Los gobiernos deben considerar a las mujeres que son objeto de tráfico internacional con objeto de prostitución como víctimas y no como delincuentes, abogan organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Esa distinción es fundamental si esas mujeres han de ser protegidas del flagelo mundial que significa el tráfico de seres humanos por parte de organizaciones criminales, agregan.
Los gobiernos deben reconocer la diferencia en lugar de suponer que las mujeres son «delincuentes e inmigrantes indocumentadas», según Widney Brown, de Human Rights Watch, la mayor organización de derechos humanos de Estados Unidos.
Es una distinción que alentará a las mujeres a confiar en los gobiernos como sus protectores y a ayudarlos a llevar ante la justicia a los responsables de estos «crímenes horrendos», declaró Vachararutai Boontinand, de la Alianza Mundial contra el Tráfico de Mujeres, una organización con sede en Bangkok.
Esta opinión aún no goza de aceptación universal, según Brown y Boontinand.
De hecho, no fue incluida en el texto de un protocolo agregado a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional discutida en Palermo, Italia, entre los días 12 y 15.
«Es un instrumento fallido», dijo Brown, ya que es «débil en el tema de proteger a las mujeres víctimas del tráfico».
Sin embargo, los gobiernos pueden superar esa falta, al «invertir tiempo y recursos para investigar casos de tráfico, en lugar de suponer que las mujeres son delincuentes e inmigrantes indocumentadas», agregó.
Boontinand comparte esa opinión y señala que los gobiernos deberán cesar la forma en que tratan a las mujeres víctimas de tráfico. En muchos países son arrestadas, castigadas por haber ingresado y trabajado ilegalmente y deportadas, explicó.
Pino Arlacchi, director del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de la Droga y la Prevención del Delito, señala que el protocolo pretende «un cambio en la forma en que vemos y tratamos» a las mujeres traficadas y obligadas a la prostitución y la «esclavitud sexual».
«Ya no serán consideradas cómplices. No deben ser penalizadas, sino que necesitan ayuda y protección», argumentó.
El protocolo se concentra en tres áreas de acción: la prevención y el combate contra el tráfico de personas (con especial atención a mujeres y niñas), la protección y la ayuda a las víctimas con respeto por sus derechos humanos, y la cooperación entre los gobiernos para cumplir estos objetivos.
El protocolo fue firmado por 60 países en Palermo, comparado con las 100 firmas que refrendaron al tratado principal contra el crimen organizado.
El compromiso de la comunidad internacional es necesario para ayudar a miles de mujeres obligadas al «trabajo esclavo» por organizaciones criminales», dijo Kathryn McMahon, de la organización no gubernamental estadounidense Coalición para Abolir la Esclavitud y el Tráfico.
«Me horroriza la cantidad de personas víctimas de tráfico. Y es cada vez peor en todo el mundo. Los gobiernos no pueden seguir haciendo la vista gorda», sostuvo.
En Estados Unidos, por ejemplo, casi 100.000 mujeres son obligadas a trabajar como prostitutas. En Japón, entre 40.000 y 50.000 tailandesas fueron prostituidas por organizaciones criminales, según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre Crimen y Justicia.
La cantidad de «prostitutas ilegales en la Unión Europea se encuentra entre 200.000 y 500.000. Dos tercios proceden de Europa oriental y el resto de países en desarrollo», precisa el informe.
La forma en que las jóvenes son llevadas a prostituirse es similar en todo el mundo, según el informe. «Responden a anuncios para trabajar como empleadas domésticas en el exterior y resultan vendidas mediante catálogos o por familiares cercanos».
Una vez que han sido esclavizadas, «con frecuencia son golpeadas y violadas antes de ser vendidas de un prostíbulo a otro. Suelen trabajar hasta 18 horas diarias».
No hay vía de escape para estas mujeres, ya que «están a merced del dueño del prostíbulo y se encuentran, en muchos casos, en forma ilegal, sin pasaportes, en un país extranjero y obligadas a pagar deudas a intermediarios, gastos por el viaje y la suma que el propietario pagó por ellas».
Para Boontinand, estas son razones suficientes para justificar un «enfoque basado en los derechos humanos».
Por otra parte, para Brown, ese enfoque también debe incluir el compromiso de los gobiernos de brindar servicios de apoyo a las mujeres traficadas, incluso la asistencia médica, asesoramiento jurídico y protección. (FIN/IPS/tra-en/mmm/da/aq/hd ip/00
