El general Wiranto, el ex jefe del ejército de Indonesia acusado de organizar matanzas y saqueos en Timor Oriental, lanzó un disco de canciones de amor con el fin de recaudar fondos para refugiados y víctimas de un terremoto.
El lanzamiento del álbum, destinado a refugiados de la provincia de Aceh y a las víctimas del terremoto de la provincia de Bengkulu, no significa un cambio de carrera, aclaró Wiranto, quien volvió al centro de la atención pública en las últimas semanas.
El militar fue entrevistado en programas de televisión, radios y revistas, lo que llevó a muchos a creer en un intento de reparar su imagen dañada tras su expulsión del gabinete de gobierno, en febrero.
La renovada notoriedad de Wiranto no cayó bien entre los activistas de los derechos humanos.
«Los violadores de los derechos humanos son personas respetables en este país. Pueden aparecer y cantar por televisión sin ningún problema», comentó Todung Mulya Lubis, del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos (Yapusham).
«Y muchos miembros de la sociedad no los consideran culpables, porque la violación de derechos humanos no es un crimen aquí, aunque es un grave crimen contra la humanidad», dijo.
Wiranto no ha sido investigado oficialmente por la ola de violencia que azotó a Timor Oriental tras el referendo de autodeterminación de agosto de 1999, en el que la abrumadora mayoría se pronunció a favor de la independencia de Indonesia.
El ex jefe del ejército ni siquiera figura entre los 22 oficiales militares mencionados por la Fiscalía General como partícipes de la ola de saqueos, incendios y asesinatos que obligó a decenas de miles de timorenses orientales a huir y a una fuerza internacional de paz a intervenir.
La ola de violencia fue perpetrada por grupos paramilitares proindonesios, respaldados por el ejército de Indonesia.
Ningún policía ni militar fue acusado tampoco por el ataque producido en 1998 en la Universidad de Trisakti, donde siete estudiantes fueron asesinados a tiros.
Las manifestaciones estudiantiles de ese año desencadenaron protestas multisectoriales que obligaron al entonces presidente Alí Suharto a renunciar luego de 32 años en el poder.
Los derechos humanos tampoco mejoraron durante el período posterior de «reformasi», señalan los activistas, porque la violencia continúa e incluso se ha agravado en Aceh, Papúa, islas Molucas y Kalimantán.
Entre el 1 de enero y el 7 de diciembre de 2000 se denunciaron 1.216 casos de violaciones a los derechos humanos en todo el país, informó la Comisión para las Víctimas de la Violencia y Personas Desaparecidas (Kontras).
Los incidentes denunciados provocaron la muerte de 2.119 personas, y dos tercios de ellas murieron mientras estaban bajo custodia del Estado, según Kontras.
En la policía se encuentran los principales violadores de derechos humanos, seguidos por el ejército, afirmó el grupo.
El presidente Abdurrahman Wahid prometió reformas políticas que incluirían una dura campaña contra la corrupción y los abusos, pero cumplir con su promesa no es tarea fácil.
En cuanto a la promoción de los derechos humanos, la mayor dificultad consiste en cambiar la mentalidad de la gente. «Los indonesios creen que los gobernantes tienen derecho a hacer lo que quieran», comentó Lubis.
«Para muchos, el concepto de derechos humanos es algo desconocido, o en todo caso un instrumento que Occidente utiliza para afirmar su hegemonía», agregó.
Tanto es así, que si la Fiscalía General comenzó a investigar la violencia en Timor Oriental fue sólo por la presión internacional, según observadores.
Prueba de esto, agregan, es el hecho de que nadie ha sido acusado por la anarquía que asoló a Yakarta, la capital, en 1998.
Investigaciones de organizaciones no gubernamentales concluyeron que miembros del ejército instigaron los disturbios y violaciones de mujeres chinas en Yakarta, en mayo de ese año.
Aunque algunos indonesios comienzan a comprender lentamente el concepto de derechos humanos, muchos no toleran que organismos extranjeros investiguen al ejército nacional, señalan activistas.
«¡Detengan la intervención extranjera!», decía una pancarta de un grupo de manifestantes apostados el día 11 frente al edificio de la Cámara de Representantes, adonde había concurrido una delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los manifestantes, que luego intentaron impedir la salida del vehículo que transportaba a los funcionarios de la ONU, protestaban contra la participación del foro mundial en las investigaciones sobre la violencia en Timor Oriental. (FIN/IPS/tra-en/ky/ral/mlm/hd/00
