Un influyente centro de investigación de Estados Unidos recomendó un cambio radical en la política de Washington hacia Cuba, que incluye entablar relaciones militares para la lucha conjunta contra el narcotráfico en el Caribe y la incorporación de La Habana al Banco Mundial y el BID.
Un informe del centro en cuestión, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), de Nueva York, también exhorta a levantar toda restricción a los viajes de estadounidenses a la isla y propone la creación de empresas mixtas entre ambos países.
Así mismo, critica los últimos cambios legislativos al embargo comercial que le impusiera Washington a La Habana hace 40 años, como la codificación de las restricciones a los viajes y la prohibición de que Estados Unidos financie las exportaciones de alimentos a la isla.
Las recomendaciones se conocen en un momento extraño para Washington, cuando aún no se sabe quién será el próximo presidente, si el actual vicepresidente Al Gore o su rival, el gobernador de Texas George W. Bush.
A esta altura, en un año presidencial normal, centros influyentes como el CFR habrían adaptado sus recomendaciones para dirigirlas específicamente al ganador de las elecciones.
Algunos analistas políticos creen que Bush se inclina más por la apertura hacia Cuba, aunque su hermano, Jeb, es el gobernador del estado de Florida, donde vive la mayoría de la comunidad cubana contraria al régimen de Fidel Castro.
De los dos candidatos, Bush es considerado el representante de los grandes intereses comerciales que, en los últimos años, han presionado para que Estados Unidos levante todas las sanciones económicas unilaterales contra países extranjeros, entre ellos Cuba.
Por su parte, Gore se calificó a sí mismo durante la campaña presidencial de «inflexible contra Castro» y por tanto opuesto a toda apertura al gobierno cubano.
Sin embargo, el informe del CFR está dirigido principalmente al Congreso que, una vez que jure en enero, probablemente sea más favorable a aquellos que apoyan el acercamiento a La Habana.
Los republicanos conservadores perdieron varios escaños en el Senado, que ya votó dos veces desde 1999 para levantar las prohibiciones a la exportación incondicional de alimentos a Cuba.
Por su parte, los demócratas redujeron levemente la ya estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que también votó el año pasado por exonerar los alimentos del embargo e incluso permitir el libre viaje de todos los ciudadanos a Cuba.
Ninguna de las medidas se transformó en ley en su versión original, porque los legisladores cubano-estadounidenses y los líderes republicanos derechistas de la cámara baja enmendaron las propuestas para prohibir la financiación estadounidense de venta de alimentos y codificar las actuales restricciones de viaje.
Sin embargo, se prevé que el nuevo informe de CFR dará nuevo ímpetu a los esfuerzos por relajar los vínculos con La Habana.
El grupo redactor del informe fue presidido por dos ex subsecretarios de Estado para Asuntos Interamericanos, que actuaron en gobiernos republicanos: William Rogers, que se desempeñó bajo las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, y Bernard Aronson, bajo George Bush (padre).
Además de varios demócratas destacados con experiencia en asuntos latinoamericanos, el informe fue firmado por varias figuras de derecha como Craig Fuller, un empresario vinculado con la familia Bush; Adrian Karatnycky, presidente de la neoconservadora Freedom House, y Daniel Fisk, quien ayudó a redactar la ley Helms-Burton.
Aunque estos últimos discreparon de algunas recomendaciones del grupo de trabajo, en particular en lo referente a cuestiones de seguridad, concordaron con el informe en general.
Según los autores, el informe fue guiado por el principio básico, ya enunciado en el informe del año anterior, de que ningún cambio en la política de Washington hacia Cuba debería tener el efecto primario de consolidar o legitimar el actual status quo sobre la isla.
Por otra parte, cada aspecto de la política exterior y económica de Washington hacia La Habana debería tender a un cambio rápido, pacífico y democrático en Cuba, salvaguardando los intereses vitales de Estados Unidos.
Sobre esos principios, el grupo de trabajo dividió sus recomendaciones en cuatro: reunificación familiar y migración, libre flujo de ideas, seguridad y vínculos económicos.
En cuanto a la reunificación familiar, el informe exhortó al Congreso a levantar toda restricción a las visitas familiares entre los dos países y el actual tope de 1.200 dólares a las remesas individuales hacia Cuba.
También instó al parlamento a liberalizar los requisitos de visa para los cubanos que desean pasear o estudiar en Estados Unidos, promover una mayor difusión de información sobre Cuba y perseguir con mayor dureza a los traficantes que ayudan a grupos de cubanos a inmigrar ilegalmente.
El informe también recomienda que el presidente otorgue una licencia general a todos los ciudadanos que deseen viajar a Cuba, respalde financieramente los intercambios de pueblo a pueblo, y amplíe los vínculos entre organizaciones no gubernamentales de ambos países, en particular en el área ambiental.
Así mismo, recomendó un acuerdo de aviación civil y la promoción de un servicio regular de transbordador entre el estado y Florida de La Habana.
Con respecto a la seguridad, Washington debería desarrollar contactos entre ambos ejércitos, promover intercambios de inteligencia sobre narcotráfico y crimen organizado, e incluso estudiar con La Habana formas de respaldar el proceso de paz en Colombia y otras iniciativas regionales que interesen a ambos.
Estas últimas recomendaciones fueron las más polémicas. Varios conservadores, principalmente Fisk y Karatnycky, arguyeron que los intercambios entre ambos ejércitos en particular podría fortalecer a agencias estatales represivas.
Sobre cuestiones económicas, el grupo de trabajo evitó tomar una posición sobre el embargo, dado que el debate sobre este asunto ha sido «muy polarizado y estéril», según Aronson.
Sin embargo, recomendó levantar todas las restricciones a la venta de alimentos y medicinas a Cuba, y permitir inversiones estadounidenses directas en la creación y exportación de productos de información y culturales, como libros, discos y películas.
También aconsejó autorizar alguna actividad comercial estadounidense y respaldar el estatuto de observador de Cuba en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La propuesta más innovadora consiste en formar empresas conjuntas entre compañías públicas cubanas que controlan propiedades estadounidenses expropiadas y las firmas demandantes de Estados Unidos, en un intento por resolver la cuestión de las expropiaciones, que fueron la justificación original de la imposición del embargo en 1960.
El valor de los bienes estadounidenses expropiados por el gobierno socialista cubano se estima en 5.500 millones de dólares. (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/ip/00
