La montaña rusa en que se ha convertido el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no sólo asombra al resto del mundo, sino también al propio pueblo estadounidense, perdido en los laberintos que conducen al poder en este país.
La opinión pública no comprende cómo la orden de la máxima autoridad electoral de Florida puede ser revocada por siete jueces de la Corte Suprema del estado, cuyo fallo unánime es luego ignorado por los tres integrantes de una comisión de escrutinio de un condado, cuya decisión es inmediatamente rechazada por un tribunal local.
Todo eso ocurrió en el lapso de 18 horas transcurrido entre la noche del martes y la tarde de este miércoles.
Otro día más en la saga de las elecciones más reñidas en la historia de este país. Este miércoles comenzó con una pequeña victoria para el candidato demócrata y vicepresidente Al Gore que aspira a convertirse en el próximo Presidente de Estados Unidos como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de incluir el recuento de votos en curso en Florida en el escrutinio final.
Pero luego la balanza se inclinó hacia el candidato republicano George W. Bush, luego de que una comisión de uno de los condados clave para decidir las elecciones revocara la decisión del tribunal supremo.
Lo único seguro ahora es que, todo lo ocurrido este miércoles será decidido en los tribunales por los abogados.
El laberinto en que se convirtieron estos comicios ofrece un panorama de la complejidad del poder gubernamental en Estados Unidos.
Los extranjeros se preguntan, por ejemplo, cómo puede ser que cuando el Presidente firma un tratado internacional, no puede comprometer a todo el gobierno a ratificarlo o a aplicarlo. En la mayoría de los países, el jefe de Estado o primer ministro habla en representación de todo el gobierno.
Pero en Estados Unidos es el Senado el que ratifica los tratados, y cuando éste es controlado por el partido opositor, como ocurrió el año pasado cuando rechazó el Tratado Integral de Prohibición de Pruebas Nucleares, un tratado firmado por el Presidente sólo tiene valor en el papel.
Incluso si el partido del Presidente controla el Senado o la Cámara de Representantes, no hay garantías de que imperen los deseos del mandatario, sobre todo si éste pertenece al Partido Demócrata.
Comparado con la mayoría de los sistemas parlamentarios, los principales partidos de este país son débiles y se debilitan cada vez más a medida que aumenta el porcentaje del electorado que se declara «independiente» y las carreras electorales se deciden más por la personalidad y las relaciones públicas que por las promesas.
Eso ocurre en el plano federal. Si uno profundiza en los gobiernos estatales y locales, donde se determina el recuento de votos en Florida, la cosas son más complicadas aun.
En este país, los gobiernos estatales y locales incluso pueden decidir sus propias políticas exteriores. Desde 1970, muchos aprobaron leyes de «compras selectivas» que sancionan a aquellas compañías que negocian con gobiernos extranjeros cuestionados.
De esta manera, mientras el ex presidente Ronald Reagan adoptaba una política de «relación constructiva» con el régimen racista de Sudáfrica en los años 80, esa misma política era socavada por los gobiernos estatales que obligaron a las compañías a elegir entre los negocios con Sudáfrica y los contratos públicos estadounidenses.
El resultado fue el retiro en masa de las grandes compañías estadounidenses de Sudáfrica, a pesar de las gestiones de Reagan por lo contrario.
El gobierno de Bill Clinton reclamó el año pasado a la cúspide del Poder Judicial federal, la Corte Suprema de Justicia, para que declarara la inconstitucionalidad de esas leyes cuando son aprobadas por los estados.
La Corte, árbitro inapelable en conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y entre los estados y el gobierno federal, falló a favor de Clinton.
Pero mientras la Corte obliga a los estados a seguir los lineamientos del gobierno federal en cuestiones de política internacional, las jurisdicciones locales en que se dividen los estados gozan de gran autonomía en la materia.
La semana pasada, el gobierno de la ciudad de Los Angeles, la principal del estado de California, sancionó una ley de compras que castiga a las empresas que hagan negocios con la dictadura militar en Birmania.
No es una norma sin importancia en un distrito que contrata a grandes compañías por miles de millones de dólares por año.
Leyes por el estilo, pero que castigan a empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba, rigen en el condado de Dade, en Florida, donde se ubica la ciudad de Miami, bastión del exilio opositor al presidente cubano Fidel Castro y centro de la actual controversia electoral.
El conflictivo escrutinio dejó en evidencia otras complejidades del modo en que se organiza el poder en Estados Unidos.
La ley de Florida, por ejemplo, requiere a la Secretaría de Estado (ministerio del interior) la certificación de los resultados electorales en todos los condados.
La secretaria de Estado, Katherine Harris, trató de efectuar la certificación a pesar de los pedidos de algunos condados de más tiempo para el recuento manual de votos.
En la mayoría de los países y jurisdicciones locales del mundo, la ley del estado prevalecería sobre la del condado. Pero en Estados Unidos, los tribunales pueden interpretar leyes, o ignorarlas en interés de la equidad y la justicia.
De ese modo, la Corte Suprema de Florida justificó su decisión de ignorar las normas del estado y permitir el escrutinio manual en aquellos condados donde las máquinas fallaron.
Eso dio un gran impulso a las esperanzas de Gore, quien cree que la contabilización de votos en esos tres condados será suficiente para superar los 930 votos de ventaja a favor de Bush.
La controversia también dejó en evidencia el hecho de que no existen en Estados Unidos —y ni siquiera dentro de un estado como Florida— reglas universales y comunes para el escrutinio o sobre el tiempo que este proceso debe insumir, aun cuando se trate de elecciones nacionales.
Como consecuencia, algunos condados contaron solo aquellas papeletas que están completamente horadadas, y otros, las que tienen un agujero parcial. Incluso algunos condados contaron las papeletas con «hoyuelos», donde puede percibirse la intención de perforar la hoja.
Las posibilidades de victoria para Gore radican en el destino de las papeletas con «hoyuelos» en dos condados de mayoría demócrata.
El tercero, Miami-Dade, decidió este miércoles abandonar el recuento manual al advertir que no podría completarlo antes del plazo impuesto por la Corte. Esa resolución da un respiro a los simpatizantes de Bush.
Pero esa no será la última palabra. Como toda otra decisión que favorece a Bush en esta batalla, ésta también será apelada por los abogados de Gore ante un tribunal local y, de ser necesario, ante la Corte Suprema del estado.
Las cortes federales —y, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia— se mantienen a la expectativa de apelaciones de carácter constitucional, como las ya presentadas por los republicanos en nombre de militares en el extranjero cuyos votos fueron anulados.
El Congreso de Florida podría, además, querellar a la Corte Suprema del estado por no acatar las leyes escritas.
El sistema federal de Estados Unidos puede resultar confuso a los extranjeros. Pero suena maravilloso para los abogados. (FIN/IPS/tra-en/jl/mj-aq/ip/00
