La aprobación parlamentaria de una Ley de Prensa que se discute desde hace siete años en Chile es el único recurso que permitiría poner fin al exilio en Estados Unidos de la periodista Alejandra Matus, dijo a IPS la abogada María Angélica Acuña, madre de la profesional.
Matus, quien recibió a fines de 1999 la condición de refugiada política en Estados Unidos y reside en Miami, denunció el jueves como una arbitrariedad la decisión del juez Jaime Rodríguez de cerrar en forma temporal el proceso que se le sigue por supuestas infracciones a la ley de Seguridad del Estado.
El juicio se abrió en junio de 1999, cuando el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Servando Jordán presentó una querella por injurias contra la joven periodista por antecedentes acerca del magistrado contenidos en su obra «El libro negro de la justicia chilena».
La demanda fue acogida de inmediato por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó la incautación de los 5.000 ejemplares del libro lanzados al mercado pocos días antes y el arresto de Matus, quien evitó la detención viajando a Buenos Aires, desde donde se trasladó después a Estados Unidos.
Le persecución judicial afectó también a la editorial Planeta, que publicó el libro. Su gerente en Chile, Bartolo Ortiz, y su editor general, Carlos Orellana, fueron detenidos y permanecieron dos días arrestados hasta recuperar su libertad bajo fianza.
La querella de Jordán se basó en disposiciones de la Ley de Seguridad expedidas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), que caracterizan como amenaza a la seguridad nacional publicaciones calumniosas o injuriosas hacia mandos militares y miembros de los poderes del Estado.
El proyecto de ley de Prensa, enviado en 1993 al Congreso por el entonces presidente Patricio Aylwin, contempla la derogación de esos artículos de la Ley de Seguridad del Estado, así como de otras normas vigentes desde la época de la dictadura sobre la censura y otras restricciones a la libertad de expresión.
La tramitación del proyecto de ley de Prensa ha tenido un largo y tortuoso camino por las discrepancias entre el Colegio de Periodistas y los empresarios periodísticos sobre la exclusividad del ejercicio profesional para los graduados en las universidades y el ejercicio de la cláusula de conciencia por parte de los trabajadores de los medios.
Las comisión mixta de ambas cámaras legislativas propuso hace tres meses un texto de acuerdo final, aprobado en el Senado pese al rechazo del Colegio de Periodistas, y que fue a su vez rechazado en la Cámara de Diputados.
Eso permitió que el presidente Ricardo Lagos enviara al parlamento un veto aditivo, con el cual se busca zanjar las últimas diferencias y dar prioridad especialmente a la aprobación de reformas a la ley de Seguridad del Estado y a otras medidas que garanticen la libertad de expresión.
Claudio Huepe, ministro de la Secretaría General de Gobierno, exhortó a los parlamentarios a aprobar el veto presidencial para poner término así al exilio de Matus, que se ha convertido en el caso más emblemático de persecuciones a la libertad de expresión en este país en los últimos años.
El juez Rodríguez dispuso el martes último el cierre temporal del sumario sin procesados, pero al mismo tiempo confirmó la orden de arresto «en rebeldía» de Matus, así como la prohibición de «El libro negro de la justicia chilena».
Desde Miami, la periodista advirtió que esta decisión significa que será arrestada si regresa a Chile y que su única opción de volver a su país sin riesgo de prisión se daría sólo dentro de 13 años, plazo en que podría aspirar «a una eventual prescripción de los cargos».
Matus sostuvo que el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago cerró el sumario de la investigación sin haber completado todas las diligencias judiciales, entre las cuales dejó sin realizar un interrogatorio a la periodista Patricia Verdugo, programado para el mismo martes.
En contraste con estas actitudes, los abogados de Jordán tuvieron acceso permanente a la documentación, afirmó Matus al denunciar los «innumerables atropellos» a sus derechos.
La defensa de la periodista es llevada en Chile por su madre y su hermano Jean Pierre Matus, quienes no fueron notificados a tiempo de la decisión y a los cuales se les negó también acceso expedito al sumario de 500 hojas, según denunció la profesional en una declaración emitida desde Miami.
La abogada Acuña explicó a IPS el viernes que mientras no exista tendencia condenatoria no sería viable, como sugirió el Colegio de Periodistas, un indulto presidencial o una amnistía a favor de su hija.
Agregó que la periodista tampoco acepta esas salidas, porque aparte de implicar su entrega a la policía chilena y su consiguiente arresto, implicarían la aceptación del supuesto delito, que quedaría consignado en sus antecedentes legales, y la expondrían al posible cobro de indemnizaciones por parte del juez Jordán.
La abogada subrayó que por ello la única salida adecuada es la aprobación del proyecto de ley de Prensa para anular el supuesto delito cometido por su hija en virtud de las controvertidas disposiciones de la ley de Seguridad del Estado.
En «El libro negro de la justicia chilena» se habla de la afición al alcohol de Jordán, así como del involucramiento de éste y otros jueces en casos de tráfico de influencias y corrupción.
La editorial Planeta respondió a la censura de la obra con la creación de un premio para obras de periodismo de investigación a través de un concurso anual, ganado en octubre, en su primera versión, por la periodista Nancy Guzmán, autora de «Romo, retrato de un torturador», acerca de un agente represivo de la dictadura.
El presidente del Colegio de Periodistas, Enrique Ramírez, señaló el viernes que si no hay una solución rápida al proceso contra Matus, su organización recurrirá a instancias internacionales, lo cual implicaría llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/00
