Magistradas de las cortes supremas de justicia de América Latina y el Caribe pedirán a los gobiernos que incorporen la visión de género en las políticas públicas, en especial en la administración de justicia.
El planteo de unas 30 juezas incluye el diseño de una estrategia latinoamericana para abrir más espacios a las mujeres en altos puestos judiciales.
«Solicitamos un plan regional para reducir la discriminación contra las mujeres, ya sean funcionarias o usuarias del sistema judicial», explicó a IPS Zarela Villanueva, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Villanueva comentó que el movimiento se origina a partir de un consenso entre las juezas latinoamericanas sobre las dificultades que deben afrontar las mujeres cuando recurren a la justicia como víctimas o delincuentes.
La justicia de la región afronta en la actualidad una distorsión, pues los procesos no diferencian las particularidades entre los hombres y las mujeres, agregó.
Este movimiento se formalizó el domingo pasado en San José con la firma de una declaración, en la que pide la cooperación de organizaciones no gubernamentales para los programas de igualdad de la mujer y que los gobiernos implementen un plan de acción para los próximos cincos años.
La jueza Villanueva precisó que entre sus principales preocupaciones está el papel que juega el género femenino en los tribunales, pues consideran que las mujeres ocupan hoy los puestos de mando inferiores.
Un estudio del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) señaló que la gran mayoría de los juzgados de la región están ocupados por hombres.
El Ilanud reveló que las cortes supremas de justicia de América Latina y el Caribe están integradas por 278 hombres y sólo 38 mujeres.
Cuba es el país de mejor proporción de género, con 30 jueces hombres y 11 mujeres, mientras que Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela sobresalen por lo opuesto, ya que las cortes supremas de esos países ni siquiera tienen una magistrada.
En tanto, con sólo una mujer por cada corte están Bolivia, Honduras, México y Perú.
El objetivo de las magistradas latinoamericanas es propiciar un acceso y una participación más activa y equitativa de las mujeres, ya sea como operadoras o como usuarias del sistema judicial.
«También pretendemos visualizar de manera formal y real el papel de las mujeres en nuestras sociedades», indicó a IPS Victoria Marina de Avilés, magistrada de la Sala de lo Civil de El Salvador.
De Avilés añadió que las juezas consideran que, aunque las constituciones de la región establecen la igualdad entre todos los ciudadanos, en la práctica las mujeres enfrentan muchas desventajas laborales, académicas y de convivencia social.
El informe «Estado de la Población Mundial 2000», del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, puso énfasis sobre la importancia de achicar las brechas de género en América Latina y en el resto del mundo.
Este trabajo sostiene que, si en América Latina y el Caribe los salarios de las mujeres fueran equiparados a los ingresos de los hombres, el producto aumentaría cinco por ciento promedio.
«Hablar de género no implica ni feminismo ni lesbianismo, lo que pretendemos es sensibilizar a la región porque la discriminación de género es una realidad igual en todos los países», dijo a IPS Marieliz Lucero, magistrada de Guatemala.
Lucero, quien a sus 44 años aparece como una jueza joven frente al promedio de 60 años de sus colegas hombres, explica que por desconocimiento o ignorancia muchas mujeres creen no ser víctimas de discriminación pese a sufrirla en realidad. (FIN/IPS/nms/dm/hd/00
