definido por el parlamento antes de este viernes, y que contempla el aumento del salario mínimo. (FIN/IPS/mo/dm/ip/00
