El gobierno de Argentina logró hoy que las provincias administradas por el opositor Partido Justicialista (peronista) congelen sus gastos por cinco años, para destrabar un respaldo financiero del FMI necesario para evitar una cesación de pagos el año próximo.
El acuerdo con los gobiernos provinciales fue considerado una «victoria pírrica» del presidente Fernando de la Rúa por varios sectores, ya que se trata de un compromiso para ajustar gastos a cambio de una garantía del FMI (Fondo Monetario Internacional) y de otros organismos que permita el acceso a nuevos créditos.
Los sindicatos de maestros, que realizarán protestas esta semana, rechazaron categóricamente el pacto, que pone tope al gasto en educación pública, salud, justicia y seguridad, áreas todas ellas en condición crítica.
No hay medidas de reactivación en el acuerdo, pese a que la economía está prácticamente estancada luego de un retroceso de 3,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1999. El pacto es sólo una medida de emergencia para evitar una crisis como la vivida por México (1994) o Rusia (1998).
El FMI puso estas medidas de ajuste como condición al otorgamiento de un préstamo preventivo conocido como «blindaje financiero» o crédito de salvataje, que rondará los 20.000 millones de dólares y permitirá a Argentina cumplir con sus compromisos externos.
El fondo de garantía, cuyo monto final todavía no se conoce exactamente, se constituirá con fondos del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de España e Italia.
Con el acuerdo sellado este lunes, el FMI obtiene una respuesta a un reclamo hecho desde hace años para que las provincias bajen el gasto, una solicitud que el gobierno nacional siempre rechazaba argumentando que las provincias tenían autonomía para decidir incrementos en sus erogaciones.
Entre 1994 y 1998, mientras el gobierno nacional aumentó ocho por ciento el gasto, las provincias lo hicieron en 20 por ciento, un alza que los acreedores externos consideran inaceptable, pese a que estaría justificado en la creciente crisis social por el desempleo de 15,4 por ciento.
Ahora, tras el acuerdo, el Ministerio de Economía sigue a la espera de aprobación del presupuesto 2001, y procura obtener consenso político para una reforma previsional que elimina el sistema público de reparto y reduce las prestaciones básicas de los pensionados.
De la Rúa sabe que el año próximo deberá hacer frente a un gasto de más de 20.000 millones de dólares por vencimientos de la deuda externa y el desequilibrio fiscal, y en las últimas colocaciones de títulos se advirtió un fuerte encarecimiento del financiamiento para cancelar parte de esas deudas.
El costo del financiamiento se fue elevando a medida que inversores, banqueros y empresarios advirtieron que el crecimiento esperado se demoraba, en un ambiente enrarecido además por la crisis política.
El ministerio de Economía licitará precisamente este martes bonos y letras por 550 millones de dólares, y se espera ahora que la tasa de interés sea más baja que la obtenida hace 15 días -16 por ciento-, debido a que ya los mercados financieros saben que habrá respaldo para las colocaciones de Argentina.
«Esta es una gran noticia para el país», declaró el vocero presidencial Ricardo Ostuni, al conocer que finalmente se podrá contar con ese respaldo, que evitará zozobras al país el próximo año y permitirá afrontar alguna contingencia, y recordó que el «blindaje» no será para gastos corrientes.
Tras una semana de intensas negociaciones, 13 de los 14 gobernadores peronistas pusieron la firma al acuerdo que abre el camino al desembolso. Sólo el gobernador de la sureña provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se negó a aceptar las condiciones y no participó de la firma.
El resto de los gobernadores, de la Alianza oficialista y de partidos provinciales, ya habían firmado el viernes el compromiso fiscal, pero sin una cláusula adicional que introdujeron este lunes los peronistas para asegurarse que en caso de urgencia podrán gestionar un fondo adicional para salud o educación.
El gobernador de la provincia de Córdoba, el peronista José Manuel de la Sota, admitió que aceptaron el texto final pese a que no los convenció. «Nunca podemos estar conformes si hay que ajustar de esta manera, pero debimos hacer una contribución ante la gravedad de la crisis de los mercados», arguyó.
No obstante, De la Sota destacó que consiguieron incluir en el acta de acuerdo un compromiso del Ministerio de Economía para estudiar los pedidos especiales de gastos en áreas sensibles de servicios comunitarios como salud, educación o seguridad.
En este sentido, dirigentes del sindicato de maestros protestaron airadamente por la firma de este compromiso que, a su juicio, pone un tope a gastos en educación pública que debían, por ley, incrementarse para atender la demanda de una población creciente en las escuelas.
«Expresamos nuestro más categórico rechazo», dijo indignada la secretaria del sindicato de maestros, Marta Maffei, y aseguró que el acta es «una sentencia de muerte» para la educación pública, que está conteniendo a millones de niños que asisten a las escuelas motivados por recibir su única comida segura del día.
Los dirigentes de los maestros ratificaron que el jueves participarán del paro general de 36 horas convocado por las tres centrales sindicales del país, a fin de protestar contra el modelo económico y la política del gobierno que, según Maffei, «cada vez se corre más a la derecha». (FIN/IPS/mv/ag/if ip/00
