La justicia de Argentina dictaminó hoy la falta de méritos (pruebas) para procesar a los 11 sospechosos del caso de sobornos en el Senado, que había provocado la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez y la mayor crisis política desde la recuperación de la democracia en 1983.
El juez federal Jorge Liporaci concluyó, tras cuatro meses de investigación, que no hay elementos para el sobreseimiento de los 11 senadores, pero tampoco para procesarlos.
Liporaci había asegurado en agosto que existían indicios "graves y concordantes" de pago de sobornos en el Senado para la aprobación de una ley de reforma laboral impulsada por el gobierno.
No obstante, el dictamen de este viernes no termina con la causa, pues también se dispuso la indagatoria del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y del ex director de la Secretaria de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes, por el pago de las comisiones ilegales.
La Fiscalía, que había reclamado careos y otras medidas de prueba, expresó malestar por el dictamen del juez, que en su opinón es «contradictorio» con la decisión de indagar a los sospechosos de pagar la comisión. También anunció que presentará una apelación.
El escándalo estalló en mayo, cuando un columnista del diario "La Nación" dijo que en el Senado había fuertes rumores, confirmados por algunos legisladores, acerca del pago de un soborno millonario para obtener el voto de varios senadores a favor de la reforma laboral.
El dinero, según la investigación posterior, habría procedido de las arcas públicas, aunque hay no hay pruebas que indiquen si la fuente fue un fondo reservado que manejaba De Santibañes, quien será indagado en febrero.
El senador Antonio Cafiero, del opositor Partido Justicialista, pidió entonces que el caso fuera investigado en la cámara alta. Ante la falta de eco entre sus pares recurrió al presidente del Senado, el entonces vicepresidente Alvarez, que decidió hacer suya la denuncia.
Alvarez, líder del centroizquierdista Frente País Solidario, integrante de la gobernante Alianza, era el principal socio político del presidente Fernando de la Rúa, de la centrista Unión Cívica Radical.
Su renuncia el 6 de octubre a la vicepresidencia, resuelta al no obtener apoyo oficial para sanear el Senado, causó una verdadera conmoción política y aún hoy pone en duda el futuro de la coalición de gobierno.
De la Rúa había confirmado a Flamarique y De Santibañes en el gabinete, pero la dimisión de Alvarez precipitó al día siguiente la renuncia del primero de ambos, y un mes después se produjo la salida del gobierno del segundo.
Mientras, sólo un miembro del Senado resolvió abandonar el cuerpo.
La Alianza ganó las elecciones de 1999 luego de 10 años de gestión de Carlos Menem y sus principales banderas eran la lucha contra la corrupción y las reformas para mejorar la educación, la salud pública y la gestión de la justicia, y complementar el crecimiento económico con una equitativa distribución del ingreso.
Pero el gobierno no logró estimular la economía ni reducir el desempleo ni la pobreza, y tanto los motivos que llevaron a Alvarez a renunciar como el dictamen judicial de este viernes indican que la lucha contra la corrupción tampoco ha sido eficaz.
El fallo de Liporaci fue presentado por la mayoría de los medios de comunicación como una tardía demostración de debilidad política para avanzar hacia el saneamiento de ese cuerpo,
No faltaron tampoco quienes relacionaron esa decisión con una investigación paralela sobre el patrimonio de Liporaci, que fue denunciado ante el propio Senado por enriquecimiento ilícito, al conocerse que había comprado una casa evaluada en un millón de dólares.
El juez explicó que obtuvo una importante rebaja del precio de la vivienda y que la pagó con un préstamo y con la ayuda de sus hijas.
El Senado ha sido hasta ahora de elección indirecta. Los escaños eran llenados por votación de las legislaturas provinciales y por nueve años. Muchos senadores no tienen casi contacto entonces con el electorado, sino que son referentes de los partidos políticos.
Pero el año próximo entrará en vigencia una nueva cláusula constitucional que establece el voto directo para la elección de los senadores, un hecho que, junto con la ley de cupo femenino, que exige que de cada dos candidatos uno sea mujer, contribuirá posiblemente a sanear esa cámara. (FIN/IPS/mv/ff/ip/00
